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El contrato con la Distrital que enloda a la Alcaldía de Bucaramanga

Con la nueva ley se busca frenar los incrementos desmesurados del impuesto predial.

Con la nueva ley se busca frenar los incrementos desmesurados del impuesto predial.

Foto:Archivo El Tiempo

Contraloría encontró varias irregularidades en acuerdo por 8.000 millones de pesos. 

Dentro del escándalo que cobija al exrector de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, señalado de usar plata de la Universidad en compra de lujos para uso personal, serán evaluadas varias acciones de este exdirectivo cuando estuvo en el cargo, dentro de las cuales está el contrato firmado con la alcaldía de Bucaramanga para la actualización catastral del año 2018 por más de siete mil millones de pesos.
En las últimas horas la Contraloría de Bucaramanga se refirió a este contrato que fue auditado luego de recibir denuncias ciudadanas que daban cuenta de un aumento desmesurado en el valor del impuesto predial.
En dicha auditoria, el ente de control encontró 5 hallazgos administrativos, 4 disciplinarios, 1 fiscal y 1 penal.
“Causo extrañeza el alto costo de estos contratos, nunca la alcaldía ni la Universidad Distrital lograron demostrar por qué las altas diferencias entre el anterior contrato desarrollado cuatro años atrás por 700 millones de pesos y ahora este contrato costó más de 8 mil millones de pesos y con la gravedad que no incluyó toda la ciudad”, indicó Javier Garcés, Jefe de Control y Vigilancia de la Contraloría.

Nunca la alcaldía ni la Universidad Distrital lograron demostrar por qué las altas diferencias entre el anterior contrato desarrollado cuatro años atrás por 700 millones

Este contrato tenía como objetivo la actualización catastral de tres sectores en Bucaramanga que sufrieron un elevado aumento en el valor del predial, lo que despertó molestias en los propietarios.
"Se establecieron los hallazgos porque las cifras no cuadran en estos contratos. Dimos traslado de estos hallazgos a la Fiscalía General de la Nación y en la Contraloría se está desarrollando el proceso de responsabilidad fiscal", enfatiza el Jefe de Control y Vigilancia de la Contraloría. 
En este caso los presuntos responsables que estableció la Contraloría fueron: el alcalde de la época, Rodolfo Hernández Suárez, quien firmó este contrato y la supervisora que fue la entonces secretaria de Hacienda, Olga Patricia Chacón. 
Por su parte, desde la alcaldía de Bucaramanga enfatizan en que: "La responsabilidad y la competencia del Municipio de Bucaramanga con relación a la Distrital se limitó a garantizar la legalidad y el cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo suscrito con la Universidad, objeto que efectivamente se cumplió a cabalidad de acuerdo a verificación exhaustiva y técnica realizada en su momento por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC", dicen en un comunicado.
BUCARAMANGA
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