En Puerto Carreño, Vichada, se completaron tres años desde que grupos de indígenas colombianos y venezolanos hacen del basurero del municipio su hogar. Familias enteras, hasta con niños recién nacidos y mujeres embarazadas, se abalanzan contra los camiones de basura que llega con los residuos para rescatar reciclaje y limpiar desechos que, posteriormente, son su comida.
Hace un año EL TIEMPO hizo la denuncia de este caso, sobre el cual Marcos Pérez, alcalde del municipio, ha insistido que no puede hacerle frente solo, pues en varias oportunidades se encarga del desalojo de las familias que se ubican en el relleno El Merey y las reubica en las comunidades Amorua, Sikuani o Jivi aledañas; sin embargo, a los pocos días otros indígenas retornan para alimentarse de la basura, teniendo en cuenta que la mayoría son transfronterizos, colombianos y venezolanos, quienes huyen de la crisis del vecino país y de las necesidades que padecen también en territorio nacional.
Además, Pérez solicita ayuda del Gobierno Nacional para darle solución a esta lamentable situación.
Este martes, en Puerto Carreño avanza un comité para hacerle seguimiento al plan de acción que se definió hace cerca de mes con varias autoridades, manifestó Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Consejera Presidencial para Niñez buscan soluciones a las dificultades que padecen estas comunidades.
De acuerdo con la Alcaldía de Puerto Carreño, entre el 2018 y 2019 se han retornado a sus comunidades a 55 familias pertenecientes a los resguardos Caño Mesetas Dagua, Caño Bachaco, Roncador y Kalinitojo; además de otros traslados de indígenas a territorio venezolano a través del río Orinoco.
Según Pérez, una de las dificultades ha sido que algunos indígenas que llegan desde Venezuela no son recibidos por las comunidades en el Vichada, por lo que terminan por utilizar el basurero como hogar.
En el informe de gestión que la Alcaldía de Puerto Carreño presentó a las autoridades nacionales este martes se indica que se han ejecutado proyectos productivos para los indígenas reubicados y establecido rutas para la atención integral del pueblo Amorúa.
Para la Organización Indígena Nacional de Colombia (Onic), estos retornos que señala Pérez están por fuera del marco legal, pues “los indígenas en frontera son
binacionales por lo que independientemente que provengan del lado venezolano de la frontera son colombianos” e indican que lo que está haciendo es “desterrarlos”.
La Defensoría del Pueblo, entidad que desde hace un año le hace seguimiento al caso, manifestó a través del defensor Carlos Alfonso Negret que se debe llevar a cabo un plan de acción rápidamente, “porque esto no lo pueden seguir viviendo las comunidades indígenas".
Para la Alcaldía de Puerto Carreño, señaló en el informe presentado, la solución no solo depende del esfuerzo y la acción articulada de las instituciones del estado, “sino que también debe existir un compromiso y responsabilidad de la población indígena tanto de sus autoridades y representantes en permitir que se puedan realizar los retornos voluntarios de su población a sus comunidades de origen”.
De otro lado, la Contraloría manifestó que tiene en la lupa esta denuncia y que verificará en el municipio la situación.
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