Los cerca de 1.300 internos de la cárcel de varones La 40, de la capital de Risaralda, ya no aguantan más las difíciles condiciones en que viven y entraron en una huelga de hambre que iniciaron el lunes pasado, pero que suspendieron hasta el domingo próximo a la espera de soluciones.
La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, quien medió en la manifestación de los internos y junto a la Defensoría del Pueblo de Risaralda, delegados de la Procuraduría, de las Secretarías de Salud municipal y departamental y del Instituto nacional penitencario y carcelario (Inpec), lograron levantar el ayuno, describió el drama que viven los reclusos.
Como pasa en muchas cárceles del país, el hacinamiento es el principal problema. Este es cercano al 100 por ciento, ya que son cerca de 1.300 internos y la capacidad del penal es de 700.
Es claro que el sobrecupo en La 40 no se puede solucionar en una semana y la mayoría de los presos no quieren ser trasladados porque los separarían de sus familiares. Lo que ellos claman es que tramiten los subrogados penales, beneficios a los que tienen derechos los internos cuando se cumplen determinadas requisitos previstos en el código penitenciario como tiempo cumplido y buena conducta. La libertad condicional es lo que buscan.
La personera aseveró que de los cuatro jueces de ejecución de penas que hay en Pereira, solo uno está resolviendo las solicitudes de subrogados. “Los jueces de esta ciudad son reacios a otorgar esos beneficios”, subrayó la personera.
El argumento de los jueces es que no se ha expedido una reglamentación para audiencias virtuales en el caso de subrogados penales y que la requieren para empezar a concederlos. Pero esta situación se presenta desde hace varios años.
“Esta situación debe servir para que la Judicatura en Bogotá fije sus ojos en Pereira porque los internos tienen toda la razón, son derechos que están en un código y les están siendo desconocidos”, declaró Cárdenas.
Y es que cuando el Inpec o la Procuraduría Judicial no apelan una solicitud de subrogado negada, el proceso puede estar cinco años en un tribunal, el interno puede terminar su condena y aún está en estudio la concesión del beneficio.
Unos 300 internos de La 40 han solicitado subrogados penales.
La Personería y la Defensoría contemplan la opción de interponer tutelas por la violación de los derechos de los internos.
Un segundo punto del drama de los internos es la atención de los servicios de salud, que está a cargo de la Fiduprevisora. Preocupa el caso de reclusos que son enfermos mentales, los que están en posoperatorios y los que tienen enfermedades de alto costo. Además, se develó que faltan campañas de promoción y prevención porque tres internos padecen tuberculosis.
PEREIRA
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