Ernesto Samper pide investigar desmanes del 23F en zona de frontera

Ernesto Samper pide investigar desmanes del 23F en zona de frontera

Manifestantes en paso fronterizo con Venezuela aseguran que seguirán batallando por las trochas.

Choques ajustan 6 horas

El puente Francisco de Paula Santander, ubicado entre Cúcuta y Ureña, fue el mayor epicentro de los choques con la quema de un vehículo con ayudas.

Foto:

Policía Nacional

Por: Cúcuta
27 de febrero 2019 , 09:01 a.m.

El expresidente de Colombia y exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, condenó los hechos de violencia, ocurridos durante el fin de semana, en la zona de frontera, y pidió una investigación por parte de las autoridades colombianas para determinar los responsables de estos desmanes, que continúan sacudiendo los puentes internacionales de Norte de Santander.

El exmandatario destacó la postura asumida por el Grupo de Lima, de continuar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, a través del cerco diplomático, pero se mostró preocupado por los duros choques registrados en los últimos días sobre el eje limítrofe, entre el cuerpo antimotines de Venezuela y un grupo de jóvenes encapuchados, que se autodenominan ‘La Resitencia’.

(...) es necesario identificar a los protagonistas, y en segunda medida, se debe desactivar ese motor que quiere propiciar la guerra

“La petición formal que le hago a las autoridades colombianas, concretamente a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia del Estado, porque es fundamental saber cuál es el origen de los actos terroristas que ocurrieron sobre el puente entre Colombia y Venezuela (...) Esto permitirá saber si esto se trató de una operación humanitaria o una operación premeditada de choque, que buscaba una desestabilización en Venezuela”, indicó el exdiplomático.

La tensión suscitada el sábado por esta confrontación desencadenó en la quema de vehículos con ayudas humanitarias y la agresión contra la población civil, que dejó un saldo de 285 heridos.

En la misma línea se refirió el senador Jesús Alberto Castillo, que exigió el rápido desmonte de este colectivo de jóvenes, entre 20 y 30 años, quienes se resguardan del lado colombiano del río Táchira y atacan a los uniformados extranjeros con bombas molotov y piedras, en un área fuertemente custodiado por la Policía Nacional y el Ejército.

jóvenes encapuchados

Estos jóvenes, entre 20 y 30 años, conformaron un grupo autodenominado La Resistencia, que sigue arremetiendo contra la Guardia Nacional Bolivariana.

Foto:

Gustavo A. Castillo Arenas / EL TIEMPO

Estos manifestantes acompañaron el fallido envío de estas contribuciones y resistieron a la represión, infringida por las fuerzas leales de Maduro, en la primera línea de fuego de estas confrontaciones, que desencadenaron en un cierre indefinido de la frontera.

"Acá estamos todos unidos, guerriando con piedra y bombas molotov, y seguiremos batallando por las trochas. Los militares del otro lado tienen armas de fuego y nos han herido con perdigonazos y gases lacrimógenos. No solo han habido heridos de nuestros grupos, también hay gente desaparecida", relató uno de los integrantes de este grupo.

No obstante, casi cuatro días después del incidente, estos migrantes siguen utilizando las estructuras del puente como sus ‘trincheras’ para refugiarse y armar sus artefactos explosivos en medio de las grescas.

“Como ya se ha planteado, es necesario identificar a los protagonistas, y en segunda medida, se debe desactivar ese motor que quiere propiciar la guerra. Es claro que quienes incitan a la guerra no saben el desarrollo, ni tampoco el final”, indicó este legislador nortesamtandereano del Polo Democrático.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Edgar Pallares, aseveró que ya se trabaja para reunir los elementos que permitan identificar y desescalar estos enfrentamientos, y llamó a la Policía y al Ejército para que actúen contra estos focos de inseguridad.

“Se está propendiendo una indagación sobre estas actuaciones y es prudente que la Fuerza Pública intervenga con miras a que esto no siga causando zozobra entre la comunidad”, precisó el funcionario.

En respuesta a esta petición, voceros de la Policía Metropolitana de Cúcuta afirmaron que el tema referente a la línea divisoria únicamente le compete a la Cancillería.

Entretanto, varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación Progresar, temen que estos encapuchados sean usados por actores del crimen organizados, como la guerrilla del Eln o bandas delincuenciales, para fortalecer sus acciones delictivas.

CÚCUTA

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