Todos los días, cuando el reloj marca las 7:30 a.m., los vendedores informales que suelen estacionarse en un costado de la iglesia San Juan de Dios, en la carrera 10ª, entre calles 11 y 12 en Bogotá, son testigos de la misma escena: una mujer indígena llega junto con dos hijas pequeños, pone una manta sobre el piso y se sienta sobre ella.
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Una de las niñas —de unos cinco años aproximadamente— se sienta sobre el regazo de su madre y ubica un pocillo plástico centímetros más adelante. La mujer lleva una larga falda rosada con estampados celestes y una sudadera azul desgastada. La pequeña va en pijama de muñequitos.
La hermana —que aparenta unos doce años— se ubica al lado izquierdo de quien parece ser su madre. Lleva una sudadera gris y chaqueta con capucha con la que intenta tapar su rostro.
No pasan 15 minutos cuando una persona arroja los primeros pesos dentro del vaso. La más pequeña de las tres se asoma rápidamente, mira de cuánto es la moneda y vuelve a su posición. Repite el mismo ejercicio una y otra vez.
La mayoría de las emberas que está en la capital no habla español. Y las pocas que conocen el idioma rara vez aceptan conversar con desconocidos.
César Melgarejo/EL TIEMPO
Sobre el mediodía, el rostro de la mujer indigena no es el mismo. El humo de los cientos de vehículos que pasan por ese lugar, el sol en su punto más alto y el hambre pasan factura.
Las niñas, en cambio, han logrado acomodarse y tomar una siesta. La más grande, que ahora usa la chaqueta como cobija, parece dormir plácidamente en el piso; la pequeña, lo hace sobre el pecho de la mujer.
“Normalmente desocupan a las 5 de la tarde y suben como para la Plaza (de Bolívar)”, dice otra mujer indígena que vende artesanías a pocos metros. “Llegaron hace un mes, pero no hablan con nadie”, agrega.
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Es difícil calcular cuánto dinero reciben en una jornada. De hecho, en ningún momento la taza morada parece estar llena. Tampoco resulta sencillo acercarse e intentar hablar con la mujer. “No español”, repite insistentemente.
Unas cuadras al oriente, en la carrera 8.ª con calle 12, el panorama es similar. Allí, frente al edificio Murillo Toro y a pocos metros de la Plaza de Bolívar, dos mujeres que se identifican como emberá katío piden monedas a los transeúntes junto con cuatro niños que no superan los 8 años. Su aspecto es similar al de la mujer de la carrera 10ª: llevan ropas desgastadas y lucen cansadas.
Es en este punto en donde se observa una escena particular. Luego de que un hombre que va de traje arroja un billete que a lo lejos parece de 2.000 pesos, una de las mujeres, que parece ser la mayor de las dos, toma varias monedas y billetes y los esconde rápidamente bajo su falda. El vaso vuelve a estar en ceros.
Esta escena se repite en varios puntos de la ciudad. En el barrio El Cortijo, de Engativá, en el puente peatonal de la calle 26 con carrera 66A y en algunas estaciones de TransMilenio, es posible ver a mujeres indígenas, con niños sobre sus espaldas, mendigando o pidiendo comida a los transeúntes. Últimamente se les ve bailando al son de parlantes desde los que sale lo que parece ser una canción de la peruana Wendy Sulka.
Para las emberá es muy doloroso estar fuera de sus lugares de origen.
César Melgarejo/EL TIEMPO
Del drama de estas mujeres y los niños emberás que viven en Bogotá también pueden hablar los residentes de la Unidad de Vivienda Hans Drews Arango, en Antonio Nariño, vecinos de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. Ellos son testigos de las condiciones en que viven 711 indígenas de los pueblos emberá chamí y katío luego de pactar con el Distrito su salida del parque Nacional y dicen conocer de primera mano cómo funciona el negocio de la mendicidad en el sector.
