El regreso a la tierra prometida de 7 comunidades indígenas

El regreso a la tierra prometida de 7 comunidades indígenas

Todavía tienen temor por encontrarse con grupos armados ilegales.

Valle dle cauca

Representantes del resguardo indígena con las diferentes entidades del Estado. 

Foto:

EL TIEMPO

Por: Mariana Gómez Gutiérrez 
15 de noviembre 2019 , 05:51 p.m.

Desde 1996, la lucha de las comunidades indígenas del resguardo Kwe’ sx yu Kiwe, que pertenecen al pueblo Nasa, por recuperar su territorio ancestral ha sido constante. Hoy, más de 20 años después, ven una luz de esperanza para retornar a su tierra prometida, en zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca).

"La naturaleza nos saluda. Para nosotros es muy importante volver a ocupar nuestro territorio", dijo el gobernador del cabildo mayor, Jose Arvey Ipia Medina.

El Juez tercero especializado en restitución de tierras de Cali, Diego Fernando Sosa Sánchez, emitió una sentencia a favor de las siete comunidades que conforman el resguardo para garantizar la restitución de sus derechos territoriales.

La decisión se da bajo la ley 1448 de 2011, que tiene por objeto "establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas dentro de un marco de la justicia transicional, que posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se conozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales".   

De acuerdo con Sosa, la ley 1448 es básica para la restitución de tierras, se enfoca sobre la víctima y las personas que han padecido el conflicto armado y busca que estas personas puedan ser resarcidas por el Estado, restituyéndoles las tierras que les  han sido desposeídas. “Es un avance jurídico inmenso para ponerle fin al conflicto armado en Colombia”, agregó.

Sin embargo, la felicidad aún no es completa, pues, a pesar de que el país está en plena implementación del proceso de paz, la zona en la que está ubicado este territorio ancestral es hostil y todavía existen problemas de seguridad que la misma población refiere. 

“Nosotros sabemos que lo que se viene son fases de concertación que nos pueden ocasionar preocupaciones muy grandes porque muy seguramente vamos a tener represión por parte de los grupos armados al margen de la ley, a raíz de todo este proceso”, afirmó Ipia Medina.

Agregó que para los grupos armados la sentencia es desconocida y que situaciones anómalas podrían fracturar los lineamientos de la misma.

“Tenemos miedo de que los reclutamientos empiecen de nuevo y vamos a tener que volver a las  confrontaciones”, contó.

resguardo

José Arvey Ipia Medina, Gobernador del cabildo mayor.

Foto:

EL TIEMPO

La tierra pérdida

Los desplazamientos forzados del resguardo Kwe’ sx yu Kiwe comenzaron en 1985, con hostigamientos por parte de las extintas guerrillas del M19 y Farc y hasta del Ejército Nacional, según los mismos indígenas.

También manifestaron que los enfrentamientos permanentes entre estos actores armados ocasionaron la pérdida del control territorial y el ejercicio propio por parte de las autoridades del cabildo mayor.

Con el paso de los años, la salida obligada de su territorio se mantuvo constante. Ipia Medina, por ejemplo, comentó que en el 2002 se registró un desplazamiento de 300 familias por el ingreso de paramilitares y grupos armados. Actualmente, 130 continúan desplazadas.

Tuvimos muchas afectaciones territoriales, reclutamientos, desplazamientos forzados de menores y asesinatos de líderes

“Tuvimos muchas afectaciones territoriales, reclutamientos, desplazamientos forzados de menores y asesinatos de líderes. Eso nos llevó a que en el 2015 presentáramos una demanda para recuperar nuestro territorio”, sostuvo.

Y ganaron la demanda. Aun así, sus condiciones de vida no son fáciles y, a diario, deben enfrentarse a varios obstáculos,

Si bien los indígenas siempre vieron la zona como un resguardo, oficialmente fue reconocido así por el acuerdo 096 del 5 de agosto de 2019 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT):
 cuenta con un área total de 2.539 hectáreas. Está conformado por 620 familias y 1.838 personas.

En la comunidad de La Rivera, una de las que hace parte del resguardo, hay un puesto de salud, pero no funciona debido a que no tiene dotación. Por eso, el más cercano queda a una hora y está ubicado en el municipio de Florida.

