Cúcuta. El pasado mes de febrero, un grupo de 2.200 uniformados arribaron a la región del Catatumbo para engrosar las filas de las Fuerzas Militares y fortalecer los frentes de combate contra los focos de inseguridad que alteran la tranquilidad de este sector del departamento de Norte de Santander.
A pesar de este despliegue militar, varias organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la existencia de un proceso de reconfiguración de 3.000 hombres armados, que están tras las rentas ilegales provenientes del contrabando y el narcotráfico.
Según un informe preliminar de las Fuerzas Militares, estos sujetos integran las estructuras armadas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), ‘clan del Golfo’, ‘Rastrojos’ y el reducto guerrillero del Epl, más conocido como ‘los Pelusos’, al que se le atribuyen la autoría del mayor número de secuestros ocurridos en el último año en esa región.
Además de querer apoderarse de la riqueza de estas actividades ilícitas, estos actores armados pulula en alrededor de los 328,3 kilómetros del oleoducto Caño Limón-Coveñas para extraer crudo, destilarlo y producir 70.000 kilos de estupefacientes al año.
Según la Fundación Progresar, en los dos últimos años se ha podido documentar la incursión de hombres de ‘los Pelusos’ en 14 municipios de Norte de Santander, un territorio que estaba libre de este tipo de grupos ilegales.
“Desde el 2015, se han venido presentando un proceso de reacomodamiento de actores ilegales y de intereses, frente a la decisión que tomó las Farc de desarmarse. Hoy en día, ese proceso de reorganización ya se ha dado. Las regiones que esta guerrilla tenía bajo su control militar, ya fueron cooptadas por otros grupos ilegales”, indicó Wilfredo Cañizares, director de esta fundación.
Este defensor de derechos humanos añadió que la nueva cartografía de los actores armados en torno a las 11.527 hectáreas de cultivos ilícitos –según reporte de Simci 2015– representa una amenaza para los líderes sociales.
Según el Observatorio de Paz de la organización, hay documentados 10 casos de amenazas de grupos armados que han intentado silenciar a estos dirigentes sociales en Tibú, Teorama y El Tarra, donde las Farc ejercían su control.
