El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, no duda en calificar de “muy grave” la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Solo entre el martes y el viernes de esta semana fueron asesinados nueve, y este año ya van más de 33 casos verificados y 39 en proceso de verificación.
En diálogo con EL TIEMPO, Brunori –quien lleva dos meses en el cargo– es enfático en pedirle al Estado colombiano que las investigaciones por estos crímenes deben ir más allá de los autores materiales y tocar las estructuras criminales que están detrás.
¿Cuál es la radiografía que puede hacer sobre el asesinato de líderes sociales?
Colombia es uno de los países en los cuales hay altos niveles de asesinatos, agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos. Pero también he notado que en Colombia los ciudadanos y las autoridades, tanto las actuales como las que han sido elegidas, tienen el tema de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas como una prioridad.
¿Cómo ve la situación del país con respecto a estos crímenes?
Muy grave. Este año llevamos unos 90 casos, de los cuales más o menos 40 están en un proceso avanzado de verificación, los otros están pendientes de verificación. Hay meses, como enero y febrero, en los que ha habido un cierto pico. Baja en marzo y volvemos a ver en estos días algunos casos. Son defensores y defensoras cuya muerte genera en las comunidades, sobre todo en áreas rurales en las que vivieron más de cerca el conflicto, una preocupación enorme. Es decir, pasaron del miedo al conflicto al miedo a que pueda haber asesinatos selectivos de líderes.
La impunidad es un elemento común en estos casos. ¿Qué cree que se debe hacer?
La Fiscalía ha adoptado iniciativas, como la creación de unidades especiales de investigación. El camino está trazado. Ahora creo que hay que superar la investigación de casos con autores materiales e ir a las estructuras criminales detrás de estos asesinatos, creo que ese es el salto que se necesita hacer para asegurar una efectiva lucha contra la impunidad. El sicario no se mueve solo, alguien lo paga, alguien le da una instrucción y ejerce una actividad, por supuesto ilícita, criminal.
¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia?
Hay una variedad de actores. El año pasado, nuestra oficina reportó en el informe anual 121 casos de asesinatos, de los cuales, en buena medida, la autoría correspondía a grupos criminales, en otros casos, a exintegrantes del paramilitarismo. Después, en menor medida pero significativo, el Eln, las disidencias de las Farc y un caso del Epl. Y alrededor de 19 o 20 casos de crimen común.
¿Para la ONU es claro que los asesinatos hacen parte de una acción sistemática y planeada?
No, todavía no creo que podamos decir eso contundentemente. Lo que yo recuerdo es que el Fiscal en diciembre, si no estoy mal, afirmó que se pueden detectar ciertos patrones, pero que tienen una base regional. Es decir, que es posible, dependiendo de los departamentos, detectar algunos patrones. Quiero conversar con él, tenemos una reunión protocolaria el viernes, porque me pareció un aporte interesante. Creo que va en la dirección correcta, es decir, no creo que se pueda afirmar que haya un patrón nacional único.
En Colombia los ciudadanos y las autoridades, tanto las actuales como las que han sido elegidas, tienen el tema de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas como una prioridad
¿La ONU ha encontrado relación entre los diferentes asesinatos?
La Oficina del Alto Comisionado ha hallado elementos en común. Uno, el sicariato. Dos, que ocurren en áreas de economía ilícita y contra líderes que están en favor de la política de sustitución de cultivos ilícitos. Y, en tercer lugar, la pobreza. En esas áreas, por lo general rurales, hay mayor incidencia de asesinatos y esas zonas coinciden con índices de violencia mayores que el resto del país y son caldo de cultivo para economías ilegales.
¿Hay algo que lleve a pensar que los ataques estén dirigidos hacia un grupo político?
Vemos muchos casos de defensores o líderes que tienen que ver con la defensa de la tierra, con la oposición a megaproyectos o con denuncias sobre cultivos ilícitos. Hemos recibido cinco casos de líderes de una campaña de un excandidato a la presidencia y también sabemos de asesinatos de excombatientes de las Farc.
José Fernando Jaramillo Oquendo
Hasta su vivienda, ubicada en la vereda El Torrente, a dos horas del casco urbano de Ituango, en el norte de Antioquia, llegaron hombres armados para acabar con la vida de José Fernando Jaramillo, miembro de la junta de acción comunal de Pascuita.
La víctima, además, era familiar del presidente de esa organización social, José Abraham García, asesinado hace diez días en la misma zona.
La muerte de Jaramillo ocurrió el 6 de julio y es la más reciente de las sufridas por los líderes sociales en esa zona. Van tres en las últimas dos semanas. Quienes lo conocían indicaron que la víctima no tenía amenazas en su contra.
Ana María Cortés
La lideresa, de 46 años, era madre soltera, miembro de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en Cáceres, Antioquia, y había apoyado los procesos de protección de derechos de los damnificados por la emergencia de Hidroituango en ese municipio.
