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‘Los mataron sin razón’: historia del crimen que tendría cadena perpetua

El Salado fue escenario la más terrible masacre vivida en los Montes de María, cuando un grupo de paramilitares incursionó en la región dejando 60 campesinos asesinados.

El Salado fue escenario la más terrible masacre vivida en los Montes de María, cuando un grupo de paramilitares incursionó en la región dejando 60 campesinos asesinados.

Foto:John Montaño- EL TIEMPO

En zona rural de Valledupar, una familia humilde vivió una noche de terror. Criminales capturados.

“Los mataron sin ninguna razón. ¡justicia, justicia! Ellos eran unos angelitos que apenas estaban empezando a vivir”, suplica entre lágrimas, Carmen González Romero, madre de los dos menores de edad que fueron asesinados en Camperucho, zona rural de Valledupar.
Su llanto es el signo de una tragedia marcada por el dolor y el sufrimiento... por un crimen abominable, sin precedentes en la historia de esta región y del país.
A partir de estos hechos, la justicia aplicaría por primera vez en Colombia la cadena perpetua contra violadores y maltratadores de niños.

“Los mataron sin ninguna razón. ¡justicia, justicia! Ellos eran unos angelitos que apenas estaban empezando a vivir”

A las nueve de la noche del pasado domingo 25 de julio, Carmen González Romero, de 34 años de edad, en compañía de su sobrina Dayana Michel González Torres, de 18, salieron de la finca Villa Caicedo, localizada en Camperucho, vereda del corregimiento de Caracolí (Cesar), en busca de alimentos para preparar la cena de sus tres hijos.
Al llegar al pueblo se encontraron con Gabriel Alfonso González Romero, hermano de la madre de los menores, quien departía con varias personas en el estanco ‘El Trasmallo’, de esta localidad.
Entre el grupo se encontraban Luis David Pérez Pertuz, de 20 años, y Deibis Rapalino García, presuntos implicados en la muerte de los menores.
“Vengan, compartan un rato con nosotros”, dijo Gabriel a las mujeres.
“Nos sentamos en la mesa donde estaba mi hermano quien nos invitó a tomarnos una cerveza. Estuve un rato. Luego, Carlos Alfonso Caro, hijo de mi cuñado, nos llevó de regreso a la finca en su motocicleta”, relata la mamá de las víctimas.
Esa noche todo transcurrió normal: Las mujeres cenaron con los menores de 9, 13 y 15 años.
Luego se acostaron en las humildes habitaciones, un lugar donde nada sobra, apenas  lo justo para vivir.
A las dos de la madrugada, recuerda la modesta familia,  escucharon fuertes golpes en la puerta de entrada de la vivienda y el grito de dos personas, que intentaban ingresar violentamente... a la fuerza.
“Ellos preguntaron por mi hermano: 'Poncho ¿Dónde está Poncho?, ¡abre la puerta!' Le respondimos que no estaba allí, que se fueran”, comenta Carmen, afligida por la desgracia que embarga a su familia.
Pero los agresores no escucharon. “Violentaron la puerta y a la primera que le pegan es a mi sobrina, le dan un planazo. Ella grita: “¡Ay me mataron!”, sostiene la mujer.
En ese momento, la mamá de los chicos salta de la cama para asistir a su sobrina, en medio de la angustia, vocifera: “Qué pasó? ¿Qué nos van a hacer? Nosotras no tenemos conflicto con ustedes”, recalca.
Refiere, además, que sin mediar palabra uno de los agresores la agarró del cabello y le dio una patada. Ella cayó al suelo.
“Deibis me saca a la fuerza a la calle. Al ver esto, mi hijo de 15 años, sale corriendo a defenderme. Es allí cuando el hombre le da la primera puñalada, cerca del cuello”, explica González.
“En la otra habitación estaba el compañero de Deibis dándole golpes al niño de 13 años, que gritaba porque habían herido en la garganta y le estaban dando golpes a mi sobrina”, describe desconsolada la madre.
Al escuchar, el otro joven reacciona, avanza para socorrerlos, pero en medio de la confrontación, es herido en múltiples oportunidades con arma cortopunzante.
“Mi hijo de 15 años corre para ayudarlos. Entra a la cocina y toma un cuchillo de pelar verduras y le da una puñalada en el brazo de uno de ellos. El hombre grita: ¡Ay, me apuñaleó! Deibis ataca a mi hijo, ocasionándole varias heridas”, subraya.
“En ese momento sentí como se rompía mi corazón al ver agonizando a mi hijo. Perdió mucha sangre, murió en mis brazos mi pobre muchachito”, recuerda.
Narra que su hijo menor, de nueve años, preso del miedo, se subió a una de las tablas que rozan el techo de la vivienda, para protegerse de los agresores.
“Todo estaba muy oscuro, yo gritaba, porque no veía a mi hijo de 13 años. Salió corriendo, llegó hasta un ‘jagüey’, donde horas más tarde, fue hallado sin signos vitales”, refiere entristecida.
Carmen González vivía desde hace ocho meses con sus tres hijos y su hermano Gabriel en la finca, trabajando en las labores del campo.
“Ellos ayudaban a traer la leña, el agua y cuidaban el ganado. Yo me ayudaba lavando ropa a la gente del pueblo”, afirma consternada.

Honras Fúnebres

El pasado lunes, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por las autoridades a medicina legal.
La familia atraviesa por un drama muy difícil, sobrevive en precarias condiciones, por lo cual se recaudaron fondos entre los medios de comunicación para sufragar los gastos funerarios de los menores.
La alcaldía de Valledupar, donó los cajones para darle una digna sepultura.
Los jóvenes fueron sepultados en el cementerio Vergel de La Esperanza en Codazzi.
Tras la muerte de los menores, la familia pide al Estado condena ejemplar para los responsables, apoyo psicológico y protección por parte de las entidades competentes.
“Nunca pensé vivir un dolor tan profundo. Ellos significaban mucho para nosotros, eran muy juiciosos, no se metían con nadie. Su único anhelo era ayudarnos en las labores del campo. Los mataron sin compasión”, puntualiza.

Los capturados

Pérez Pertuz fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar gracias al aviso de los vecinos.
Entretanto, Rapalino García fue detenido por las autoridades en una casa en San Diego (Cesar), el pasado 27 de julio.
Por estos hechos la fiscalía general de la Nación imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado, el cual fue aceptado por los dos.
Los imputados podrían ser los primeros a quien el Estado Colombiano les aplicaría la cadena perpetua.
“Hemos logrado un resultado del grupo del trabajo nacional de violencia de género para la atención de delitos que afectan a mujeres, niñas y adolescentes del país”, recalcó Francisco Barbosa, Fiscal General.
Ludys Ovalle Jácome
Especial para EL TIEMPO
Valledupar

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