“Eso es, como dicen, un secreto a voces. Los viejos sacan a las más ‘pelaitas’ y las mandan a pedir plata. Usted las ve saliendo de acá todos los días a la misma hora”, le dijo a EL TIEMPO Luz Pardo, vecina del sector.
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Y es que con el traslado de los emberás a este punto del centro de la ciudad, lejos de mejorar la situación la ha empeorado, sobre todo para mujeres y niños. De acuerdo con varios testimonios a los que este diario tuvo acceso, la mendicidad es solo la capa visible de un problema mucho más profundo.
De hecho, desde los entes de control existe una clara preocupación por algunas situaciones que podrían estar poniendo en riesgo la protección de mujeres y niños. El problema radica en que muchos funcionarios y miembros de organismos humanitarios aseguran que es muy difícil romper los cercos de desconfianza de las comunidades y que por ese motivo varias situaciones quedan en el limbo.
A las mujeres las mandan temprano a pedir plata y los mayores, como acá les llaman a los jefes de la comunidad, no dejan que los niños se queden. Los mandan en grupitos y a los gritos.
Así, por ejemplo, hay versiones fuertes —que finalmente nunca llegan a denuncias formales— sobre la explotación a la que son sometidos niños y niñas emberás a los que, supuestamente, recogen en camionetas las tardes de los viernes y que suelen regresar hasta el lunes siguiente a los albergues. “Nadie sabe, o mejor nadie pregunta, a dónde los llevan, pero suelen regresar con dinero”, le contó una fuente a este diario.
María, una partera y artesana emberá que lleva años en Bogotá y que no vive en los albergues, asegura que es una práctica común que las mujeres sean obligadas a pedir dinero en las calles, acompañadas por sus niños. La plata deben entregársela a sus esposos o a líderes de la comunidad. “Si no lo hacen, las castigan, las maltratan”, dice.
Ella asegura que la situación más crítica la viven los niños, a los que no mandan al colegio para que ‘colaboren’ con el ingreso familiar a través de la mendicidad. Dicha información fue confirmada por una trabajadora de La Rioja, quien pidió no revelar su identidad.
“A las mujeres las mandan temprano a pedir plata y los mayores, como acá les llaman a los jefes de la comunidad, no dejan que los niños se queden. Los mandan en grupitos y a los gritos para que salgan todos juntos. (...) Cuando vuelven es que empiezan las peleas por quién se queda con la plata”, cuenta.
EL TIEMPO visitó el albergue temporal, luego de las protestas del 19 de octubre -que terminaron en graves hechos de violencia contra la fuerza pública-, y evidenció las condiciones de hacinamiento en que viven los indígenas.
“Vamos a instalar una mesa de trabajo conjunta para atender, junto con la Alcaldía de Bogotá, los asuntos urgentes de esta comunidad en términos de atención humanitaria, pero también en términos estructurales de cómo vamos a hacer el retorno para quienes voluntariamente puedan retornar a su comunidad o para quienes tengamos que reubicar”, expresó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, quien además es indígena emberá.
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La mayoría de las emberas que está en la capital no habla español. Y las pocas que conocen el idioma rara vez aceptan conversar con desconocidos. Cuando lo hacen, afirman que salen a las calles por iniciativa propia y que lo hacen ante las dificultades que tienen los hombres para conseguir trabajo en Bogotá. Además de pedir, suelen conseguir dinero vendiendo manillas o bailando.
En 2021, la Secretaría de Gobierno denunció la vulneración de los derechos de mujeres y niños emberá por parte de líderes indígenas y de otras personas que no pertenecían a las comunidades indígenas.
César Melgarejo/EL TIEMPO
Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, afirmó que el Distrito junto con las autoridades trabajan para luchar contra este tipo de explotación.
“Desafortunadamente hay casos de mendicidad infantil, casos de mendicidad de mujeres. Hemos identificado que hay mujeres y niños vulnerables que son obligados a salir a la calle a pedir dinero. Eso no lo podemos aceptar ni tolerar”, afirma el funcionario.
