Ante supuestas deficiencias en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, padres de familias de algunos colegios están aportando cuotas voluntarias para mejorar los almuerzos y complementos alimenticios de los jóvenes y el sueldo de las manipuladoras de los alimentos.
Estas y otras fallas fueron halladas en el seguimiento que el Comité de Transparencia realiza al contrato que por más de 23.000 millones de pesos entregó la Gobernación de Santander a la Cooperativa Multiactiva Sur Colombiana de Inversiones, para la alimentación de 100.000 estudiantes en más de 2.200 instituciones en 82 municipios. El contrato fue entregado a un único oferente.
María Juliana Acebedo, directora de la veeduría, conformada por gremios de la región, academia y sociedad civil, indicó que el estudio abarcó colegios de 15 municipios.
La veedora precisó que en varios colegios visitados se detectaron complementos por debajo del gramaje (peso) para cada edad, alimentos de baja calidad sobremadurados y maltratados, e incumplimientos de las minutas porque se cambian sorpresivamente los menús en deterioro de las raciones entregadas a los niños y adolescentes.
En municipios como California, Pinchote y Valle de San José, el Comité determinó que la comunidad decidió hacer aportes voluntarios para mejorar la calidad y cantidad de los alimentos y optimizar el salario de las personas que preparan los alimentos.
“Nos encontramos con manipuladoras que trabajan hasta 12 horas para recibir apenas entre 15.200 y 15.500 pesos, que van en detrimento de estas personas que no tienen claro si están afiliadas a cajas de compensación y ARL”, indicó.
La veeduría también alertó sobre las deficiencias en la entrega de productos de aseo y las precarias condiciones de los lugares donde se almacenan los alimentos, como es el caso del municipio de Rionegro, donde los productos son almacenados en un sitio sucio y a punto de caer.
Acebedo señaló que “la interventoría ha evidenciado los errores, pero no se ve el resultado de las correcciones”, y le pidió a la Gobernación replantear el PAE, porque “son más dominantes los hallazgos negativos que las bondades del proceso”.
La firma interventora del contrato, al que se le hará una adición por 7.000 millones de pesos, para aumentar lacobertura a 130.000 estudiantes/día, indicó que la situación no es tan dramática, pero que sí han sancionado a la empresa prestadora del servicio.
Fernando Medina, representante legal del Consorcio Alimentarte 2016, señaló que en mayo se hicieron deducciones por 364 millones de pesos al operador por los complementos que no entregó y las cerca de 200 sedes educativas que no atendió por el paro de camioneros. “No en todo el departamento hay dificultades y los docentes nos dicen que el plan está mejor que el del año pasado”, añadió.
El interventor aseguró que el clima y las condiciones de transporte para algunas zonas son muy complicados, y por estas causas es frecuente que zonas templadas reciban la fruta deteriorada, pero esos alimentos también se descuentan.
EL TIEMPO intentó hablar con los directivos de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, pero fue imposible localizarlos. Aníbal González, coordinador del PAE en la región, y Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación de Santander, no respondieron las llamadas de este diario.
FELIX LEONARDO QUINTERO
Corresponsal de EL TIEMPO
BUCARAMANGA
