En el marco de la Jornada Extraordinaria Anticorrupción, que tuvo lugar este martes en Bucaramanga, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que esa entidad le pondrá la lupa a las denuncias hechas por activistas ambientales y habitantes de Barrancabermeja, en Santander, quienes acusan al relleno sanitario Yerbabuena, operado por la empresa Rediba S.A., y que está ubicado la vereda Patio Bonito, zona rural de ese municipio, de ocasionar graves afectaciones ambientales en su territorio.
Atendiendo a la denuncia interpuesta por el abogado Leonardo Granados, representante de la comunidad afectada por la operación del basurero, el jefe de la Fiscalía manifestó que la entidad dará celeridad a la investigación con el fin de salvaguardar los derechos de los más de 300.000 habitantes del 'puerto petrolero'.
"Aquí han surgido unos temas que no se pueden soslayar, por ejemplo, se ha mencionado lo ocurrido en Barrancabermeja, sobre la propia integridad de su ecosistema y sobre la planta de lixiviados a la que se ha hecho referencia. Esto vamos a priorizarlo, es un tema muy importante que se debe trabajar", señaló Néstor Humberto Martínez.
Durante su exposición, Leonardo Granados denunció que alrededor de 30 funcionarios públicos, entre concejales, alcaldes, secretarios y directores de acueductos, estarían involucrados en la presunta adjudicación de recursos para la construcción de una planta de lixiviados que nunca se materializó.
El jurista indicó que el monto asignado para esta obra fue de 7.300 millones de pesos, sin embargo, a causa de la ausencia de dicha planta, estos líquidos tóxicos producidos en las basuras estarían cayendo en las aguas de ciénaga de San Silvestre, ubicada en la vereda Patio Bonito, y que es la principal fuente de abastecimiento del acueducto Barrancabermeja.
Yerbabuena se encuentra ubicado en la vereda Patio Bonito, catalogada área especial de protección ambiental.
Cortesía Corporación Yarigüies
"Insistimos para que el Fiscal aboque estas evidencias, porque el municipio tiene un problema de corrupción muy serio y requiere con urgencia que se ordenen capturas y se realicen los procesos de imputación de cargos”, indicó Granados, quien añadió que desde el pasado 6 de marzo ha sido víctima de amenazas en contra de su vida.
La construcción del relleno sanitario ha sido centro de polémica y su operación, habilitada por una licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma de Santander (CAS), ha desencadenado una serie de acciones legales que ya se elevaron a la instancia de la Corte Constitucional.
Precisamente, el pasado 5 de mayo esa entidad notificó su respuesta a dos acciones de tutela interpuestas por representantes de la comunidad de la vereda Patio Bonito, quienes esperaban que el alto tribunal dictaminara el cierre definitivo y le pusiera punto final a la operación del relleno.
Sin embargo, contrario a esto, lo fallado por esa entidad dejó un sinsabor, pues la sentencia ordenó al operador del botadero de basura el cumplimiento puntual del plan de manejo ambiental y la superación de las irregularidades evidenciadas anteriormente en su operación por la CAS.
La Corte también mandó a que la Corporación a realizar un seguimiento a las acciones de Rediba e investigara las presuntas irregularidades en cuanto a la intervención ambiental de predios aledaños al relleno. Asimismo, le otorgó a esa entidad un plazo de seis meses para evaluar los impactos ambientales y sociales a raíz de la construcción y operación en esa zona.
Y en tercer lugar, la sentencia de la Corte concedió a la Alcaldía de Barrancabermeja un periodo de seis meses para establecer un plan de contingencia en caso de ser necesario el cierre del basurero.
Ante esto, Yesid Blanco, activista ambiental de Barrancabermeja, aseveró que el fallo es “una argucia jurídica” que no evita que continúen los perjuicios en la zona ocasionados por el basurero.
“Asombra que ellos, habiendo comprobado todas las irregularidades, terminen delegando a la CAS, que entregó la licencia, para que vigile las obras de mitigación. Es decir, que si la corporación confirma que todo está bien, pues van a seguir ahí y eso es un riesgo”, dijo el ambientalista.
BUCARAMANGA