Siguiendo los postulados de la encíclica publicada por el papa Francisco ‘Laudato si’, en la que hace un llamado al cuidado para la defensa del medioambiente, Édgar Augusto Sánchez, párroco de la iglesia Juan Isidro Labrador del municipio de Sucre, en Santander, emprendió hace dos años una campaña para evitar las actividades de exploración y extracción minera que se pretenden realizar en esa región del país.
Fruto de estos esfuerzos es la consulta popular del próximo domingo primero de octubre que la Registraduría Nacional convocó en el municipio de Sucre, donde 5.853 ciudadanos habilitados para votar tendrán que responder a la pregunta ‘¿Está usted de acuerdo Sí o No que en la jurisdicción del municipio de Sucre, Santander, se realicen actividades de exploración y explotación minera y petrolera?’.
Los alcaldes, el año pasado, viendo el clamor de la gente de rechazar la minería exigiéndole a la CAS más transparencia en el manejo ambiental y no engañar a la gente
En total, son 28 títulos los que se otorgaron para actividades de explotación de piedra caliza, carbón y demás minerales de los municipios vecinos de Jesús María y Sucre, y que, según el sacerdote, comprometen 26 fuentes hídricas que abastecen a cerca de 12.000 habitantes de esta población. Solo una de estas concesiones, el de la empresa Llano Minas, ya cuenta con licencia ambiental, pero no ha comenzado a realizar trabajos.
Es por ello, que se conformó el Comité por la defensa de los recursos naturales de Sucre y Jesús María, un grupo conformado por 30 ciudadanos, entre geólogos, profesores, campesinos y líderes de la comunidad, en cabeza de los sacerdotes Édgar Sánchez y Samuel Antonio García.
“Todo surgió frente a un título minero que nos llegó hace dos años, el GJL 111 del Ministerio de Minas, llegó con la licencia ambiental 1299 de 2013, pretenden explotar piedra caliza y demás minerales concebibles, en 696 hectáreas, donde el 95 por ciento está en el municipio de Sucre y el restante en Jesús María (…) Empezó el proceso de sensibilización con la comunidad, enviamos medidas cautelares a la ANLA, a la Agencia Nacional Minera, buscamos apoyo de la Defensoría del Pueblo y empieza esa lucha para ver la hecatombe ecológica que va a pasar”, explicó el padre Samuel.
Resultado de las reuniones, en las que ha participado la mayoría de la comunidad de los municipios, surgió la consulta popular que se realizó el pasado 17 de septiembre en Jesús María, en la que, 1.677 ciudadanos se opusieron a las actividades extractivas en su territorio.
Los líderes de esta iniciativa, quienes cuentan con el apoyo de otros religiosos, manifestaron que no ha sido un proceso fácil acudir a este mecanismo de expresión democrática, sino que han tenido que persistir y concientizar a la gente del impacto ambiental que originaría la llegada de las empresas mineras.
“Los alcaldes, el año pasado, viendo el clamor de la gente de rechazar la minería exigiéndole a la CAS más transparencia en el manejo ambiental y no engañar a la gente, convocaron a una consulta popular para preguntarle a las personas si quieren o no la explotación minera. Lamentablemente pasaron los meses y nosotros como comunidad estábamos esperando que los alcaldes asumieran el proceso, pero la cosa se durmió, así que volvimos como movimiento, como veeduría, en comunión con los dos municipios a retomar el proceso. Se les exigió a los alcaldes una capacitación para explicar lo que es una consulta popular y se empezó el proceso jurídico para sustentarla y enviarla al tribunal Administrativo de Santander donde finalmente aprobaron la realización de las consultas”, señaló por su parte el padre Édgar.
Para que el proceso del próximo domingo sea válido, 1.951 ciudadanos deben depositar su voto. Con el 50 por ciento más uno de los sufragios una de las opciones saldrá victoriosa al término de esta consulta, en la cual habrá 15 mesas de votación habilitadas a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
BUCARAMANGA
