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La incierta realidad de los que migran por desastres climáticos

Cada año, las lluvias inundan pueblos y obligan a evacuar a miles de familias. Reciente emergencia en Cali (foto).

Cada año, las lluvias inundan pueblos y obligan a evacuar a miles de familias. Reciente emergencia en Cali (foto).

Foto:Juan Pablo Rueda

De 8,8 millones de desplazados en el país, entre 2008 y 2021, 3,6 fueron por tragedias ambientales.

Abandonar su hogar, recorrer kilómetros y buscar refugio en otros territorios, pueblos o ciudades, sin cruzar las fronteras de sus países, es la suerte de más de 59 millones de personas en el mundo, obligadas a desplazarse y empezar de ceros por contextos de violencia, violaciones de derechos humanos o desastres de origen natural y humano no intencional.
Colombia es el tercer país con la tasa más alta de desplazamiento interno, por debajo de Siria y la República Democrática del Congo, con los que comparte décadas de conflicto, que es, precisamente, la principal causa de movilización de las comunidades. El 90 % del total de los casos tiene este detonante.
Pero paralelo a la amenaza de las armas, problemática atribuible únicamente a la acción del hombre, las inclemencias de la naturaleza han forzado migraciones que, al no tener un victimario tangible, pasan inadvertidas sin que la mayoría de los afectados reciba una reparación integral o siquiera un seguimiento a su situación.
Y es que una cosa es el número de personas desplazadas y otra la cantidad de hechos que produjeron este fenómeno. Frente a este aspecto, de los 38 millones de eventos ocurridos en 2021, en los cinco continentes, 23, 7 millones, es decir el 63 %, corresponde a desastres o tragedias climáticas, según registran las cifras del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno.
Pese a esta magnitud, en Colombia –tendencia que es extrapolable a nivel global– la diferencia entre la atención a los desplazados por conflicto y a los de causas ambientales es notoria, siendo estos últimos, en buena parte de los casos, relegados de las políticas públicas a largo plazo y atendidos bajo un modelo de emergencia que no les permite superar el conjunto de vulnerabilidades a las que se exponen con el éxodo.
Habitantes de Juanchito se transportan en lanchas.

Habitantes de Juanchito se transportan en lanchas.

Foto:Archivo particular

Esta mirada la comparte Vicente Anzellini, gerente del Centro Mundial de Monitoreo e Informes, quien asegura que la respuesta por parte del Gobierno a las catástrofes es de carácter inmediato y al poco tiempo, una vez superadas las necesidades iniciales de los afectados, la ayuda deja de proveerse y se pierde su rastro.
“En el caso colombiano, el Estado tiene una estructura muy desarrollada en cuanto al acompañamiento del desplazamiento por conflicto, bajo un marco normativo como la Ley de víctimas que brinda garantías y ofrece una resolución efectiva. Por ejemplo, se tienen cifras de desarrollo social y toda una serie de indicadores con especificaciones muy minuciosas. Nada de esto ocurre en el caso de los desastres, que siguen siendo abordados desde un carácter humanitario”, asegura el vocero de la organización.

Radiografía en Colombia

De los 8,8 millones de desplazados en el país, entre 2008 y 2021, 3,6 millones fueron personas que lo perdieron todo a causa de tragedias ambientales, informa el Observatorio. Las inundaciones, un fenómeno frecuente en las temporadas invernales, fueron los principales detonadores de estas migraciones, alcanzando su pico más alto en el 2010. Ese año el país se enlutó con tragedias como la de Gramalote, en Norte de Santander, donde las lluvias provocaron un alud de tierra que sepultó al pueblo y forzó la evacuación de más de 3.000 de sus habitantes.
Otros hechos, como incendios forestales, deslizamientos, tormentas y la actividad volcánica, también sumaron víctimas, aunque en un porcentaje considerablemente menor.
Las características de la emergencia son las que determinan el comportamiento del desplazamiento: si se asientan en las ciudades, se recorren distancias más cortas y se reajusta el estilo de vida de las víctimas. También influye si tiene un origen inmediato, como los desbordamientos y avalanchas, o de largo plazo, como las sequías y elevaciones del nivel del mar.
“Por ejemplo, hay comunidades costeras que cuando el océano se va comiendo la playa, solo se mueven un poco. Pero hay otras tragedias que movilizan la gente de zonas rurales hacia centros urbanos. En Gramalote la mayoría se fue a Cúcuta, ya que allí había más oportunidades de trabajo y redes de apoyo que les permitieron empezar de nuevo; porque el Gobierno, sí, les da un par de mercados, pero casi todos deben rebuscársela por su cuenta”, indica Anzellini.
Entre el 16 y el 17 de diciembre de 2010, una falla geológica y lluvias generaron una remoción en masa que ‘desapareció’ a Gramalote

Entre el 16 y el 17 de diciembre de 2010, una falla geológica y lluvias generaron una remoción en masa que ‘desapareció’ a Gramalote

Foto:César Alberto Escalante

El nivel de afectación también es el que moviliza las estrategias del Estado frente a los desastres, que en la mayoría de los casos se limita a brindar asistencia humanitaria, con albergues y donaciones. Solo en los más graves, como el del municipio nortesantandereano, la avalancha en Mocoa y más recientemente el paso del huracán Iota por la isla de Providencia, se adelanta una reconstrucción estructural de las comunidades. Esta, desafortunadamente, muchas veces termina inconclusa.
Más de 10 años después de la desaparición de Gramalote, el nuevo municipio, reedificado a 20 minutos del antiguo centro del pueblo, aún no ha sido 100 % acabado.

