“Reventados”, así dicen estar en la administración municipal de Manizales con una aparente anomalía en los procesos de contratación de menor cuantía de la ciudad, en especial los estudios para obras públicas.
Según el alcalde Octavio Cardona, tres proponentes “tienen secuestrados todos los diseños de la ciudad”, amparados en un beneficio del decreto 1082 de 2015 que permite que los contratos por debajo de 125.000 dólares (360 millones de pesos) se puedan limitar a micros, pequeñas o medianas empresas (mipymes) locales.
Para esto, solo es necesario que lo soliciten tres sociedades que certifiquen esa condición por medio de su representante legal o un contador. Lo que está pasando es que, después de acudir a esta figura, los solicitantes no se presentan a la licitación o se reparten los contratos entre sí.
Así sucedió con al menos cuatro procesos contractuales el año pasado, según el secretario de Obras Públicas de Manizales, César Gutiérrez. Pero fue la convocatoria para los estudios y diseños de la estación de Policía del barrio San Cayetano, en la comuna Ciudadela del Norte, la que colmó la paciencia de la Alcaldía.
Las tres solicitudes para que esta obra fuera limitada a mipymes manizaleñas fueron enviadas por los ingenieros Claudia Patricia Patiño, Andrés Marín Marmolejo y David Vallejo Osorio. “Siempre son las mismas tres”, insistió Cardona.
Sin embargo, Patiño no se presentó a la licitación, Marín fue el único proponente de la interventoría y Vallejo quedó solo en la carrera por el contrato de los estudios. Según la administración, este método se ha repetido varias veces. Así, los procesos terminan con un solo proponente que se queda con la oferta.
Pero “lo más grave”, explicó el mandatario local, vino después. En el caso de San Cayetano, Vallejo y Marín no cumplieron con los requisitos para acceder a los respectivos contratos, por lo que la convocatoria se declaró desierta. Esto obligó a reiniciar el proceso y, en consecuencia, “una obra que debía iniciar en junio, hoy técnicamente, es imposible que empiece antes de agosto”, se quejó el alcalde manizaleño.
Los tres ingenierosPatiño es una contratista frecuente en Caldas. De hecho, obtuvo el contrato de mayor cuantía que firmó el año pasado la Alcaldía de Samaná, por 116 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura educativa, según un informe publicado en diciembre pasado por el diario La Patria.
Además, la ingeniera tiene amplia experiencia en obras de acueductos y alcantarillados. En marzo de 2016, Empocaldas le adjudicó un contrato por 102 millones de pesos para reposición de redes en Neira y, en noviembre, ganó en puntuación para ejecutar obras similares en Aguadas y Salamina.
Más interesante es la relación entre Marín y Vallejo, que comparten la oficina 304 del Edificio Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, en el centro de Manizales. Allí funciona Galibo Ingeniería S.A.S. En el registro mercantil de la empresa, ellos son gerente y subgerente, respectivamente.
De haber ganado interventoría y diseños por aparte, uno habría tenido que supervisar al otro, a pesar de ser socios entre sí.
Con esta sociedad se han presentado a otras convocatorias de cuantía mínima, incluso nacionales. Aparece, por ejemplo, una inscripción de 2015 para hacer estudios de vulnerabilidad sísmica a la sede de Migración Colombia en San Andrés.
Además, cada uno ha aspirado o ejecutado por aparte otros procesos en Caldas e incluso Antioquia y Tolima.
Las explicacionesEste diario se comunicó con la oficina de Galibo y habló con Marín, quien señaló que “por un error” en el registro de la experiencia profesional no cumplieron con los requisitos para el contrato de la estación. De reabrirse, no descartan volver a presentarse.
El ingeniero dijo que el retraso de la obra “no es culpa de los proponentes. Hay que mirar el cuadro completo”. En su opinión, los pliegos “tenían cosas que no se podían cumplir” y estas observaciones se le habían hecho a la Alcaldía desde antes.
Finalmente, sobre la práctica de pedir que se limiten las convocatorias a mipymes y luego no inscribirse, advirtió que las empresas “están en su derecho de decidir si se presentan o no”. Por esta razón, consideró que este caso “no tiene ningún misterio”.
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