El Juez Segundo Administrativo, Santander Ortiz, dejó en firme el fallo que ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos suspender la intervención a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) y devolverle el manejo gerencial al Distrito.
La Superservicios había elevado una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura para investigar las posibles irregularidades cometidas en la decisión que dejaba sin efectos la toma administrativa a la Essmar.
La mencionada intervención se hizo, según el ente de control, por el déficit financiero e incumplimiento en la prestación de los servicios que prestaba a la población.
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Ahora, mediante una nueva providencia con fecha del 12 de enero resolvió el recurso de apelación y no aprobó la excepción de presunta falta de legitimidad en la causa, reiterando que no había razón para declarar improcedente la tutela que ordenaba el cese de la intervención.
Esto indica que aunque el mecanismo legal haya sido presentado por un ciudadano ajeno a la Alcaldía (Rafael Martínez), no afecta la sentencia.
No puede dejarse a un lado que la acción constitucional fue coadyuvada por el Distrito de Santa Marta
“No puede dejarse a un lado que la acción constitucional fue coadyuvada por el Distrito de Santa Marta, quien solicitó que se accediera a las mismas pretensiones de la tutela”, dice el documento.
Dentro de la misma aclaración, el Juez Segundo denunció que la Superservicios, en su respuesta omitió informar a ese despacho que se adelantaban recursos de reposición en contra del acto administrativo que ordenó la intervención de la Essmar.
Resuelta la aclaración y una vez notificada a la agente interventora de la empresa de servicios públicos, el fallo de tutela se reactiva y deberá cumplirse dentro de las siguientes 48 horas.
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Por lo anterior, el Distrito retomaría la gerencia de la entidad a más tardar el próximo lunes, al menos por un plazo de tres meses.
La intervención de la Essmar ha generado fuertes reacciones por parte de la alcaldesa Virna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo, quienes aseguran que no hay ninguna intención de solucionar el problema de agua, pero sí de cederle el manejo de la entidad a políticos de la región en estos tiempos electorales.
ROGER URIELES
Especial para EL TIEMPO
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