¿Atención desigual?

La perspectiva cortoplacista es la principal diferencia entre la atención a los migrantes por emergencias naturales. Además, el tinte político que a veces está inmerso en los planes, así como un vacío legal en la categorización de las víctimas, que en el país se consideran damnificados, le resta responsabilidades al Gobierno en su reparación. Marco Romero, docente de la Universidad Nacional y experto en derechos humanos, asegura que esta exclusión tiene que ver con una descoordinación con el derecho internacional, que demanda que quienes perdieron todo a causa de desastres sean incluidos en el grueso de desplazados.
“Desde la Convención del Cambio Climático, que Colombia ratificó en su normativa, se ha hecho referencia al desplazamiento por temas ambientales. Sin embargo, el país no aplica estos estatutos porque, duele decirlo, los desastres naturales son muy comunes y no tienen un doliente al cual atribuirse. Producto de ello, no hay una atención ligada a los derechos, sino a la reparación inmediata de los daños.
Así mismo, se presupone que quienes recibieron una ayuda temporal de emergencia volvieron a la normalidad, aunque nadie lo sepa a ciencia cierta”, dice el académico.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el vértice entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales para diseñar y aplicar los planes de prevención y reacción a las emergencias. Actualmente cuenta con un Registro Único de Damnificados, que es la base sobre la cual se orienta la ayuda; no obstante, reconoce la entidad, este método necesita ser mejorado a la luz del contexto actual. “Estamos ante un momento de transformación histórica de las condiciones de vida por causa de los efectos del cambio climático que exige discutir la noción de desplazamiento por eventos ambientales. Las estrategias actuales deben añadir un enfoque de género, diferencial y, a su vez, entender estas nuevas dinámicas de las migraciones”, señala la UNGRD.

“Se presupone que quienes recibieron una ayuda temporal de emergencia volvieron a la normalidad, aunque nadie lo sepa a ciencia cierta”.

Otro factor que entorpece la construcción de una normativa integral, enfocada principalmente en la prevención, es el carácter político que se le da a la atención de desastres. Los expertos coinciden en que cada fenómeno natural, sobre todo el de la Niña –que es el más frecuente en Colombia–, es tomado como una forma de medirle el aceite al Gobierno de turno y criticar o aplaudir su capacidad de ejecución.
“No se ganan puntos políticos reduciendo el riesgo, se ganan proveyendo colchones y mercados. Por eso es tan mediatizada la ayuda humanitaria y las acciones posteriores a la tragedia, y no tanto los planes o estrategias que evitan que suceda. Pero, como siempre he dicho, un peso invertido en prevención, ahorra siete en atención, y solo a través de este enfoque se puede generar un impacto realmente transformador, que evite que los mismos de siempre sigan expuestos”, enfatiza Anzellini.
De hecho, el año en curso no ha sido ajeno a las devastaciones del clima. Todos los departamentos del país han presentado emergencias a causa de las fuertes lluvias, que suman más de 200 muertos y 500.000 personas damnificadas. Por el nivel de las afectaciones, el presidente Gustavo Petro decretó “situación de desastre” para facilitar la destinación de recursos a fines humanitarios, entre ellos provisiones de comida, servicios de salud y reubicación. Hasta el momento, se tiene una chequera de 2,1 billones de pesos para este propósito.

Puntos ganados

Con todo y estos retos pendientes, tanto el vocero del Observatorio como el docente universitario coinciden en que ha habido avances que, discretamente, han salvado miles de vidas en los últimos años.
“Si uno mira en perspectiva, desde la erupción del Nevado del Ruiz en el 85 a hoy, hubo un cambio de paradigma en la gestión del riesgo y atención de desastres, convirtiendo a Colombia en uno de los países pioneros en América Latina, no solo en movilización temprana sino en prevención probabilista, que es todo lo que puede ocurrir y no ha pasado. Pero esas cosas no se suelen visibilizar tanto”, asegura el experto en Monitoreo.
Para la muestra, fue gracias a un sistema de alerta temprana que más de 10.000 ribereños de los afluentes cercanos al volcán nevado del Huila pudieron evacuar a tiempo cuando su erupción produjo una serie de avalanchas, en el 2007.
Damnificados en Caldas por el invierno

Damnificados en Caldas por el invierno

Foto:Jaiver Nieto Álvarez /CEET

Casos como este, con una cifra significativa de muertes evitadas, se cuentan por decenas desde entonces. De todos modos, insiste Anzellini, no ha habido un buen mapeo de cómo se redujo el desplazamiento.
Fortalecer este aspecto es vital de cara a las predicciones de fenómenos que se avecinan por el cambio climático. Además, porque la migración afecta toda una serie de indicadores sociales, entre ellos la seguridad alimentaria, que se impacta con el abandono del campo y la actividad agrícola debido a las condiciones naturales.
“Después de perder su cultivo una y otra vez, el campesino se ve obligado a dejar su trabajo porque no le es rentable. Ello le quita manos a la producción de la tierra, que es una de nuestras principales preocupaciones en las proyecciones que hemos realizado sobre sostenibilidad y desarrollo”, concluye el Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno.
SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO
Redacción EL TIEMPO

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