En el marco del segundo consejo regional de seguridad, que tuvo lugar este lunes en Bucaramanga, los mandatarios de los departamentos de Bolívar, Santander y Cesar, expresaron su preocupación por el aumento de las acciones delictivas de la guerrilla del Eln en sus regiones.
Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, señaló que se viene presentando un fenómeno criminal, relacionado con una alianza que se ha establecido entre ese grupo subversivo y estructuras ilegales, especialmente para la comisión de delitos como el secuestro.
“Tenemos conocimiento que hay bandas de delincuentes que están al servicio del Eln, haciendo esa labor de retención de personas para luego ser entregadas a esa guerrilla”, precisó el mandatario.
Por su parte, Francisco Ovalle, gobernador del Cesar, señaló que hay un aumento en la práctica de la extorsión por parte de ese grupo guerrillero. Además de un incremento del abigeato.
Añadió que el municipio de Aguachica, al sur de ese departamento, se ha convertido en el epicentro del corredor del narcotráfico entre el Catatumbo, en Norte de Santander, y el sur de Bolívar.
La migración de venezolanos hacia Colombia, también es uno de los temas que preocupa a los mandatarios de estos departamentos vecinos, que vienen siendo receptores de un alto número de los ciudadanos del vecino país, situación que está derivando en un aumento de los índices de indigencia, informalidad e inseguridad.
Didier Tavera, gobernador de Santander, señaló que la situación se ha desbordado y que para ello se requiere de una política nacional que establezca recursos, una ruta de atención así como controles migratorios más contundentes.
No es una situación que le atañe a las ciudades, sino que tiene que haber una política de Estado
“No es una situación que le atañe ni a las ciudades ni a los departamentos, sino que tiene que haber una política clara de Estado”, dijo Tavera, quien agregó que Migración Colombia está en “incapacidad de tener un registro real” del número de venezolanos que está llegando a las regiones, pues las cifras entregadas por la entidad no son afines con la realidad de la problemática.
BUCARAMANGA