La directora de la Fundación Peces Vivos, Johanna Dignore Rodríguez Olaya, así como la coordinadora y otros ocho de sus empleados, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural dictada por el Juzgado Séptimo Penal con función de control de garantías de Ibagué.
Estas 10 personas, capturadas en Ibagué hace una semana, responden por el posible delito de tortura agravada cometida contra 11 niños con discapacidad cognitiva que hacían parte de un internado de la Fundación Peces Vivos, cuya función era realizar labores sociales con la población discapacitada mediante convenios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Además de tortura, los trabajadores deberán responder por concierto para delinquir y ocultar elementos materiales de prueba. La defensa de los empleados presentó el recurso de apelación.
De la lista de detenidos hacen parte la coordinadora Dignore Olaya Hernández, la psicóloga Jennifer Salcedo, las enfermeras Yenny Carolina Camelo y Paola Tique Vera, así como las formadoras Paula Patiño Buitrago, Claudia Flores, Claudia Pedraza, Ángel Serna y Édison Calderón. Todos fueron trasladados a la cárcel Picaleña.
La historia de este caso tuvo sus inicios en junio pasado, cuando un extrabajador de Peces Vivos, que se dedicaba a labores de mantenimiento, y quien fue despedido, denunció ante la Fiscalía y la Policía posibles casos de tortura contra menores de entre 11 y 17 años, así como contra un joven de 19 años.
“Amarraban los niños a las camas y ellos, gritando, pedían ayuda”, aseguró el testigo, quien, de paso, entregó a las autoridades videos y otras evidencias tomadas desde su celular.
La Fiscalía delegada para la violencia contra niños, niñas y adolescentes señaló que, tras una evaluación de Medicina Legal, se estableció que 11 de los 25 niños venían siendo objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Si no se comían la sopa, se la lanzaban sobre sus rostros”, señaló la Fiscalía.
El primero en reaccionar tras la imposición de la medida de aseguramiento fue el abogado David Palacio, defensor de una auxiliar de enfermería, quien calificó de “desproporcionada” la decisión del juzgado. Palacio considera que la responsabilidad en este caso debe recaer en el psiquiatra de la fundación, así como en su directora, “porque, en últimas, eran los que impartían las órdenes a sus empleados de menor rango”
Karen Abudinén, directora general del ICBF, señaló en Ibagué que los niños fueron trasladados a otra ciudad. “Los niños están con todas las garantías de derecho, se les brinda todo lo que necesitan, desde educación hasta salud, para lograr que sean felices”, aseguró la funcionaria, quien agregó que, de comprobarse fallas en el operador, este podría perder la licencia de funcionamiento y la personería jurídica.
IBAGUÉ
