Miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), rechazaron el ultimátum del ministro el Defensa, Iván Velásquez, a los indígenas que ocupan tierras de cañaduzales en este departamento donde se registran confrontaciones desde hace 17 años por estos terrenos.
El ministro anunció que tienen 48 horas para salir de las tierras, "como lo consagra la ley".
De acuerdo con el consejero del Cric Eduin Mauricio Capaz, los indígenas no son invasores y aseguró que este es un proceso de liberación de la tierra, además de que ha implicado hasta la masacre de indígenas en la hacienda El Nilo por cuenta de paramilitares, el 16 de diciembre de 1991. Allí, 20 nativos que tenían ocupada la hacienda fueron asesinados por los 'paras'.
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La historia de esta confrontación tiene orígenes en la época de la Corona Española. Las violentas pugnas se retomaron a fines del siglo XIX y comienzos del XX con Manuel Quintín Lame, para volver entre los 70 y los 80, cuando se conformó el Cric, con la mira en 'la liberación de la Madre Tierra'.
De acuerdo con Capaz, lo que los indígenas reclaman son el cumplimiento de acuerdos de gobiernos a lo largo de más de 20 años, uno de ellos, por ejemplo, el resarcimiento por la masacre del Nilo.
En este momento, los indígenas se encuentran en 30 predios, la mayoría con cañaduzales, en el norte del Cauca. Algunos son propiedades de cañicultores y otras, administradas por ingenios azucareros.
En este momento, los indígenas se encuentran en 30 predios, la mayoría con cañaduzales, en el norte del Cauca. Algunos son propiedades de cañicultores y otras, administradas por ingenios azucareros
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Capaz, en su cuenta de Twitter, escribió sobre el ultimátum de 48 horas para desalojar estas tierras: "¿Las mismas palabras de otros gobiernos? No se equivoquen, hay escenarios de trabajo del tema, buscando salidas, abordándolo, de manera estructural. Cuidado, el panorama es complejo y la determinación de las comunidades se ha construido en más de 48 horas".
El consejero del Cric que dijo que las comunidades indígenas evalúan el anuncio.
Una de las haciendas ocupadas es Vistahermosa, en Caloto, en esta región, donde uno de los indígenas voceros señaló que permanecerán en estos predios.
"Sí nos mantenemos en las fincas en proceso de liberación y solicitamos el acompañamiento de los organismos de derechos humanos ONU, Cruz Roja, internacional, Misión de Paz del Congreso para que cuiden y protejan la vida de los liberadores y liberadoras. Es preocupante y que la Fuerza Pública cumpla los protocolos que tiene que aplicar", manifestó el indígena.
Este tema no es nuevo nuevo. Dijo que se busca mejorar las condiciones de vida de indígenas y señaló que no son terratenientes, pues muchas de las tierras asignadas a los cabildos están en zonas de reservas y páramos. Señaló que no pueden permanecer en lo alto de las montañas, donde han vivido en las últimas décadas, por los impactos ambientales.
Anotó que por ello bajaron a la parte plana, donde están los sembrados de caña, a liberar tierras.
¿Qué dicen los gremios ante ultimátum de Petro por tierras?
Los diferentes sectores gremiales y empresariales del Cauca reaccionaron frente a lo anunciado por el Gobierno Nacional.
“Pertinentes y contundentes recibimos las declaraciones de la ministra de agricultura, Cecilia López, porque estas declaraciones están tan dirigidas a proteger la propiedad privada que esta cobijada dentro de la constitución en el artículo 58", dijo Gerardo Arroyo, director ejecutivo del consejo gremial y empresarial del Cauca".
"También lo vemos como un mensaje y una oportunidad para que esas comunidades que están invadiendo muestren gestos de buena voluntad y se retiren de manera voluntaria de la región, cesen las invasiones y con ellos podamos sentarnos en una mesa de dialogo en igualdad de condiciones para que a partir de las diferencias podamos encontrar consensos que nos permitan construir región, que nos permitan devolver la estabilidad al departamento y la seguridad”, añadió el directivo.
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“Como sector productivo celebramos este anuncio porque sin duda permite fortalecer la confianza en el gobierno nacional porque es el gobierno nacional el llamado a proteger el orden constitucional y legal del país y la propiedad privada hace parte de esos derechos que deben protegerse”, agregó.
Isabella Victoria Rojas, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG) manifestó que este anuncio lo reciben con “mucha esperanza”.
“Esperamos que las comunidades invasoras acaten este nuevo llamado solidario y generoso que hace el gobierno nacional para que en un acto de buena voluntad y sobre todo de cumplimiento de la ley restituyan los derechos de los propietarios legítimos de los predios”, sostuvo la directiva Rojas.
“La propiedad privada es el eje central de una democracia y celebramos con mucha alegría el anuncio de que efectivamente, este gobierno tiene la decisión y convicción de hacer la defensa de esa propiedad”, resaltó la ejecutiva.
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Las comunidades indígenas no se han pronunciado, pero anunciaron que este miércoles 31 de agosto se reunirá para luego dar a conocer su posición frente a este anuncio a la opinión pública.
Ante los diferentes casos de invasión de tierras en diferentes departamentos del país, situación en la que los casos más complejos se han dado en el norte del Cauca, enfrentando a indígenas con varios sectores productivos, el Gobierno Nacional fijó una posición contundente de rechazo, en la que pidió respetar la tenencia de la tierra.
Al reiterar que existe un compromiso con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de una reforma agraria, para buscar equidad en el acceso a la tierra, la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República advirtieron que quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades.
“Como Gobierno estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia a este proceso de democratización de la propiedad”, señalaron en la Presidencia de la República, a través de un comunicado.
Los enfrentamientos por tierras se han dado, principalmente en los municipios de Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené, Caloto, Corinto y Miranda.
La mayoría de los conflictos han sido en el norte caucano, pero está el caso de Coconuco, en el municipio de Puracé, oriente de este departamento, donde los indígenas pugnan por un predio donde hay un centro turístico, cuyos administradores sostienen que es una propiedad de más de 30 años y que lo que se quiere es tomar un negocio ajeno.
En el asunto hay discusión de documentos de la Colonia.
En Coconuco, la comunicadora indígena María Efigenia Vásquez murió en octubre de 2017 y los nativos acusan al Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
POPAYÁN
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