El caso de Gildardo, el único que había sido archivado, se reactivó

El sicario –joven, delgado, vestido con buzo y chaqueta, gafas, poncho y botas– ingresó al establecimiento y casi a quemarropa descargó tres disparos. Dos se incrustaron en la cabeza de Gildardo de Jesús Valdés, que en ese momento, sentado en la barra de la discoteca Apocalypto 2, chateaba en su celular.

El tercer proyectil se estrelló contra la pared del baño, a un costado de la barra donde quedó desgonzado el cuerpo ya sin vida del tesorero y líder deportivo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Concha Abajo de Anorí, municipio del nordeste antioqueño, a cinco horas de Medellín.

Iban a ser las 10 de la noche del 28 de marzo del 2017 y unas horas antes Gildardo había celebrado con su prima Claudia Valdés el triunfo de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, en un partido que le ganó 0-2 de visitante a Ecuador. Durante la transmisión, Gildardo gritó, brincó y manoteó frente al televisor, cerca al que aún reposa –en una mesa de la sala de la casa de Claudia, donde él siempre se alojaba cuando salía de la vereda– un trofeo ganado por uno de los equipos que él ayudó a patrocinar.

El líder comunitario iba a cumplir 37 años. Su pasión era el fútbol, al que le dedicó gran parte de su vida, primero como deportista y luego en la junta de acción comunal organizando torneos y recolectando fondos para comprarles uniformes a niños y jóvenes de la vereda.

Mientras Gildardo crecía, el conflicto armado se recrudecía: Anorí fue azotado por la guerra por más de tres décadas y por diferentes actores armados ilegales (Farc, Eln, paramilitares, ‘bacrim’) que se disputaban el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Esta población llegó a ocupar el cuarto lugar en Antioquia con más accidentes por minas antipersona. Ahora, con las Farc desarmadas (hay una de las zonas veredales transitorias de normalización, con miembros del frente 36), Anorí trata de acomodarse al posconflicto.

Gildardo Valdés era un campesino nato. De niño trabajó la tierra a la par con los adultos. Se levantaba a las 5 a. m. a sembrar yuca, plátano, maíz y fríjol, a ordeñar el ganado y, luego, hacia las 9 de la mañana iba a la escuela. Al terminar la primaria se inscribió en el colegio nocturno, en el casco urbano, pero como el trabajo en la finca se puso pesado tras la muerte de su abuelo y no le quedaba tiempo para estudiar, se retiró en sexto.

Después de dos matrimonios y dos hijas empezó a alternar el trabajo en el campo con la organización de torneos de fútbol y la recolección de fondos para implementos deportivos, labor en la que se destacó tanto que durante la elección de la JAC, en el 2016, fue reelegido como tesorero.

“Era líder con los semilleros de fútbol. Toda JAC tiene un comité de deportes y Gildardo lideraba ese comité. Más que eso, lo lideraba de forma personal, como deportista que siempre fue. Gestionaba recursos, recogía fondos para conseguir los uniformes. En ese sentido era completamente reconocido, no solo en su vereda sino en la zona”, dice Rosmary Cortés, directora de Desarrollo Comunitario de Anorí.

Las causas y autores de su muerte, un año después, no son claros. Esa es, tal vez, una de las razones por las que el caso no avance. El proceso aparece desde el 25 de noviembre pasado con una anotación de “archivado” en la oficina de la Fiscalía 21 seccional de Anorí. Es el único de los 163 procesos (con 164 muertes) de líderes asesinados que, a menos de un año de ocurrido, fue archivado. Funcionarios judiciales de Anorí le dijeron extraoficialmente a EL TIEMPO que “la investigación se archivó por la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo (autor)”.

Pero voceros de la Fiscalía en Bogotá confirmaron que aunque la investigación fue archivada en Anorí, ante una alerta del Comité de Seguimiento Permanente para casos de Derechos Humanos de la misma Fiscalía, el proceso fue “desarchivado”, se encuentra activo y se le entregó a un fiscal destacado de Medellín, para que lo revise y determine los pasos a seguir.

William Andrés Velásquez, el secretario de Gobierno de Anorí, comenta que así como la investigación por la muerte del líder comunitario no ha dado resultados, una gran mayoría de las que se llevan en este municipio se quedan estancadas, y lo atribuye a la inestabilidad de las autoridades. “No se ha solucionado porque no ha habido una autoridad constante, en menos de un año hemos tenidos cuatro comandantes de Policía, lo mismo de la Sijín”, dice.

