No es buena la actual situación que enfrenta la población carcelaria de Colombia. Un informe al que tuvo acceso EL TIEMPO refleja que del total de los presos del país –a julio del 2016–, el 75,5 por ciento vive en condiciones de hacinamiento grave.
El mismo documento asegura que en el país la población privada de la libertad es de 120.668 personas, de las cuales 7.527 viven sin hacinamiento; 21.993, en hacinamiento y 91.148, en hacinamiento grave. Y la cárcel de Riohacha es la que muestra el índice más alto, con un porcentaje de 426 por ciento (a octubre pasado).
Incluso, solo sumando penitenciarias de Medellín (El Pedregal y Bellavista), Cali, Barranquilla (La Modelo y El Bosque) y Santa Marta, la cantidad de reclusos de más que hay en estos seis centros carcelarios es de 13.171.
La cárcel de Bellavista, por ejemplo, tiene más de 50 años y fue construida para 1.800 internos, aunque hoy en día cuenta con 5.400.
Las estructuras de la penitenciaría se encuentran debilitadas, en la mayoría de pabellones hay humedad y en cualquier momento se puede registrar una catástrofe.
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Además, hace dos años y medio se evacuó el patio 5 y no se ha entregado aún. Allí había 1.700 reclusos. Así mismo, se pidió la evacuación de los patios 2 y 4, que albergaban a más de 1.200 personas.
La seguridad también es un tema preocupante: en este centro, para cada turno, únicamente hay vigilancia de 40 unidades de guardia.
Y según afirmó una fuente, hay una solicitud en la agenda evaluativa del defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, para que las penitenciarías de Riohacha y Bellavista sean cerradas, lo que quiere decir que no se permita la entrada de más reclusos.
El hacinamiento, sin embargo, no es el único problema de los centros carcelarios. La Contraloría General de la República entregó un informe sobre la visita que hizo a 29 de ellos en el país, y el diagnóstico fue preocupante.
No se separan a los presos sindicados de quienes están condenados, porque las infraestructuras no lo permiten, y tampoco hay espacios acondicionados para visitas conyugales. Ambos son derechos de quienes están privados de la libertad.
Los servicios de salud y de alimentación son precarios. Se presentan represamientos y aplazamientos de procedimientos, así como deficiencias en provisión de medicamentos. Y para alimentarse, los internos deben acomodarse en el piso, pues no hay áreas de comedor.
La posibilidad de promover programas de resocialización es limitada, ya que la cantidad de personas no permite encontrar lugares adecuados. Y, finalmente, varias estructuras están en riesgo de colapsar.
“Las baterías sanitarias son insuficientes y padecen de acelerado desgaste, el alcantarillado sufre rebosamiento y taponamiento (…) El sobrecupo genera acelerado desgaste por donde circulan las internos e incluso en las celdas, por las adecuaciones artesanales que ellos mismos realizan para mejorar la habitabilidad”, aseguró la Contraloría.
Otros centrosEn la penitenciaria de El Pedregal, también en Medellín, que es para hombres y mujeres, la capacidad es para 1.150 internos, y actualmente tiene más de 2.200.
Este complejo de modelo americano, donde el sol es escaso, también ha presentado fallas en algunos pabellones, a pesar de ser relativamente nuevo (12 años).
Debido al terreno en el que fue construida, en alta pendiente, se han generado grietas. Y el tema de salud es alarmante, pues no hay medicamentos y sí enfermedades como la tuberculosis, sida y varios tipos de alergias. Se han presentado más de 10.000 solicitudes para atención médica, pero sin mayor respuesta.
En la cárcel de San Sebastián de Ternera, en los extramuros de Cartagena, hay carencia de personal de salud, para la prestación de servicios a los diagnosticados con sida, cáncer y tuberculosis, y el número de hombres de la guardia es insuficiente: 32 para custodiar a 2.200 internos.
La procuradora penal nacional, Paula Andrea Ramírez, informó que la extorsión, el tráfico de armas y de drogas va en aumento.
El Bosque y La Modelo, de Barranquilla, tienen capacidad para 460 y 450 internos, y cada una, en estos momentos, cuenta con 1.564 y 960, respectivamente.
El personero de la ciudad, Jaime Sanjuan, dice que en la primera hay internos con problemas psiquiátricos o con enfermedades contagiosas que no están apartados en pabellones especiales, y en la segunda, hay reclusos que deben dormir casi que uno encima del otro, lo que también perjudica la infraestructura, que es obsoleta y no resiste la carga a la que es sometida.
En Santa Marta, la cárcel Rodrigo de Bastidas tiene capacidad para albergar a 318 internos, pero a corte del 31 de diciembre del 2016 había 1.521. El defensor del Pueblo en el Magdalena, Albeis Fuentes, dijo que el hacinamiento se debe a la demora en la definición de la situación jurídica de los sindicados, que son 984 internos, mientras que los condenados son 537.
En Cali, la cárcel de Villahermosa, que fue levantada para 900 personas y se ha ajustado a 2.000, pero que hoy congrega a 6.604 internos, está en riesgo de colapsar, según un informe de la Personería.
La edificación no cumple con las condiciones de infraestructura y salubridad; hay deterioro en la construcción y hacinamiento, así como pérdida de solidez de los elementos de concreto, y los muros de mampostería están desgastados y presentan humedad.
También hay oxidación del acero en las columnas y vigas, tuberías obsoletas con presencia de humedad, cableado eléctrico defectuoso que está expuesto a manipulaciones de los internos, fachadas externas casi desmoronadas y riesgo de corto circuito por nivel de calidad de conexiones.
Y en el caso de La Modelo, de Bucaramanga, el número de internos sobrepasa en un 190 por ciento la capacidad de 1.520. Allí, hay falencias en la prestación del servicio médico y denuncias por una estructura de poder integrada por 70 reclusos.
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