Asediados por el hambre y la desesperación, 66 colombianos continúan retenidos en el complejo penitenciario de La Yaguara, en Caracas, Venezuela, sin conocer alguna comunicación sobre las razones esgrimidas por la Justicia de ese país para ordenar su presidio, desde el pasado mes de septiembre.
Para esa fecha, en un intento por resolver este caso a través de los canales diplomáticos, los detenidos viajaron hasta San Cristóbal, capital del estado de Táchira (Venezuela) para someterse a un proceso de deportación. Sin embargo, los connacionales fueron devueltos a la capital venezolana y llevados nuevamente tras las rejas, sin antes surtir un proceso de imputación de cargos.
Aunque inicialmente se hablaba de un grupo de 92 colombianos aprehendidos, el estado de desidia al que fueron sometidos obligó a que una facción de estas personas optaran por la fuga, enredando aún más su situación jurídica.
Cinco meses después de efectuada la detención, el anhelo de recobrar la libertad de este grupo de migrantes se diluye con la incertidumbre que les asalta cuando tratan de explicar el confuso procedimiento que provocó su condición de prisioneros.
“Estos neogranadinos están privados injustamente, sin orden de detención, ni orden administrativa. (…) Sus derechos fundamentales han sido vulnerados por las autoridades de la administración de justicia, por las autoridades fiscales de Venezuela, donde hacen caso omiso y tienen una actitud estoica contra los principios civiles y derechos constitucionales de los ciudadanos del mundo, irrumpiendo los pactos y convenios internacionales suscritos por nuestra república con los demás países del mundo”, aseveró el abogado Sergio Ramón Aranguren, defensa de los capturados.
Además, este venezolano se mostró preocupado ante las caras demacradas y los cuerpos debilitados de estos hombres que en su mayoría padecen problemas de salud y alimenticios al prescindir de una asistencia humanitaria mientras se resuelve su estatus migratorio y jurídico.
Según Aranguren, estas detenciones se adelantaron en la periferia de Caracas, donde estos colombianos se asentaron, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades de su país de origen. “Me da tristeza que suceda esto con estos hermanos colombianos, hijos todos de Simón Bolívar. Mis papás son colombianos y lo digo con mucho orgullo. Somos la misma sangre latinoamericana”, resaltó.
El profesional añadió que sus gestiones han motivado el envío de 18 notas diplomáticas de la embajada colombiana a la Cancillería venezolana, sin obtener una oportuna respuesta. De igual forma, aludió a la figura de Habeas Corpus para solicitar una audiencia oral y pública para demostrar la inocencia de sus clientes.
CÚCUTA