Estas denuncias han hecho que los operativos por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de la mano de la Mesa de prevención y erradicación del Trabajo Infantil (PETIA), se hayan intensificado durante las últimas semanas.
“El ICBF ha dispuesto de 51 Equipos Móviles de Protección Integral para hacer búsqueda activa de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, vida en calle, alta permanencia en calle o mendicidad”, señaló la entidad.
Sin embargo, hasta ahora no se conocen resultados concretos de esos operativos. Y mientras tanto, las mujeres y niños emberás siguen aguantando sol y agua en cualquier calle o puente de la ciudad.
Violencia y abuso
María asegura que la situación en los albergues temporales dispuestos por el Distrito es crítica por los casos de maltrato y abuso en contra de mujeres emberá.
“La jurisdicción indígena y su justicia no están funcionando en Bogotá. Los hombres están maltratando a sus mujeres y a sus niños y no reciben ningún castigo”, se atreve a afirmar. Y cuestiona que muchas veces la plata que logran reunir las mujeres se la gastan los hombres en alcohol todos los fines de semana.
"El trago los transforma (a algunos hombres). A veces cuentan que sus maridos las 'obligaron a estar' con ellos a pesar de que ellas no querían, pero no lo ven como una relación sexual forzada", asegura una de las personas que han tenido contacto con las mujeres emberá.
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Según esta fuente, varias mujeres aseguran no estar acostumbradas a Bogotá y se han planteado volver a sus territorios; sin embargo, serían los hombres de la comunidad quienes no las dejan retornar. Cabe mencionar que para las emberá es muy doloroso estar fuera de sus lugares de origen.
De hecho, varias autoridades de la ciudad han encontrado personas que participan en los asentamientos, se acogen a los programas de retorno a Risaralda o Chocó y regresan una y otra vez a la ciudad. También, se han documentado casos en los que algunos indígenas que, pese a contar con vivienda en Bogotá, permanecen en los sitios de asentamiento adecuados por el Distrito.
“Como el matrimonio infantil sigue dándose, no es raro encontrar mujeres con menos de 20 años que son madres de cinco o más niños. Las niñas suelen llevar una muñeca en la espalda cuando no tienen que cargar a sus hermanitos. Y es muy frecuente ver a los niños emberá golpeando fuerte a las niñas. Es un comportamiento que interiorizan desde pequeños", dice una de las fuentes consultadas para este informe.
Una de las barreras con las que se encuentran las emberá es la dificultad para denunciar. “Tal vez la barrera más grande, además de las culturales, es la del idioma. En esos casos Bogotá tiene que sacar para poner el traductor y no en todos los casos hay disponible”, explicó el secretario de Gobierno. Otras, simplemente, no conciben la denuncia como una salida para su situación.
Para la elaboración de este reportaje, EL TIEMPO consultó con varias integrantes de su comunidad, quienes se negaron a participar hasta no obtener el permiso de sus parejas e incluso pedían dinero para conceder una entrevista.
Situaciones como estas alertaron a las autoridades y al Distrito. De hecho, en noviembre de 2021, la Secretaría de Gobierno denunció la vulneración de los derechos de mujeres y niños emberá por parte de líderes indígenas y de otras personas que no pertenecían a las comunidades indígenas.
“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá instrumentalice a ningún menor”, indicó en su momento el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho.
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Estas denuncias se suman a varias realizadas por funcionarias públicas que dicen haber sido maltratadas mientras ejercían sus labores en las UPI y que ya están en manos de la Personería y del Distrito.
De hecho, hay al menos tres denuncias relacionadas con casos de violencia sexual y agresiones cometidos por hombres de la comunidad en contra de sus parejas que ya están en poder de la Fiscalía.
