Guillermo García, alcalde designado de Santa Rosa de Cabal

Guillermo García, alcalde designado de Santa Rosa de Cabal

García estará en el cargo hasta que se decida la situación penal del investigado Henry Arias Mejía.

Alcalde de Santa Rosa de Cabal

Guillermo García (izq) es el designado alcalde de Santa Rosa.

Foto:

Cortesía Gobernación de Risaralda

Por: PEREIRA
26 de abril 2019 , 10:25 a.m.

El abogado Guillermo García Aristizábal fue designado por el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, como alcalde de Santa Rosa de Cabal, tras la confirmación de la medida de aseguramiento en contra del investigado alcalde Henry Arias Mejía.

García, quien fue escogido de la terna que enviaron los partidos Conservador y La U al Gobernador Salazar, estará en el cargo hasta que se resuelva la situación penal del suspendido Arias o hasta que finalice su mandato.

“El designado mandatario trabajará de cara a la ciudadanía, con transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, con inversión social, en infraestructura y otros sectores para responder a las necesidades de la ciudadanía santarrosana”, es uno de los apartes del comunicado difundido por la Gobernación de Risaralda.

Cabe recordar que Henry Arias es investigado por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. En febrero pasado, un juez ordenó medida de aseguramiento en su lugar de residencia en contra de Arias. La defensa de Arias apeló la decisión, que el miércoles pasado fue confirmada por un juez en segunda instancia.

En el 2008, los entonces alcalde de Santa Rosa, Luis Alejandro Martínez, y secretario de Gobierno y Tránsito, Carlos Alberto Ramírez, celebraron con Arias, quien era contratista del municipio, un contrato de prestación de servicios para el alojamiento y alimentación de 100 agentes de Policía que apoyarían la seguridad del municipio durante diciembre de ese año.

Pero el objeto del contrato no se cumplió, según la Fiscalía. Los 100 policías nunca llegaron al municipio y el contrato solo se realizó para apropiarse de 10 millones 300 mil pesos. Fue un contrato de papel, según el ente investigador. Martínez fue condenado a 21 años.

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