La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) abrió un proceso de investigación contra Minesa, compañía árabe que está detrás de una licencia ambiental para explotar oro en zonas vecinas al páramo de Santurbán, por el presunto incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en la etapa de exploración en su momento en el túnel El Gigante, en jurisdicción del municipio de California, en Santander.
Juan Manuel Pinzón, asesor técnico de la dirección de la CDMB, indicó que la investigación busca precisar el daño ambiental que se pudo dar por la apertura del túnel, el cual fue construido por AUX Colombia, empresa que vendió el derecho minero a Minesa, multinacional de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, del emirato de Abu Dhabi.
“En el momento en que se abre el túnel hay una interceptación de algunos flujos y finalmente esos flujos están siendo canalizados y en estos momentos están siendo entregados a la quebrada La Baja, tras un proceso de tratamiento que hace la empresa. Pero lo que busca la investigación es definir si hubo un incumplimiento de la normatividad ambiental o una afectación al recurso natural”, dijo el funcionario.
Pese a que fue AUX Colombia la que estuvo al frente de la apertura del túnel, en este momento la titularidad es de Minesa, razón por la cual esa compañía tiene que responder
Pinzón explicó que pese a que fue AUX Colombia la que estuvo al frente de la apertura El Gigante, en este momento la titularidad es de Minesa, razón por la cual esa compañía tiene que responder.
La corporación informó que el proceso se encuentra en etapa de notificación a la compañía árabe, y aunque existe una solicitud de reconocer un tercer interviniente, solo hasta el momento en el cual se dé la notificación, se procederá al reconocimiento de esta petición, en el marco garantizar el debido proceso.
Entre tanto, Minesa indicó que desde que asumió la titularidad de la concesión minera ha trabajado activamente en la gestión y cierre de todos los pasivos ambientales heredados desde la adquisición del título en el año 2015.
"Minesa sigue avanzando en un permanente trabajo para recuperar el ecosistema de los títulos mineros de su propiedad, cumpliendo con el marco de la ley, avanzando en la identificación y gestión de estos pasivos ambientales ante la CDMB, generando planes de acción para su adecuado manejo", dijo en un comunicado la empresa.
Según reportó Minesa, desde el año 2015, las principales acciones ejecutadas a la fecha para la recuperación de pasivos ambientales generados por la minería en el área son: la evacuación 360 toneladas de arenas mercuriadas, producto de la minería artesanal; la siembra de más de 88 mil árboles; el control de drenajes ácidos de bocaminas de minería artesanal; el desmonte de plantas de minería artesanal ubicadas sobre la ronda hídrica de la quebrada La Baja y por último, la recuperación del suelo y el paisaje.
La apertura de la investigación contra la multinacional árabe se produce en medio de la polémica que se mantiene por cuenta de unos acuerdos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con los Emiratos Árabes para incentivar la inversión en planes mineros en Colombia, como el Soto Norte de Minesa, con el que se pretende extraer durante 23 años nueve millones de onzas de oro.
Actualmente cursa su tramite ante la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud de permiso para la ejecución del proyecto Soto Norte, que se planteó por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán fijada en el 2014 por el Ministerio de Ambiente, la fue derogada recientemente por la Corte Constitucional.
Ante la incertidumbre que planteó el órgano constitucional sobre la viabilidad del plan minero, la Anla ha señalado que continuará con la evaluación del estudio de impacto ambiental presentado por Minesa. Sin embargo, la decisión sobre la licencia solo la tomaría después de que se vuelva a trazar una nueva línea de páramo, tal como lo ordenó la Corte.
BUCARAMANGA
