La Gobernación del Tolima objetó el Acuerdo 012 aprobado meses atrás por el Concejo de Ibagué y sancionado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.El Acuerdo vetó la explotación minera de metales y minerales a mediana y gran escala que contaminen el recurso hídrico en el área de la ciudad. Sin embargo, quedaron exentas todas las actividades mineras de subsistencia, es decir, los paleros que sacan gravas y los que hacen barequeo para la obtención de oro y que no utilizan maquinaria ni agentes contaminantes.
Al ser aprobado por el Concejo Municipal, el alcalde Jaramillo, férreo opositor de la compañía minera Anglogold Ashanti, señaló que el Acuerdo permitía proteger los recursos naturales y proyectar a Ibagué como una ciudad verde, saludable y sostenible.
Tanto el Alcalde como el Concejo interpretaron de forma errónea el principio de autonomía territorial
Sin embargo, tras un estudio de su Departamento Jurídico, la Gobernación decidió remitir el Acuerdo al Tribunal Administrativo del Tolima para su análisis y solicitó se declare nulo ese acto administrativo por vicios de fondo, violación a la Constitución y otras leyes.
La Gobernación considera que se estaría impidiendo una actividad lícita sin ningún tipo de justificación técnica y, además, sin discriminar cuáles metales y minerales no pueden ser explotados, por lo que las autoridades municipales tendrían facultades para tomar decisiones a su arbitrio.
“Tanto el Alcalde como el Concejo interpretaron de forma errónea el principio de autonomía territorial, pues los contenidos que conforman este principio no pueden ser entendidos o interpretados de manera aislada o descontextualizada con otros contenidos de nuestro sistema constitucional”, señaló la Gobernación, al tiempo que agregó que es el Estado el que planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
También considera que hubo extralimitación de funciones del Concejo y la Alcaldía al pretender asumir competencias asignadas a la Agencia Nacional Minera, a la que se le delegó la competencia para conceder el derecho a explorar y explotar los recursos naturales y los minerales del subsuelo bajo las disposiciones del Estado.
Al proyecto minero de La Colosa, en Cajamarca, cerca de Ibagué, los habitantes le dijeron que no.
Juan Carlos Escobar Montoya
El tema, incluso, había sido asumido días atrás por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual le presentó al Gobierno departamental una solicitud para que objetara, “por inconstitucionalidad e ilegalidad”, el Acuerdo 012 de 2017.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado considera que la decisión tomada por el Concejo de Ibagué constituye una flagrante violación del ‘status quo’ del ordenamiento jurídico colombiano y “un desconocimiento de las competencias que le han sido entregadas desde la Constitución y la ley a las entidades territoriales y a la Nación”.
También dijo que, el Acuerdo, “está viciado de nulidad de manera ostensible, probada, significativa y trascendental, por estar en contravía del ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a facultades, deberes y obligaciones”.
En medio de la discusión, el Tribunal Administrativo del Tolima cuenta con 20 días hábiles para definir este asunto declarando la legalidad o la ilegalidad del mencionado Acuerdo.
IBAGUÉ
Comentar