Gobernador de Santander deberá responder por polémico contrato del PAE

Gobernador de Santander deberá responder por polémico contrato del PAE

La Fiscalía le imputará cargos por irregularidades en el contrato del 2016.

Didier Tavera, gobernador de Santander

Didier Tavera Amado, gobernador de Santander.

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Jaime Moreno - Archivo / EL TIEMPO

Por: Bucaramanga
27 de septiembre 2019 , 12:00 p.m.

La Fiscalía delegada para la Corte Suprema citó al mandatario a audiencia para octubre en el Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de imputarle el delito de celebración indebida de contratos por las irregularidades encontradas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016.

Por este contrato, el cual asciende a 35.744 millones de pesos, fueron capturados en 2017, la secretaria de Educación de la época, Ana de Dios Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal Gonzales; y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, con quien se contrató este suministro.

Entre las polémicas revelaciones que hizo la Fiscalía en el momento de las captura estuvo la de la contratación por 30 millones para el suministro de tamales con una empresa de grúas en el Meta.

El ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, llegó a Bucaramanga ese día y aseguró: “se suscribió un contrato de 30 millones de pesos para el suministro de tamales y ese contrato se habría suscrito con una empresa que suministra grúas, en el Meta. Allí pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias, y que por supuesto no sabían hacer tamales. Como complemento, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”.

En mayo del 2018, Germán Trujillo Manrique, un empresario esposo de la gobernadora del Huila, Cielo González, se entregó a la justicia, tras saber que la Fiscalía tenía pruebas que lo comprometían con estas irregularidades encontradas en el contrato del PAE en Santander.

Este empresario de 49 años ha ganado decenas de contratos hasta con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y población desplazada en Huila, Caquetá, Tolima y Meta.

Esa vez, Trujillo fue enviado a prisión domiciliaria tras devolver 2.283 millones de pesos; sin embargo, en abril de este año, un juez lo condenó a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de les requisitos legales que estaba pagando en la cárcel de San Gil.

Pese a la decisión, en los últimos días un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel y ahora paga su condena en un apartamento de Floridablanca.

BUCARAMANGA

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