Juez de Bucaramanga ordena a Metrolínea no llevar sobrecupo

Juez de Bucaramanga ordena a Metrolínea no llevar sobrecupo

Tras un fallo de más de 10 puntos, el Sistema de Transporte deberá ser modificado.

Metrolínea

Metrolíne es el Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

Foto:

Jaime Moreno

Por: Bucaramanga
08 de octubre 2019 , 11:41 a.m.

Tras la acción popular interpuesta en 2017 por Luisa Margarita Daza Maestre, joven de 23 años egresada del programa de Derecho de la Universidad Industrial de Santander (UIS), el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga falló en primera instancia a favor el pasado 30 de septiembre, ordenando al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea el cumplimiento de más de 10 puntos relacionados con la adaptación del sistema al servicio de personas con discapacidad y el control del sobrecupo en horas pico.

El SITM, inaugurado a finales del año 2009, tendrá un plazo de entre tres y doce meses (dependiendo del punto) para acatar las órdenes de la juez, entre las cuales está la instalación de “sensores y alarmas audibles de peso en todos los buses alimentadores y articulados del sistema”, según dicta la sentencia, agregando en otro punto que en un plazo de dos meses tendrá que ampliar como mínimo al 30 % de la totalidad de los buses alimentadores.

Además, tendrá que ubicar “personal en las puertas de cada vagón de las estaciones (…) para que impidan que se presente sobrecupo en los alimentadores y articulados”, esto en los horarios de 6:00 a. m. a 8:30 a. m. y 5:00 p. m. a 7:30 p. m., que son los periodos con mayor afluencia de pasajeros en el SITM; y la promoción de los apoyos isquiáticos instalados en los diferentes portales y estaciones, diseñados para que el usuario se apoye en él sin necesidad de sentarse.

“Metrolínea tiene a su cargo el transporte público de los ciudadanos y, así sea una empresa mayoritariamente privada, tiene un deber y una empresa de transporte tiene que adheririse a todas las normativas públicas. Metrolínea no estaba garantizando el derecho de esas personas, sobre todo las personas en estado de vulnerabilidad”, afirmó Daza Maestre.

La inspección judicial

De acuerdo con el artículo 55 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar hechos dudosos, el Juez podrá decretar inspección judicial”, un recurso que fue aplicado por la juez Paula Andrea Herrera Arenas en este caso.

“Ella tomó un día completo de su trabajo y nos fuimos para Metrolínea a hacer la inspección. Ella vio con sus propios ojos que las personas en silla de ruedas tenían dificultades para acceder al sistema”, señaló Daza Maestre, quien también contaba con fotografías y videos de “mamás con niños en brazos botadas en el suelo esperando los buses” y de personas empujándose para ingresar a los buses.

Después de un largo proceso de dos años, el pasado lunes 30 de septiembre la juez emitió la sentencia en primera instancia en la que falló a favor de la accionante (Daza Maestre).

Con la Juez  nos fuimos para Metrolínea a hacer la inspección. Ella vio con sus propios ojos que las personas en silla de ruedas tenían dificultades para acceder al sistema

¿Qué dice Metrolínea?

Aunque a la fecha de redacción de esta nota la empresa de transporte todavía no había realizado una declaración oficial al respecto, Julián Arenas, jefe de operaciones de Metrolínea, refirió que “se va a presentar un escrito de contestación de esa acción popular. Vamos a interponer el recurso de ley que tenemos”; no obstante, una posible apelación no ha sido confirmada.

Si la empresa desea apelar en contra del fallo, según el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, tiene 10 días para interponer y sustentar el recurso ante la autoridad que lo profirió, plazo que se cumplirá el próximo jueves.

Citando la sentencia dictada por la Juez, “Metrolínea S.A. contestó la demanda oponiéndose (…), argumentando que no ha vulnerado los derechos o intereses colectivos invocados por la accionante, porque esta entidad ha garantizado el acceso a toda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga, sin discriminación alguna”.

En cuanto al incremento de buses en el servicio, Arenas indicó que “Metrolínea S.A. no tiene buses, los buses son de Metrocinco y Movilizamos, entonces tendríamos que pedírselos a los operadores. Adicionalmente, para colocarles ascensor hay que hacer una inversión entre 150 y 200 millones de pesos por bus, porque hay que cambiar la carrocería”.

La historia

Lo que empezó como proyecto en un grupo de investigación del Consultorio Jurídico de la UIS, terminó con Luisa Margarita Daza Maestre, oriunda de San Juan del Cesar (La Guajira), interponiendo este mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, en este caso, en pro de grupos vulnerables de Bucaramanga y su área metropolitana, como lo son las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo o con niños, contra el SITM Metrolínea.

“El profesor nos puso una actividad y nos dijo que viéramos la Ley 472 de 1998, de acciones populares y de grupo, y que miráramos si podíamos hacer alguna acción acá en Bucaramanga o en los pueblos de nosotros”, relató Daza, quien actualmente cursa sexto semestre de Filosofía en la UIS, carrera que arrancó mientras terminaba Derecho.

Es así como la sanjuanera decidió apuntarle a la presunta discriminación y desorden que hay en este sistema de transporte.

“Yo lo entiendo, porque a mí me dicen: 'Oye, tú que ni siquiera eres de acá de Santander, sino que eres guajira, ¿por qué te pusiste a hacer eso?'. Yo estudié derecho para eso. Afortunadamente tengo la dirección de mi profesor. Si estamos vivos, no podemos vivir así de conformes”, concluyó la abogada, resaltando que se siente muy feliz de haberle servido a Santander, la región que la recibió.

BUCARAMANGA

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