Por segunda vez, fue aplazada la audiencia de imputación de los cargos por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial que adelantará la Fiscalía General de la Nación a 17 concejales del municipio de Floridablanca, en Santander, quienes habrían incurrido en presuntas irregularidades en la elección del Contralor y el Personero de esa población del área metropolitana de Bucaramanga.
Se esperaba que en la audiencia, prevista para la mañana de este lunes en los juzgados de Bucaramanga, la Fiscalía solicitara la medida de aseguramiento en contra de los cabildantes.
Esta nueva citación fue elevada por la Fiscalía 20 de Delitos contra Administración Pública porque los concejales desoyeron un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que ordenaba convocar una terna de aspirantes y elegir al nuevo encargado del control fiscal de la ciudad.
No obstante, se emitió un acto revocatorio para tumbar el proceso y convocaron un concurso de méritos mediante el cual eligieron a Luz Marina Díaz como Contralora.
A esta actuación irregular se suma la del nombramiento de Robiel Barbosa como Personero de Floridablanca, el cual realizó este órgano sin acatar la nulidad en segunda instancia proferida por el Consejo de Estado que recae sobre la elección de este funcionario del Ministerio Público.
Una recusación interpuesta por el abogado Jaime Lombana, defensor de cuatro de los concejales, por los impedimentos que tendría el Fiscal número 20, Gérman Peñaloza, quien lleva el proceso, generó el nuevo aplazamiento por parte de la Fiscalía.
Según el jurista, Peñaloza tiene cuatro causales de impedimento, entre ellas que su hermana está siendo juzgada por temas relacionados con el municipio de Floridablanca, donde la Alcaldía es víctima dentro de ese proceso.
Y de otro lado, el Fiscal también será solicitado como testigo de la defensa de los concejales, porque “él expresó que jurídicamente escoger un candidato de la terna (contralor) podría llevar a un acto delictivo. Entonces no entiendo cuál es el cambio de postura jurídica sobre esos hechos”.
Para el abogado Lombana, es desbordado “tratar de encarcelar a 17 concejales por una postura jurídica, donde no hay en juego un solo peso, es un tema de una elección”.
Por otra parte, añadió que el contrato de la firma que eligió la terna es considerado ilícito por la propia Fiscalía y por ello ha llamado a imputación a quienes lo generaron, hecho que clifica de contradictorio en medio del proceso.
BUCARAMANGA