A 2.000 llegó la cifra de desplazados que, desde el 21 de marzo, huyen de las amenazas de grupos ilegales en el sur de Córdoba. Las familias desarraigadas se encuentran en albergues improvisados en el corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador.
El dato es de la Personería Municipal que está al frente del censo de quienes llegan con pocas pertenencias hasta la pequeña población, donde ya empiezan a presentarse brotes de epidemia y desabastecimiento de alimentos.
El secretario de gobierno de Puerto Libertador, Rafael Iván Martínez Ricardo, dijo que la cifra podría estar desactualizada si se tiene en cuenta que a cada hora llegan más campesinos, no solo al albergue de Juan José sino también a casa de familiares y otras veredas aledañas.
“A 28 de marzo a las seis de la tarde, en el censo de la Personería estaban registradas 553 familias, eso nos daría más de 2.000 desplazados y faltan los datos del viernes y unas familias que llegaron en la mañana de este sábado 30 de marzo”, dijo Martínez.
Indicó que la capacidad logística y financiera del municipio se quedó pequeña ante la magnitud del problema, por lo que pidió apoyo de la gobernación de Córdoba y del gobierno nacional.
“Esto sobrepasa la capacidad de atención de la Alcaldía, es una situación insostenible para un municipio como Puerto Libertador en temas de salud, alimentación y educación”, explicó Martínez.
El llamado llegó a oídos de la gobernadora Sandra Devia, que ordenó poner en práctica un plan de atención integral a toda la población censada.
Dijo que dentro del plan de atención están contempladas ayudas humanitarias inmediatas, jornadas escolares en aulas provisionales, toldillos, fumigaciones, entre otras necesidades manifestadas por las familias desplazadas.
Las ayudas serán definidas este lunes, en articulación con la Alcaldía del Municipio de Puerto Libertador y organismos de cooperación internacional, donde se establecerá una línea de tiempo para brindar la asistencia.
En materia de educación alrededor de 150 niños en situación de desplazamiento, serán atendidos en las aulas de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio de Puerto Libertador. Los docentes que venían ejerciendo sus funciones en el Centro Educativo Pío XII, en sus sedes Santa Rosa, La Esperanza, La Jagua, Rancho Grande y La Paz se desplazaron con los estudiantes con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo.
Así mismo, en el transcurso de esta semana, se nombrarán dos etnoeducadores con el fin de atender alrededor de 40 niños indígenas embera katíos pertenecientes al Resguardo Cañaveral del mismo municipio.
En materia de salud, indicó que para manejo de brotes de paludismo en la población desplazada, se entregarán a la Secretaría de Salud Municipal de Puerto Libertador, 300 pruebas rápidas de paludismo y se gestionarán más ante el Ministerio de Salud.
De igual forma, garantizó la entrega de medicamentos para tratamiento, se instalarán 1.000 toldillos y se harán fumigaciones con 2 grupos de operarios para eliminación del vector del paludismo o Malaria.
El representante a la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, mostró su preocupación por la tensa situación que viven los desarraigados por el asedio de las bandas criminales.
Por ello, solicitó al Gobierno Nacional aumento en el pie de fuerza, pese a que recientemente fue enviado y puesto en funcionamiento un grupo especial de Ejército y Policía llamado Fuerza de Tarea Aquiles.
“Para este caso específico de desplazamiento en el sur de Córdoba requerimos con urgencia aumento de la Fuerza Pública, más uniformados para poder sacar a estos bandidos que están intimidando a nuestros campesinos”, dijo Zuleta.
Y agregó que el Gobierno Nacional debe aprovechar para hacer énfasis en el componente social dentro del Plan Nacional de Desarrollo que cursa en el Congreso.
“Debemos entender que el departamento de Córdoba es rural, por lo tanto se necesitan unas políticas públicas que el Gobierno debe definir en el Plan de Desarrollo, el cual no es para hacer favores o mandados, sino para definir lo que será la atención en componente social”, concluyó.
Gudilfredo Avendaño M.
Especial para EL TIEMPO
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