Luego de ser aplazada en dos ocasiones, el próximo 11 de julio finalmente se llevará a cabo la audiencia de imputación y formulación de cargos en contra de los 18 concejales del municipio de Floridablanca, en Santander, quienes son investigados por presuntamente haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial, en la elección del Personero y Contralor de ese municipio.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que esa entidad no dará más tregua en este caso y aseguró que ya se dieron instrucciones precisas a la Dirección Seccional de la Fiscalía en Santander, para que se resuelva en los próximos meses.
"El caso que estamos imputando, en este momento en Floridablanca, se está dando en muchos otros municipios de Colombia, porque las administraciones de los Concejos Municipales quieren imponer sus propias reglas de interés político en la elección de personeros y contralores, independientemente de los lineamientos de concurso que ha impuesto la ley, y eso constituye un fraude”, indicó el jefe de la Fiscalía.
Según el ente de control, los cabildantes son investigados por no acatar un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que ordenaba convocar una terna de aspirantes y elegir al nuevo encargado del control fiscal de la ciudad.
No obstante, Néstor Bohórquez y Marcos Olarte, primer y segundo vicepresidente del Concejo de Floridablanca, emitieron un acto revocatorio para tumbar el proceso y convocaron un concurso de méritos mediante el cual eligieron a Luz Marina Díaz como contralora.
Las administraciones de los Concejos Municipales quieren imponer sus propias reglas de interés político
A esta actuación irregular se suma la del nombramiento de Robiel Barbosa como personero de Floridablanca, el cual realizó este órgano sin acatar la nulidad en segunda instancia proferida por el Consejo de Estado que recae sobre la elección de este funcionario del Ministerio Público.
De fallar en contra de todos los integrantes del Concejo, la Fiscalía también solicitará medida de aseguramiento intramural para los funcionarios, decisión que se sumaría al sonado historial de fallos por corrupción que en el 2012 sancionaron e inhabilitaron a 19 concejales de este municipio, destituyeron a cinco de 11 alcaldes elegidos popularmente y provocaron la renuncia de otro.
BUCARAMANGA