Inaudito: empresa de fumigación elegiría personeros en 12 municipios

Inaudito: empresa de fumigación elegiría personeros en 12 municipios

La compañia, que también se dedica a combatir ratas, revisará las hojas de vida de los candidatos. 

Procuraduria

La advertencia la hizo el propio procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

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Archivo particular

Por: Nelson Ardila
17 de diciembre 2019 , 08:45 a.m.

Las juntas directivas de una docena de concejos de Meta, Cundinamarca y Boyacá están en la mira de la Procuraduría porque escogieron a una empresa cuya actividad comercial es la fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos para hacer la selección del personero de sus municipios para el periodo 2020-2023.

La advertencia la hizo el propio procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, como parte de la acción preventiva iniciada para la vigilancia de los procesos de selección de 1.102 personeros en el país.

Y por ello, el jefe del Ministerio Público envió comunicaciones a las mesas directivas de los concejos de Chitaraque en Boyacá, Guatavita en Cundinamarca; y Acacías, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Granada, La Macarena, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo y Uribe, en el departamento del Meta, en la que pidió que se informe cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta las corporaciones para determinar la idoneidad de las empresas seleccionadas, si la experiencia certificada es proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por los concejales.

Los miembros de las mesas directivas de estos concejos habrían firmado contratos con la firma Solución planificada grupo empresarial solidario, que en el registro único empresarial y social, según la queja presentada ante la Procuraduría por el concejal de Granada Maicol Ramos, habría alterado el objeto social del documento de la Cámara de Comercio de Tunja (Boyacá) para poder adelantar el proceso de selección de los personeros.

El concejal Ramos encontró que apenas el 20 de noviembre pasado, la junta directiva de esa empresa hizo la modificación ante la Cámara de Comercio de Tunja del objeto social incluyendo la especialidad en selección de personal, después de que había sido contratada por los concejos de Granada y El Castillo.

A esto se suma que la mayoría de los concejos apenas fijaron tres días para la inscripción de los aspirantes, cuando la norma establece que son cinco, recortando el tiempo de inscripción. Adicionalmente, la convocatoria no se divulgó a través de los medios de comunicación y la empresa contratada para hacer el proceso de selección únicamente tiene un empleado, argumenta en su denuncia el concejal de Granada.

Y lo que más llama la atención es que los personeros se inscribieron nuevamente en el concurso de méritos y están encabezando las listas de candidatos para ocupar nuevamente los cargos en los municipios donde están por terminar su periodo, advierte el concejal Ramos.

Una empresa especializada en procesos de selección de personal es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del convenio

El Procurador recordó que las mesas directivas de los concejos están obligadas a determinar que la empresa seleccionada cumple con los requisitos necesarios para adelantar el concurso y de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, el concurso público de méritos para elección de personeros puede efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

“Una empresa especializada en procesos de selección de personal es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del convenio, esto es adelantar el concurso público de méritos para elección de personeros”, advierte el Procurador.

Finalmente, indicó que en el caso de que el concejo haya contratado con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos previstos en la normativa descrita debe “analizar jurídicamente la terminación de mutuo o la terminación unilateral, si así lo prevé el convenio, dando lugar a iniciar un nuevo proceso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”.

NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO

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