Ana María será recordada por sus compañeros de campaña como una mujer aguerrida, luchadora, y que no se dejaba amedrentar por nadie.
Antes de su homicidio el pasado 4 de julio, la defensora había denunciado intimidaciones en su contra. Autoridades investigan al comandante de la estación de policía de Cáceres tras conocerse que este habría amenazado a la víctima.
Margarita Estupiñán
La presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Recreo, ubicado en la vereda Vaquerío, en el corregimiento de Tumaco, Nariño, fue asesinada el pasado 3 de julio en la puerta de su vivienda.
Aseguran los habitantes de la zona que Estupiñán, de 54 años de edad, era muy querida por la labor social y comunitaria que ejercía en el sector.
De acuerdo con información dada por la comunidad, en los últimos años la lideresa había recibido amenazas por parte de bandas criminales asociadas a las ‘Águilas negras’ y al ‘clan del Golfo’. Para Fundepaz, se presume que los motivos de su asesinato están relacionados con violencia de tipo político-social.
El sicario no se mueve solo, alguien lo paga, alguien le da una instrucción y ejerce una actividad, por supuesto ilícita, criminal
Iván Lázaro Vásquez
Como una persona comprometida con las comunidades de su entorno y en sacar adelante planes que les trajeran bienestar es calificado el líder Iván Lázaro Vásquez, asesinado el pasado 2 de julio en la vereda Rogero, del municipio Puerto Libertador, en el sur de Córdoba.
De acuerdo con Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia, Lázaro se preocupaba por congregar a los campesinos a través de eventos deportivos en la plaza principal del pueblo para participar o disfrutar como espectadores. Su muerte, el pasado 2 de julio, causó el rechazo de la comunidad que con camisetas y banderas blancas lo despidieron en su sepelio.
Leonedis Aleiser Sierra
En la madrugada del 2 de julio fue asesinado Leonedis Aleiser Sierra, quien a sus 25 años se desempeñaba como miembro de la junta de acción comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guaimaro, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.
A este líder comunal lo recuerdan por ser uno de los defensores del proceso de sustitución de cultivos ilícitos y por el acompañamiento a la comunidad durante los paros cívicos. No tenía amenazas en su contra y su muerte es todavía un misterio, que, denuncian, no se está investigando.
Sierra fue sepultado en su natal Santa Rita, corregimiento del municipio de Ituango, norte de Antioquia.
Gabriel Correa Chavestan
Desde que ejercía como presidente del Concejo de Buenos Aires, la víctima denunció en plena sesión plenaria junto a otros compañeros amenazas de muerte en contra de varios de los miembros de su bancada.
Este hombre de 49 años ya había sido líder comunal en zona rural del municipio, desde donde trabajaba en la venta de oro y la defensa de la minería artesanal, sustento de muchas de las familias que habitan en esta zona del departamento del Cauca.
Su crimen, ocurrido el pasado 2 de julio, fue rechazado por el Partido Verde, al igual que por la comunidad de Buenos Aires, desde donde le pidieron al Gobierno justicia.
Luis Barrios Machado
Oriundo de Lorica, Córdoba, la víctima fungía como presidente de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela, era presidente de Asocomunal y había aspirado en dos oportunidades al Concejo municipal.
La Gobernación del Atlántico confirmó que el líder asesinado había emprendido una labor de denuncia contra las redes de microtráfico del municipio, cuatro meses atrás.
También se conoció que la Unidad Nacional de Protección determinó que a pesar de las amenazas, Barrios no necesitaba de seguridad personal porque tenía un “riesgo ordinaririo”. Tras su asesinato el pasado 3 de julio, el líder deja a 5 hijos huérfanos.
Santa Felicinda Santamaría
La presidenta de la junta de acción comunal del barrio Virgen del Carmen, de la comuna 2 de Quibdó, en Chocó, fue asesinada el 3 de julio.
Para los habitantes de la zona, Felicinda era una excelente líder de la acción comunal, respetada y reconocida por la comunidad debido al trabajo que desarrollaba en su barrio, donde realizó diferentes jornadas para rechazar los hechos de violencia que se registraban con frecuencia por los enfrentamientos entre pandillas y la inseguridad. En los últimos meses, la llegada de bandas criminales a la zona le habían costado a Santamaría amenazas que, según dicen en su barrio, ninguna autoridad escuchó.
David Mejía Prieto
Este agricultor de 36 años fue asesinado el 3 de julio. Familiares y amigos lamentaron el triste final de quien otrora fue presidente de la junta de acción comunal de Provivienda, en el asentamiento Virgen del Carmen de esta localidad ubicada en el Caquetá.
La comunidad que reside en el norte del departamento señaló que se encuentra preocupada, pues en lo corrido de este año han sido asesinados diferentes líderes sociales de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y La Montañita. Piden a las autoridades mayor presencia y celeridad en las investigaciones de estos crímenes.
ORLANDO RESTREPO
EL TIEMPO
orlres@eltiempo.com
