El menor de los cuatro niños que las autoridades del resguardo indígena La Albania descubrieron en el consumo de marihuana tenía 10 años. Los que le seguían, 11 y 13. El mayor era un adolescente de 16.
Encontrar a los más jóvenes de su comunidad embera, ubicada entre San José y Risaralda (Caldas), en contacto con una sustancia psicoactiva encendió las alarmas de los mayores. Desde el año pasado, empezaron una lucha para alejar al microtráfico de allí que ha dado algunos resultados. Pero ha sido difícil.
“A veces las autoridades, incluso la Fuerza Pública, se escudan en la jurisdicción especial de nuestros territorios para decir que no se les permite el ingreso. Esa falta de presencia de ellos es una negligencia y así lo hemos denunciado”, dijo el coordinador de derechos humanos del Comité Regional Indígena de Caldas (Cridec), Juan Loaiza.
La comunidad acudió a la justicia y obtuvo, en diciembre de 2016, unas medidas cautelares para que se le garantizara atención, prevención y seguridad suficiente ante el fenómeno del microtráfico que empezaba a permearla con fuerza. “Si bien nos regimos por unas leyes especiales, tienen que implementar medidas de protección adecuadas para nuestros pueblos, con respeto por su cultura”, insistió el líder indígena.
Para él, hay que tener en cuenta el contexto de cada territorio. Cabe recordar que los nasa, por ejemplo, han sacado a soldados y policías de sus territorios, así como a grupos armados ilegales, en el departamento de Cauca para mantener alejado el conflicto armado de allí. “Pero, para lo que nos ocupa en La Albania, es muy diferente. Somos conscientes de que el problema es muy grande y no lo podemos resolver solos”, concluyó Loaiza.
En efecto, desde principios de este año, la Policía de Caldas, la Secretaría de Gobierno departamental, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y las autoridades indígenas conformaron mesas de trabajo para ponerse de acuerdo en cómo se debía enfrentar la llegada del comercio de drogas ilegales al resguardo. La idea era que “nos permitieran articular las capacidades institucionales”, explicó el comandante de la Policía en el departamento, coronel Lincoln Borja.
Se establecieron dos líneas de trabajo. La primera, aumentar la oferta de prevención para los niños y adolescentes de la comunidad con las mismas campañas que las Fuerzas Militares y la Policía adelantan en escuelas de otras partes del país, además de un mayor acompañamiento de los adultos emberas a los niños que ya habían empezado a consumir. La segunda, mejorar el control e investigar juntos quiénes eran los responsables.
Borja asegura que esto “nos permitió identificar unos sitios de expendio que ya fueron erradicados”. Según el coronel, esto se logró porque “se contó con una comunidad que les dijo ‘no’ a las drogas y eso facilitó mucho el trabajo para obtener resultados importantes”.
Eran dos ‘ollas’ las que había dentro del territorio de La Albania y eran controladas por personas de la misma comunidad que quedaron a disposición de su sistema especial de justicia. “Ellos ya dejaron de vender. Los convencimos de hacerlo porque nosotros no queremos llevar a un compañero a la cárcel sino sanear el territorio”, aseguró el gobernador del resguardo, Jahir Tamaniza Ochoa.
No obstante, la comunidad espera recursos para la construcción de un calabozo para castigar a quien, eventualmente, vuelva a ingresar a su jurisdicción ese tipo de sustancias ilegales. “A nosotros no nos interesa que la gente blanca venda afuera, desde que no nos atropellen. Queremos curarnos en salud y eso es lo que hemos venido buscando”, advirtió el representante del territorio.
El problema, al parecer, es que quienes manejan el negocio afuera quedaron descontentos con la desaparición de sus sucursales en el interior del resguardo. Desde que la guardia indígena empezó a tomar acciones para combatir el tráfico de marihuana y bazuco, algunos de sus integrantes han recibido amenazas. Incluso, en julio pasado, uno habría sido atacado físicamente y pasó varios días recuperándose de los golpes en un hospital de Manizales.
Otro, que prefirió mantenerse anónimo, cuenta que hubo un tiempo en el que su casa permanecía vigilada por extraños que se escabullían entre la maleza cuando llegaba la Policía a investigar. Hasta una discoteca en Viterbo (Caldas), lo siguieron para que un hombre le diera el mensaje de que lo mejor era que dejara de interferir en los asuntos del microtráfico. Después de eso, se refugió en Bogotá unos meses.
Solo regresó a La Albania cuando la Unidad Nacional de Protección le entregó un esquema de seguridad. Varios líderes del resguardo lo tienen. “Desde que este muchacho (el escolta) anda conmigo, la situación ha mejorado mucho y estoy más tranquilo”, reconoció.
El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, también destacó la “concertación” que se ha logrado entre las autoridades del resguardo y el departamento. Dijo que “esperamos tener resultados de la investigación muy pronto y ojalá se logre la judicialización de los responsables de estos delitos” en San José y Risaralda.
El coronel Borja, sin embargo, aseguró que “hasta el momento, lo que se ha establecido es que no hay un vínculo directo (entre las amenazas denunciadas y la venta de estupefacientes), porque allí hay un consumo muy local que no tiene incidencia regional”. Pero recalcó que las investigaciones continúan de la mano con el Cridec y el gobernador del resguardo, entre otras instituciones.
Tamaniza reconoció esa labor, pero recordó que, “si se consigue droga, es porque alguien la está vendiendo y no debe estar contento con lo que estamos haciendo”. Por eso, insistió en señalar a los jíbaros que quedan, externos al resguardo, de estar tras los intentos de amedrentar a los líderes indígenas.
MANIZALES