En el primer semestre del 2016, EL TIEMPO denunció la existencia de 10 zonas en las que se imponían fotomultas polémicas. Sin embargo, dichos casos no han tenido grandes cambios y solo en uno se ha visto un avance al respecto.
Estas fotomultas, consideradas “tramposas” por los propios alcaldes, son aquellas que no están bien señalizadas, tienen las cámaras escondidas y juegan con las velocidad (en vía rápidas como dobles calzadas) para confundir a los conductores. Además, los contratos firmados para su implementación están a favor de los operadores: el recaudo es mayor para ellos que para los entes territoriales.
En este momento, en el Congreso avanza un proyecto que busca regular este sistema, al que le faltan dos debates (en la Comisión Sexta y en la plenaria de la Cámara) para convertirse en ley de la República.
El senador Mauricio Aguilar, ponente del proyecto, menciona el hecho de que con esto se busca poner en cintura este mecanismo, el cual ha recaudado un total de 353.552’812.357 pesos.
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El único lugar quel, para el cierre del 2016 había presentado avances era Ciénaga, Magdalena, en donde el Instituto de Tránsito y Transporte modificó por medio de un otrosí el contrato con la Unión Temporal Gestión de Tráfico Seguro, que además del 45 por ciento del recaudo de las fotomultas recibía otro 45 por ciento por el cobro de los comparendos que imponía la Policía.
El director del Instituto, Jorge Mario Henríquez, aseguró que estaban en el proceso de aumentar el límite de velocidad en los sectores en los que están instaladas las cámaras, de 30 a 60 km/h, de manera permanente y todos los días.
En Cali, el año pasado habían dejado de funcionar unas cámaras de fotomultas móviles, aunque en este 2017 se prendieron de nuevo.
El alcalde Armitage había dicho que el regreso de este sistema estaría supeditado a estudios y había aumentado la rapidez en la autopista Suroriental y en la avenida Cañasgordas, de 60 a 80 km/h, pero los conductores no dejan su costumbre de bajar la velocidad.
Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, explicó que se instalarían cuatro carpas en diferentes puntos, desde las cuales “se haría un control fuerte al pico y placa y, en la medida en que están controlando la circulación, lo harían también con el Soat, la revisión técnico-mecánica y la velocidad”.
En Puerto Colombia, Atlántico, la fotomulta que está en una vía de doble calzada, la cual obliga a disminuir la velocidad en 50 km/h en ambos sentidos, no ha sido cambiada ni replanteada.
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En Arjona, Bolívar, la fotomulta estaba oculta por un árbol de bonga que impedía que los conductores fueran alertados sobre la reducción obligatoria de velocidad. Y gracias a una tutela se logró que talaran el árbol y reubicaran la cámara de fotocomparendos.
Igual situación se vive cerca del aeropuerto de Corozal en Sucre, donde los comparendos se siguen poniendo sin ningún tipo de regulación.
El alcalde Andrés Vivero había dicho que la fotomulta era engañosa, pues en un carril se debe disminuir la velocidad a 40 km/h y en el otro el límite es de 60 km/h.
Otra situación que se denunció en la costa Caribe fue la de Aguachica, en Cesar, donde, por la transitada vía 40, los sistemas de detección de infracciones eran móviles y el límite de velocidad variaba.
Al intentar conocer el estado que tienen actualmente en cuanto a fotomultas, la comunicación con la Secretaría de Tránsito del municipio y con la oficina de inspección de los fotocomparendos fue imposible.
Desde el punto de vista jurídico, las fotomultas de Chinchiná, sobre la doble calzada que comunica a Manizales con Pereira, están vigentes, aunque hay dos decisiones judiciales en su contra, en primera y segunda instancia, porque una de las partes pidió una aclaración sobre el segundo fallo.
Eso sí, los comparendos dejaron de tomarse desde la camioneta blanca que sorprendía a los conductores que transitaban por la vía. Ese vehículo se parqueaba a la sombra en una orilla de la vía, con la cámara escondida en su interior y sin mayor señalización.
En La Dorada, Caldas, todavía se espera un fallo judicial que permita la suspensión de las fotomultas. La señal que indica que el límite de velocidad entre el municipio caldense y Honda es de 40 km/h está escondida entre pastales, en plena curva y descenso.
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El veedor ciudadano Jorge Valencia comentó que este tipo de comparendo ha traído como consecuencia un descenso en el número de visitantes al municipio y, por lo tanto, pérdidas económicas en los sectores de servicios y turismo.
Valencia también agregó que las obras de infraestructura que se iban a hacer con el recaudo de las fotomultas “no se ven”.
En Floridablanca, el temor de afrontar una millonaria indemnización por terminar el contrato de fotomultas a destiempo motivó a la Dirección de Tránsito del municipio a apelar en segunda instancia el fallo que buscaba reversar este sistema electrónico, que en algunas zonas no contaba con la adecuada señalización. La demanda fue interpuesta por el veedor ciudadano José Gualdrón, para quien los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para frenar “este atropello”.
Con información de los corresponsales de Barranquilla, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín.
Ya volvieron a aplicarse las multas de fotodetección por vencimiento del Soat y la revisión técnico-mecánica (RTM) en Medellín.
Esta medida estaba suspendida desde octubre del 2016, mientras se realizaba la revisión de más de 300.000 comparendos, algunos de ellos por orden de la Personería de la ciudad.
Como resultado de ese trabajo se revocaron 169.004 multas por fotodetección, informó el alcalde Federico Gutiérrez.
Desde ayer entró en vigencia el nuevo protocolo: después de la primera fotodetección, el conductor tendrá ocho días hábiles para renovar Soat o RTM; si en ese tiempo no lo hace, se impondrá otro comparendo al día siguiente.
Cinco son los cambios que se le hicieron al proyecto de ley que busca controlar y regular la operación y el cobro de las fotomultas.
El más importante tiene que ver con que los propietarios de carros que no cometan las infracciones queden libres de toda responsabilidad.
“La tecnología debe ser de punta para reconocer con claridad placa y rostro de quien hace la falta: que pague solo el infractor y no el dueño del vehículo”, comentó Mauricio Aguilar, coautor del texto junto con sus pares senadores Mauricio Lizcano y Antonio Guerra.
Aguilar también manifestó que declinaron la idea de hacer estudios técnicos para la implementación de fotomultas, “pues eso puede demorarse entre 3 y 4 meses, y lo que queremos es que sea algo ágil. Nuestro deseo es que se cumplan los criterios de límite de velocidad correcto, señalización, información y respeto al debido proceso”, acotó.
Además, recordó que buscan garantizarles a los entes territoriales, por lo menos, el 50 por ciento del recaudo de las fotomultas y no menos de eso, como está pasando en varios municipios.
Las otras modificaciones son que el Ministerio de Transporte reglamente los criterios técnicos que deben cumplirse para instalar y entrar en operación las fotomultas, que la Agencia de Seguridad Vial pueda suspender las fotomultas que no cumplan con esos criterios establecidos, que se prohíba la expedición de comparendos y recaudo de fotomultas por parte de privados y que se licite públicamente para poder instalar nuevos fotocomparendos.
Para convertirse en una ley, al proyecto le falta transitar por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y por la Plenaria de la Cámara.
Aguilar afirmó que su aspiración es que todo esté listo en el primer semestre de este año.
"Si el Congreso no saca adelante este tema sería un mal mensaje para los ciudadanos, quienes están cansados de los abusos. No podemos ser inferiores a lo que los colombianos están pidiendo: que se regule el sistema actual de fotomultas, como”, cerró.
NACIÓN
*Con información de los corresponsales de Barranquilla, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín.
