La mina del sector de Tintiná, en Anserma (Caldas), donde fallecieron tres trabajadores el pasado lunes por inhalación de gases tóxicos está en proceso de expedición de una licencia ambiental para formalizar su actividad.
“Hemos avanzado mucho. Hay unos requerimientos por parte de Corpocaldas (Corporación Autónoma Regional de Caldas). Esperamos que el dueño del RPP (título de reconocimiento de la propiedad privada) los garantice en poco tiempo, para tener lista la formalización antes de final de año”, dijo el secretario de Gobierno del departamento, Carlos Alberto Piedrahíta.
El funcionario recibió el pasado martes a la viceministra de Minas, Mónica Grand, quien confirmó que los cúbicos (túneles verticales que luego excavan de manera horizontal por debajo del río Cauca) “deben ser cerrados” porque ponen en riesgo la vida de los mineros. “Lo primero para nosotros es proteger la vida humana”, agregó.
En todo el corredor del Cauca, hay cerca de 2.500 excavaciones con esas características. Según Piedrahíta, solo en Tintiná, cerca de mil personas se dedican a la explotación de oro. Pero los detalles sobre quiénes son, de dónde vienen y qué edades tienen, entre otros datos, solo se conocerán cuando haya terminado el censo minero en la zona, dentro de un mes.
Hay unos requerimientos por parte de Corpocaldas. Esperamos que el dueño los garantice en poco tiempo, para tener lista la formalización antes de final de año
La viceministra recordó que, desde hace tres años, su cartera trabaja con las autoridades locales en un programa de formalización minera que ya ha impactado a 100 unidades productivas dedicadas a esa actividad en el departamento. La meta es llegar a 800 solo en Anserma.
En este municipio y Riosucio, sobre el mismo río, se han presentado las nueve muertes de mineros que se cuentan en el departamento en lo que va de 2017.
“Muchos sí se quieren formalizar, pero no dejar de hacer minería”, explicó el secretario y Grand aseguró que ese es el objetivo pero “no tenemos, en este momento, nada concreto” sobre las posibles técnicas que permitirían remplazar los cúbicos por procesos más seguros. “No es solo la legalidad, tener un papel que me permita explotar, sino hacerlo con las normas”, afirmó.
Ambos coincidieron en que la rentabilidad de la explotación aurífera dificulta la aplicación de programas de conversión laboral, para que los mineros se dediquen a otros trabajos. El secretario agregó que, por otro lado, una intervención policial –que sería competencia de la Alcaldía– costaría 6.000 millones de pesos “y no va a garantizar que la minería ilegal no vuelva”.
MANIZALES
