Desde que mataron a María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado 21 de junio en una de las calles del barrio de invasión 9 de Agosto del municipio de Tierralta, Córdoba, predomina el silencio y el miedo entre los cerca de 8 mil habitantes de la zona.
“Ya nadie se atreve a decir nada y todos hacemos como si la muerta no hubiese vivido por acá para no tocar ese tema que da tanto miedo”, dice una vecina que pidió ser identificada simplemente como Domitila.
Cuenta que María del Pilar no había manifestado nunca tener amenazas. Dijo que 15 minutos antes de que la asesinaran la había saludado. “Cuando fui a verla ya estaba tirada en la calle y el niño mayor, de 9 años, daba gritos y nadie lo consolaba, eso me llenó de mucho dolor pero, la verdad, en estos casos el miedo puede más que la solidaridad”, confiesa Domitila.
Cuando fui a verla ya estaba tirada en la calle y el niño mayor, de 9 años, daba gritos y nadie lo consolaba, eso me llenó de mucho dolor
María del Pilar llegó al barrio hace tres años con su familia y desde entonces se dio a conocer porque le enseñó a la gente que con la chatarra se podía ganar plata. Se había ganado la confianza entre los vecinos por su vocación de liderazgo.
“Ella estaba conformando una asociación de recicladores y se iba a llamar 9 de Agosto, en honor a nuestro barrio”, dijo.
Confiesa que no sabe quién ni por qué la mataron. “La única razón que yo veo es que ella sobresalía cuando había que hacer algo por legalizar este pedacito de tierra que tanto hemos luchado”, concluyó Domitila.
Ella era María del Pilar Hurtado.
Archivo particular
Las primeras investigaciones de las autoridades se enfocaron en un panfleto amenazante que circuló días antes de la muerte de la mujer. Un supuesto grupo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se atribuyó la amenaza en contra de un grupo de invasores entre los que se mencionó a “la mujer del chatarrero”, la cual, según los vecinos, se trataba de María del Pilar.
Pero dos días después, otro volante, también con el rótulo de las AGC, negó la autoría del crimen. “No hacemos parte de las fuerzas siniestras que se oponen a las necesarias actividades del liderazgo social”, dijeron.
El sector donde ocurrieron los hechos es un predio de 5 hectáreas que fue invadido el 9 de agosto de 2009, que fue propiedad de la empresa Urrá y que el año pasado traspasó las escrituras al Municipio de Tierralta para que impulsara un proyecto de urbanización con los invasores.
El 25 de mayo de este año, un grupo de campesinos y desplazados, entre los que se contaba María del Pilar, intentó apoderarse de otro terreno de 14 hectáreas, en el casco urbano de Tierralta y cuya propiedad aparece a nombre de la familia Rueda Salas.
Con ayuda del grupo antidisturbios Esmad de la Policía, la Alcaldía logró recuperar el predio y desalojar a los invasores. Un día después, y luego de una concertación con el alcalde Fabio Otero, los ocupantes foráneos se comprometieron a no protagonizar nuevas invasiones.
Pero el 30 de mayo nuevamente se presentó un conato de invasión. En esta oportunidad el terreno ocupado fue de propiedad de Fabio Leomar Otero Paternina, padre del alcalde. Allí nuevamente participó la líder que tres años atrás había llegado de Puerto Tejada en el Cauca con su esposo Manuel Noriega Berrío y tres de sus cuatro hijos.
Una nueva reunión entre el alcalde Otero y delegados de los invasores aceleró el proceso de legalización de los lotes.
El crimen tuvo tal repercusión por su condición de lideresa social, que durante su gira por Europa, el presidente Iván Duque lamentó los hechos y ordenó a una delegación –con el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos e integrantes de la Fuerza Pública– trasladarse a la zona para adelantar “medidas inmediatas”.
Por el momento, autoridades manejan varias hipótesis sobre el crimen. Además de no descartar a las AGC, plantean que podría ser por retaliación personal de un miembro del ‘clan del Golfo’ contra Hurtado.
Fuentes cercanas a la investigación manifestaron que se indaga si su muerte tiene que ver con una supuesta invasión del predio del barrio 9 de agosto. Teniendo en cuenta que Hurtado, al parecer, lideraba el grupo de familias asentadas allí.
Una cuarta hipótesis, señalan las fuentes, hablan de que el crimen de María del Pilar Hurtado estaría relacionado con problemas personales.
El jueves de esta semana, una Comisión de Paz del Senado viajó a la zona para reunirse con líderes sociales y autoridades con el fin de conocer detalles de la situación de orden público en la localidad. Entre los congresistas estaban: Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Paloma Valencia, Ruby Chagüi y Roy Barreras.
Mientras tanto, durante el encuentro liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que se realizó minutos antes a la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizó del 26 al 28 de junio en Medellín, varias lideresas sociales del país hablaron de la falta de garantías que tienen para ejercer su labor y la crítica situación de inseguridad que viven.
Guidilfredo Avendaño
Especial para el tiempo
Tierralta (Córdoba)
@ColombiaET