Cerca al lugar donde se realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de dos colombianos y una venezolana durante el pasado puente festivo, las autoridades colombianas adelantaron en las últimas horas un procedimiento similar con otros cuatro cadáveres en alto grado de descomposición, que fueron encontrados en zona rural del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), en plena frontera con Venezuela.
Los primeros dos muertos fueron hallados el martes, en horas de la mañana, a pocos metros del paso irregular conocido como La Marina, donde la Policía Metropolitana de Cúcuta reportó el asesinato múltiple de los connacionales Yen Rodríguez Ortiz y Javier Enrique Quintero; y de la ciudadana extranjera Paula Betava, quienes al parecer residían y trabajaban como vendedores ambulantes en el sector limítrofe de La Parada.
No sabemos, ni podemos calcular cuántas personas pueden estar enterradas o desaparecidas
En este mismo paraje, que está a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, sobre el límite entre estas naciones hermanas, las autoridades localizaron a otros dos cuerpos sin vida, que presentaban heridas con arma blanca.
“Esto sorprende porque el Estado nunca le había prestado atención a esta situación de violencia, porque había mucho flujo de personas. Pero siempre han existido los grupos criminales haciendo su ley. No sabemos, ni podemos calcular cuántas personas pueden estar enterradas o desaparecidas”, explicó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario.
Los restos de estas víctimas fueron conducidos a las instalaciones de Medicina Legal para adelantar el proceso de identificación.
Lo que ha venido ocurriendo es la muestra no solamente de la ausencia del Estado en la región, sino del fracaso del Gobierno en mantener el control en la frontera
Según este mandatario, esta ola de muertes en la línea divisoria estaría relacionada al recrudecimiento de la violencia que está generando la disputa entre varias estructuras ilegales por el control de las rutas del narcotráfico y el contrabando.
De hecho, para contener el poder de estos criminales, la Policía Metropolitana de Cúcuta se vio en la obligación hace unos días de destituir a 10 uniformados que estaban desempeñando mal sus funciones, en ese territorio colombovenezolano.
Entretanto, las organizaciones sociales como la Fundación Progresar denuncian el aumento de casos de secuestros, desaparición forzada y homicidios ante la mirada impávida de la institucionalidad, que en ocasiones se ha declarado incapaz de erradicar esos brotes de inseguridad.
“Lo que ha venido ocurriendo es la muestra no solamente de la ausencia del Estado en la región, sino del fracaso del Gobierno en mantener el control en la frontera y a su vez en garantizar la integridad y la vida y los derechos fundamentales de los habitantes del área metropolitana de Cúcuta y del territorio compartido con su nación vecina”, puntualizó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Profresar.
CÚCUTA