Para llegar al resguardo hay que pasar un río, que, dependiendo del clima, se puede cruzar en moto o en carro o mediante un puente artesanal. Cuando se está al otro, hay que caminar alrededor de 20 minutos por una carretera destapada.

Una vez se llega al resguardo, sus integrantes armonizan a todo aquel que arriba: visitantes, indígenas.

El ritual, consiste en echar un poco de agua en la cabeza de cada persona con un racimo de matas. Esto, según Ipia Medina, con el fin de que todos los allí reunidos tengan la misma energía y no contaminen a quienes están dentro.

Ya en la zona, hay que moverse con cuidado. Las cabeceras de Altamira, Las Guacas y Granate, otras comunidades del resguardo, están rodeadas de minas. 

No tienen identificado el número de minas que hay, pero tienen identificados los lugares por los animales, que, con sus movimientos, las han activado. 

¿Qué sigue?

Ipia Medina dijo que posiblemente con este nuevo paso que se logró se fortalecería la salud de acuerdo a las dos medicinas que manejan en la población (medicina occidental y tradicional), pero también, la educación y la cultura.

La Directora de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, Sally Mahecha, aseguró que aunque la situación de riesgo en la zona ha cambiado, el hecho de que se visibilice la comunidad y sus autoridades genera nuevas amenazas.

“Nosotros estamos haciendo articulaciones con la Unidad Nacional de Protección (UNP), que tiene órdenes específicas para la protección colectiva de las autoridades y de los líderes. Para el fortalecimiento de la guardia indígena se tienen mecanismos propios de protección internos de la comunidad, acorde a su cosmogonía y a su cosmovisión”, agregó.

Mahecha explicó que el resguardo indígena como tal también es reconocido como una víctima por las afectaciones que tuvo.

La entrega oficial  del territorio no está definida, depende de las dinámicas de las instituciones, presupuestos y planeación. “Nosotros generamos los espacios para tratar de incidir en eso y que se hagan las apropiaciones para que los temas queden incluidos en la agenda de los siguientes años”, dijo.

De acuerdo con Ipia Medina, quien representa a las 7 comunidades, en todas hay desplazamiento y en el 2018 se tuvo un acercamiento con la Unidad de Víctimas para el retorno al territorio, pero el proceso no se finalizó debido a que las familias desplazadas indicaron que retornaban siempre y cuando se les garantizaran sus derechos en las parcelas, y hay algunas que se encuentran pendientes de desminado.

Afirmó que si bien están interesados en el desminado de la zona no quieren que participe el Ejército en el proceso, pues, en el pasado, la presencia de la fuerza pública generó desplazamientos por las amenaza que recibieron de los grupos armados.. 

Para el juez Sosa lo más importante de todo el proceso es hacer parte de la construcción de país: “Considerar que uno puede ser útil en la construcción de la paz que tanto necesitamos, ver la alegría de la gente en el sentido de decir que el derecho los ampara y el Estado los protege”.

Por su parte, Mahecha comentó que lo más significativo es que después de más de 20 años de estar detrás de la constitución del resguardo, hoy están reconocidos como territorio y se están adelantando todas las acciones competentes para garantizar la seguridad jurídica de este territorio.

“Una cosa es que ellos estén acá y digan que este es su territorio ancestral, pero otra cosa es que tengan un documento que lo valide”, agregó. 

Los resguardos y los territorios colectivos son inembargables, imprescriptibles e inalienables, es decir, salen del comercio. Esto les garantiza la seguridad jurídica de que el territorio está amparado por los actos administrativos y hace parte de todos los sistemas de información del Gobierno, el cual lo reconoce como territorio colectivo del resguardo indígena.

Según un informe de Medicina Legal, publicado en noviembre de 2019, de las 284 muertes de miembros de las comunidades indígenas ocurridas entre enero y septiembre de este año, han muerto 61 personas que hacen parte de la población Nasa. 40 de los casos son homicidios.

Con respecto al 2018 se registraron 109 muertes de indígenas, 22 casos fueron homicidios de los Nasa. 

MARIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Redacción EL TIEMPO
​Twitter: @g2_Mari 

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