Visiblemente afectado, sin pronunciar palabra alguna, salió la mañana de ayer de la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación el presidente del Concejo de Villavicencio, Carlos Alberto Carreño Pedraza.
El procurador regional del Meta, Línderman Flórez Hernández, acababa de leer el fallo disciplinario por medio del cual le impuso una sanción de destitución del cargo de concejal de la ciudad y una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos.
En la misma sentencia, el Procurador sancionó con una suspensión de cuatro meses en el cargo a sus compañeros en la mesa directiva, Fabián Alberto Bobadilla, primer vicepresidente, y Darwin Castellanos Romero, segundo vicepresidente.
Una romería de periodistas corrió tras del presidente del Concejo, pero el recién sancionado se esfumó rápidamente por las escaleras del sexto piso del edificio de la Procuraduría, en pleno centro de la ciudad. De los tres miembros de la mesa directiva, Carreño fue el único que asistió a la audiencia.
El fallo contra los tres concejales tuvo su origen en una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de celebración de un contrato por 19 millones de pesos para la selección de la terna de candidatos a la Contraloría de Villavicencio a comienzos del 2016.
La Procuraduría argumentó que, según la norma, el contrato debió ser celebrado y ejecutado por persona jurídica. Sin embargo, el proceso fue adelantado con una persona natural identificada como Diana Patricia Herrera, que no era idónea para esa tarea.
Mientras que el procurador regional calificó la falta de Carreño como gravísima a título de dolo, sobre los vicepresidentes argumentó que igualmente era gravísima, pero a título de culpa, lo que llevó a que la sanción fuera menor.
Los tres concejales de Villavicencio, sancionados ayer por la Procuraduría, seguirán en el cargo hasta que los procuradores delegados contra la corrupción se pronuncien en segunda instancia sobre la apelación que interpusieron los abogados defensores.
Édgar Ardila, el abogado defensor de los vicepresidentes de la corporación, alegó que “aquí no hay nada de corrupción”.
“Lo único que se cuestiona es el hecho de haber contratado con una persona natural, cuando los municipios y todo el Estado contratan todos los días con personas naturales”, señaló.
Sin embargo, insistió en que el fallo de la Procuraduría “muestra una incongruencia, no hay coherencia, dice que quebrantó la Ley 80, pero le endilga normas del concurso de méritos, no me cabe la menor duda que el fallo será revocado”.
La abogada Gemilé García, defensora del presidente del Concejo, argumentó que “en el fallo no hubo un análisis de las pruebas, las cuales no responsabilizan a mi defendido, él no cometió falta alguna”. El fallo de segunda instancia tardaría entre seis y ocho meses.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS
