La odisea de una familia desplazada por recuperar su vivienda

La odisea de una familia desplazada por recuperar su vivienda

Luego de lucha jurídica, Tribunal Superior de Bogotá ordenó la devolución del predio en Mapiripán.

Mapiripán

La familia fue beneficiada con la condonación de deudas por concepto de impuestos y acompañamiento de las entidades del Estado.

Foto:

Archivo particular

Por: Nelson Ardila
20 de enero 2020 , 09:57 a.m.

Pocos días después de la masacre de Mapiripán, en el sur del Meta, en julio de 1997, paramilitares obligaron a salir de su casa a una familia, compuesta por una pareja y sus dos hijas, con el falso señalamiento de servir de apoyo a la guerrilla.

El jefe de esta familia, de quien se mantiene en reserva su nombre, adquirió mejoras sobre el lote urbano de Mapiripán, en el año 1983, por valor de doce millones de pesos.

Cinco años después, el 30 de diciembre de 1988, el extinto Incora le adjudicó el predio y tras la masacre de Mapiripán ejecutada por paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997, la familia tuvo que salir desplazada de la población.

Ese grupo armado ilegal declaró a la familia, propietaria del predio en mención, como objetivo militar por comentarios relacionados con su eventual participación en las hostilidades por “guardar” objetos de intendencia militar a favor de la guerrilla de las Farc en su casa de habitación.

Las autoridades comprobaron que ese señalamiento era falso, pero aun así esa familia se vio en la obligación de abandonar el centro poblado en un avión de la Cruz Roja.

En el año 2006, el jefe del hogar desplazado decidió regresar a Mapiripán para recuperar su predio, pero se encontró con la sorpresa de que su vivienda estaba siendo ocupada por extraños, que aseguraron que los excompañeros sentimentales de sus hijas les habían vendido la casa.

El propietario del inmueble en forma enfática aseguró que en ningún momento fue su deseo vender el inmueble y que tampoco autorizó a nadie para celebrar la venta del predio, tras presentar la demanda para reclamar la titularidad de la vivienda, que contó con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que asumió la representación judicial de esta familia.

Como resultado de esa acción legal, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de declarar la inexistencia de la posesión por parte del ocupante y determinó la devolución del predio al reclamante.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos brindó la Unidad, ya que sin la ayuda de los colaboradores no hubiera sido posible la recuperación de nuestra casa”, aseguró el reclamante que perdió a su esposa –falleció- en el transcurso de la etapa administrativa de restitución.

La directora (e) de la URT en Meta, Adriana Trujillo, afirmó que “en la sentencia, el Tribunal ordenó otros beneficios para esta familia -el principal reclamante es mayor de 60 años- como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos y acompañamiento de las entidades del Estado”.

NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO

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