Hierros oxidados y un enorme hueco repleto de agua con moscos, sapos y hasta zancudos transmisores del dengue. Eso es lo que quedó luego de una millonaria contratación de más de 70.000 millones de pesos destinada a la construcción de escenarios para los XX Juegos Nacionales del 2015.
La contratación la delegó la administración municipal anterior en el Instituto de Deportes de Ibagué (Imdri), pese a que se advirtió sobre la incapacidad técnica, jurídica y administrativa del instituto.
Las estructuras permanecen en completo abandono. Nadie responde por ellas.
Lo que a cambio debía existir en esas ruinas que están a la vista de los ciudadanos, era un complejo deportivo para más de 20 disciplinas entre gimnasios, coliseos, pistas de atletismo y BMX, coliseo de artes marciales, complejo de raquetas, parqueaderos y piscinas olímpicas.
Una de las contrataciones en las cuales la Fiscalía tiene puesta la lupa es la de la Unidad Deportiva de la calle 42, adjudicada por el Imdri a Jorge Alexánder Pérez, apodado el ‘Chatarrero’, contratista bogotano enviado a la cárcel con medida de aseguramiento por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Pérez, único proponente, ganó en marzo del 2015 la licitación de 37.000 millones de pesos para esas obras, pero cuando le giraron el anticipo cercano a los 8.000 millones de pesos, utilizó el 90 por ciento de ese dinero en pago de deudas, consignaciones en cuentas personales, compra de una máquina para elaborar concreto y hasta en el pago de coimas que sumaron 1.000 millones de pesos, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía.
Con el anticipo en sus manos, le giró a su empresa, Almodena, 4.870 millones de pesos, y 1.840 millones los pasó a Boylam, otra empresa que adquirió. Otros 1.600 millones los utilizó para comprar materiales en empresas de su propiedad y también pagó una deuda de 170 millones a una empresa de colchones. La Fiscalía también le sigue la pista a la posible adquisición de bienes y propiedades en Panamá.
A la falta de experiencia e idoneidad de su empresa para ejecutar obras de envergadura como las de los Juegos Nacionales, se suma que en su contra existían denuncias por los posibles delitos de hurto, falsedad en documento privado, estafa y constreñimiento.
Para hacerse con los contratos, Pérez pagó una coima de 1.000 millones al abogado Orlando Arciniégas Lagos, quien ejerció, entre 2013 y 2015, como asesor estrella de la Alcaldía de Ibagué y el Imdri. Arciniégas ya fue condenado a 36 años de cárcel.
IBAGUÉ
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