“Hechos ocurridos en la UPI la Rioja por indígenas embera en estado de alicoramiento, consuman actos sexuales abusivos contra gestores de Dialogo y Convivencia en el ejercicio de sus funciones”, se lee en una de las denuncias con fecha del 25 de mayo.
“Bajo el deber de denunciar que tiene todo funcionario público, el Subsecretario para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, pone en conocimiento de actividad competente la comisión de presuntas conductas punibles como acto sexual abusivo y lesiones personales, sucedidas en la UPI La Rioja bajo el consumo de licor”, dice en otra del 19 de septiembre.
Una historia que nunca acaba (línea del tiempo)
Años 80
Luego de la llegada paulatina de grupos armados a zonas cercanas a sus cabildos en Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda) y en Bagadó (Chocó) a partir de los años 80, emberás Chamíes y Katíos sufrieron varios desplazamientos.
2004
Los primeros registros de la población emberá en Bogotá datan del año 2004. En la capital se establecieron en pagadiarios y vivían de las ventas ambulantes y del comercio de artesanías.*
* Según reseña el documento ‘Los emberá: Desplazados en Bogotá’ de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno.
2008
Para esa época se empezaron a conocer otras formas en que conseguían ingresos: mientras los hombres emberá trabajaban en labores informales, las mujeres se dedicaban a los oficios domésticos y a mendigar.
2009
Cinco años después, a través del auto 004 de la Corte Constitucional, se declararon en emergencia humanitaria porque la guerra en sus territorios había ocasionado “muertes, desapariciones, desplazados y amenazas, en particular muertes de líderes”.
2012
Si bien hubo un intento de retorno hacía sus regiones, que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012, varios de los indígenas que viajaron hacia Chocó y Risaralda regresaron a la capital.
2013
Para el 2013, según datos de Planeación, ya había 85 familias en la capital. 43 pertenecían a la etnia emberá Katíos y provenían del Resguardo Alto Andágueda, municipio de Bagadó (Chocó) de las comunidades de Aguasal, Cascajero, Río Colorado, Irakal y Pescadito. Treinta y seis eran familias emberá Chamí de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda) y seis más, emberá Katío de la comunidad de Marruecos, también del municipio risaraldense.
2016
El 2 de agosto, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio del Interior declarar una alerta temprana en Pueblo Rico, Risaralda, por la presencia del Eln, grupo armado que intentaba ocupar espacios que eran controlados por el frente Aurelio Rodríguez de las Farc antes de que empezaran los diálogos de La Habana.
2018
En agosto, la Personería de Bogotá publicó un informe en donde denuncia que la ciudad no ofrece condiciones dignas para garantizar la salud y estadía de las familias del pueblo Embera Chamí y Katío. “Por este motivo las familias se ven obligadas a la mendicidad para subsistir”, señaló el ente de control.
29 de septiembre de 2021
Quince pueblos de las Autoridades Indígena en Bakata —entre ellos 275 familias emberás chamí y katío—, se establecieron en el parque Nacional luego de ser desalojadas de las viviendas que habitaban en arriendo desde abril de ese año gracias a recursos del Distrito.
13 de mayo de 2022
1.585 miembros de los pueblos emberá Katío, emberá Chamí, emberá Dobidá y otras tantas denominaciones, salieron del parque Nacional tras 220 días de asentamiento. Fueron trasladados a las UPI de La Rioja, en la localidad de Antonio Nariño, y La Florida, en Engativá.
19 de octubre de 2022
14 policías, ocho gestores de convivencia y cinco civiles resultaron heridos tras enfrentamientos entre 200 indígenas Emberá y el Escuadrón Antidisturbios en el centro de Bogotá, luego de que una protesta por el supuesto incumplimiento de los acuerdos pactados entre el Distrito, la Unidad de Víctimas y las AIB terminó convertida en graves hechos de violencia.
(Siga leyendo: El choque de las dos justicias en los casos de violencia sexual)
Camilo A. Castillo - @camiloandres894
Loren Valbuena - @lorenvalbuena17
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