Este miércoles, indígenas nasas le rindieron tributo a la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué, asesinada en la vereda El Porvenir, resguardo La Laguna, Siberia.
La población está en el municipio Caldono, en el norte del Cauca.
Allí, miembros de las comunidades, familiares y allegados, llegaron a darle el último adiós a la gobernadora, asesinada el pasado martes, 20 de abril.
Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en compañía de otros representantes del Gobierno, llegó hasta el casco urbano de Caldono a adelantar un consejo de seguridad extraordinario para tomar acciones y buscar esclarecer el asesinato de la dirigente indígena.
(Lea también: Ella era Sandra Peña Chocué, la gobernadora indígena asesinada)
“El Gobierno Nacional rechaza vehementemente estos hechos violentos, se solidariza con los familiares de las víctimas y ofrece sus condolencias a toda la comunidad indígena de Caldono y del departamento del Cauca”, expresó el jefe de cartera de Defensa.
Sepelio de la gobernadora indígena Sandra Peña, quien fue asesinada en el norte del Cauca
Santiago Saldarriaga. El Tiempo
“Nuestra Fuerza Pública ha venido desarrollando actividades contundentes en la región para neutralizar el accionar delincuencial”, agregó.
El jefe de cartera aseveró que “el ministerio de Defensa, reconociendo la institución de la guardia indígena como mecanismo de organización y control social, contará también con todas las capacidades de la fuerzas militares y de policía para redoblar los esfuerzos y mitigar la inseguridad en la zona”.
(Lea también: 'No se laven las manos con sangre de gobernadora indígena asesinada')
Así mismo afirmó que “se realizarán mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior y Alto Comisionado para la Paz entre la Fuerza Pública, las autoridades indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte para definir acciones y mecanismos de atención a las comunidades”.
El ministro de la Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para quien suministre información que conduzca al esclarecimiento de los hechos y/o captura de los responsables del asesinato de la dirigente indígena.
Hubo diferencias entre el gobierno y los indígenas, pues estos últimos pedían que la reunión fuera en la vereda El Porvenir, lugar donde se produjo el crimen.
“Ellos proponen junto a la alcaldía que se encuentran con nosotros en el casco urbano, pero nosotros hemos dicho que le dé la cara a la junta directiva en la vereda el Porvenir, resguardo de la laguna Siberia. Nosotros ya fijamos la postura. No le aceptamos a Duque estando a 200 metros menos ahora al ministro de defensa para que nos condicione”, expresó un líder de la zona.
Finalmente, no se logró un acuerdo entre ambas partes y no se reunieron.
“Se han realizado cerca de 12 consejos de seguridad en el transcurso de un año en el Cauca y los resultados son mínimos, no cambia nada. No más anuncios Ministro, no más guerra, detenga la matanza en el Cauca”, expresó el senador Feliciano Valencia, a través de su cuenta de twitter.
Desde la junta directiva extraordinaria en La Laguna Siberia, las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazaron la presencia de actores armados en los territorios; el incremento de bandas delincuenciales en favor del narcotráfico y las políticas del actual Gobierno.
“Debemos ser nosotros mismos quienes busquemos el camino de solucionar este cáncer que se ha enquistado en nuestros territorios y que hoy en copatrocinio con la política de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada después de todas las denuncias que hemos hecho para que plantee una política de la defensa de la vida, los derechos humanos, en los territorios indígenas, afros, y campesinos, no ha hecho absolutamente nada, simplemente se ha dedicado a militarizar el territorio”, dijo Giovanny Yule, dinamizador político del Cric.
“Este es un territorio totalmente militarizado por el Estado, pero son ellos los que precisamente están utilizando a estos actores armados para ponerlos a sus intereses narcoparamilitares”, agregó el dirigente indígena.
El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, rechazó el asesinato de la lideresa.
“Nuestra solidaridad con sus familiares, nuestra solidaridad con la comunidad indígena. Por eso hacemos el llamado a la unidad en el marco del pacto caucano por la vida, desde allí rechazamos con banderas blancas la violencia en nuestro departamento”, expresó el mandatario departamental.
La Comisión de la Verdad y la Unidad para las Víctimas, así como varios sectores lamentaron este crimen.
La Comisión de la Verdad solicitó al Estado implementar de manera efectiva los acuerdos de paz, así como buscar un diálogo con los grupos armados que se encuentran en los territorios.
“Con indignación y clamor de justicia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, llama al Estado Colombiano, a los organismos de seguridad y a la sociedad, a despertar ante lo intolerable de este crimen atroz", señaló la Comisión.
“A cuatro años de firmado el acuerdo de paz y de múltiples voces y liderazgos campesinos, indígenas, afros y mujeres que le apuestan cotidianamente a la implementación, el Cauca vive un periodo de exacerbación de la guerra y deshumanización de la misma que se manifiesta en territorios como Argelia, Toribío, Corinto o el Pacífico caucano y deja a su paso”, agregó.
En la Unidad para las Víctimas recordaron a Peña Chocué como una mujer que “trabajó arduamente en la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva de su comunidad, buscando la dignificación de las personas afectadas por el conflicto”.
En la Justicia Especial para la Paz (JEP) también lamentó el asesinato de la líder indígena e insistió “en que cada vez que se asesina a un defensor de derechos humanos se pierde la oportunidad de conocer la verdad y avanzar a una paz estable y duradera”.
Desde Bolivia, Adriana Guzmán, representante del feminismo comunitario, se unió a las voces de repudio frente al asesinato de la gobernadora.
“Estamos cansadas de este genocidio que están haciendo en el Cauca y en Colombia, de esta disputa que hace la guerra y los malos gobiernos. Exigimos justicia para la hermana Sandra”, expresó la indígena boliviana.
Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que iniciaron acciones preventivas con el fin de verificar las afirmaciones hechas por las comunidades indígenas en la comisión mixta entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sobre presuntas omisiones, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ante el riesgo en que se encontraba la gobernadora de La Laguna Siberia, Caldono.
La dirigente había denunciado el incremento de cultivos ilícitos de coca en el departamento.
POPAYÁN
