En un hecho inédito, la Asamblea departamental de La Guajira promoverá una demanda de interdicción que determine las capacidades mentales del gobernador encargado del departamento, Jorge Enrique Vélez, para celebrar negocios jurídicos en nombre de La Guajira.
“Esto es para que podamos saber los guajiros el estado mental en que se encuentra el doctor Vélez, basado en que su comportamiento está encajando en el comportamiento típico de quienes padecen problemas mentales”, señaló el diputado Idelfonso Medina.
De acuerdo con Medina, “el asesor jurídico de la Asamblea deberá entablar una demanda de proceso voluntario ante el juez de familia de competencia, para que este pueda determinar mediante una prueba científica avalada por psicólogos y psiquiatras el estado mental del gobernador”.
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Esta decisión fue aprobada por ocho de los 11 diputados, a través de la proposición 022, del pasado martes, y en la que se ordena actuar conforme a la Ley 1306 de 2009, y en lo previsto en el numeral 7 del artículo 649 de dicha ley.
Según la proposición, “es de conocimiento público tanto a nivel departamental, como nacional de todas las incoherencias, imprecisiones y desvaríos de Vélez”.
Este parece ser un nuevo capítulo de la conflictiva relación que ha existido entre Vélez y la clase política de La Guajira desde que llegó al cargo en junio pasado.
De llegar a declararse la interdicción del gobernador encargado, ya sea provisional o definitiva, el juez de conocimiento decretaría las medidas de protección personal que considere necesarias y las terapéuticas, “pues con este proceso la Asamblea no solo busca la declaración de interdicción, sino la rehabilitación mental y psíquica del señor Vélez”, señala la proposición.
EL TIEMPO ha intentado comunicarse con el Gobernador (e) para conocer su reacción ante la iniciativa de la Asamblea, pero no ha sido posible contactarlo.
RIOHACHA
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