Y agrega: “Aquí tenemos Fiscalía Seccional, Sijín, Policía y gran cantidad de representantes del Estado, pero han sido poco operantes (...). Aunque hacen lo que pueden y no les podemos echar la culpa, sobre todo a la Sijín y a la Fiscalía, que tienen los procesos de investigación. Tenemos muy poca policía: 18 para 17.500 habitantes”.

En Anorí nadie sabe que el proceso continúa. Claudia, la única familiar que ha sido llamada a declarar –a pesar de que Gildardo tenía tres hermanos– no sabía que lo habían archivado. “Nunca han dicho nada. La verdad aquí las investigaciones nunca avanzan”, afirma, y agrega que cuando fue llamada a declarar por la Sijín –que hizo el levantamiento del cadáver y las primeras investigaciones–, les habló de las hipótesis que todos comentan.

La primera tiene que ver con un joven al que apodaban Serrucho, al parecer miliciano del Eln, que estuvo con Gildardo momentos antes de que le dispararan. El joven se le acercó a Gildardo, que tomaba una cerveza en una taberna cerca del parque, y lo convidó a la discoteca, a la vuelta de la taberna. Allá, según la versión de testigos, ‘Serrucho’ recibió una llamada y al colgar le habría dicho a Gildardo: “Me voy, porque esto se va a calentar”. Salió y tomó un mototaxi. Segundos después entró el sicario.

Una de las versiones que circularon tras el crimen, es que el Eln habría ordenado matar al miliciano y el sicario se habría equivocado. Los familiares, entonces, acudieron a esa guerrilla. “Fui al monte –dice uno de ellos que prefiere mantener su identidad en reserva– a hablar con un tal alias Pescao, un comandante, ya muerto. Le dije que queríamos que nos dijeran la verdad y si había sido una equivocación lo aceptábamos. Nos dijo rotundamente que ellos no lo hicieron”.

Pocos lo han visto, pero todos saben de él. Su nombre podría ser Albert, vive en Caucasia, bajo Cauca antioqueño, según algunas personas, y podría tener las respuestas que necesita la investigación. Albert, si así se llama, es el dueño de una retroexcavadora que Gildardo le pidió en arriendo cuando, como la gran mayoría de habitantes en el municipio, sucumbió al embrujo del oro.

Anorí, produce –según la Alcaldía– 3,3 toneladas de oro semanales, un 90 por ciento, producto de la minería ilegal. Gildardo trabajaba la retro con unos 10 empleados, en unas tierras que había comprado al lado de la casa donde pasó su niñez. Pero la máquina empezó a vararse y a los gastos en repuestos y gasolina, la comida para los trabajadores y el arriendo de la máquina se sumaron las vacunas del Eln: 8 millones de pesos mensuales.

Cuentan que el dueño de la retroexcavadora, al no recibir dinero del arriendo, empezó a presionar a Gildardo para que le devolviera la máquina. “Usted verá si va a venir por ella, yo tampoco se la puedo retener, pero lo que sí le digo es que ahí quedo embalado yo”, cuentan familiares que Gildardo le dijo al dueño.

A los pocos días, lo mataron. Incluso, un primo del líder asesinado asegura que un paramilitar de la zona le contó a un tío de ellos que lo habían mandando a matar por el problema de la máquina. La retroexcavadora aún sigue –al sol y al agua– en el mismo sitio.

En el pueblo también circula la versión de las amenazas de un extrabajador de Gildardo, cuyo nombre es Daniel. Cuentan que trabajaba con un motor en la explotación minera y se fracturó dos dedos de una mano. El joven le habría pedido dinero a Gildardo para el tratamiento médico, pero, dicen, se la gastaba en drogas ilícitas. Ante la negativa de Gildardo de volverle a dar dinero, Daniel lo habría buscado y lo habría amenazado: “Esto no se queda así”, le habría dicho.

Y mientras rumores como este corren por las calles de Anorí y las versiones se alimentan con más especulaciones, el proceso, aún estancado, espera la decisión que debe tomar un fiscal de Medellín. “Los miembros del comité consideran que se deben adelantar y agotar otras actuaciones –le dijo a EL TIEMPO un vocero de la Fiscalía–. Tal vez haya otras pruebas que el fiscal no tuvo en cuenta”.

Hasta su muerte, Gildardo de Jesús Valdés trabajó para que niños y jóvenes de su comunidad vieran en el fútbol la alternativa a la guerra. Integró la junta de acción comunal y desde su cargo como tesorero se convirtió en gestor deportivo. Pero, además, se destacó por impulsar otras tareas para ayudar a los habitantes de Concha Abajo, su vereda: si se quemaba un transformador, ahora que ya tienen luz eléctrica, o había algún daño en las instalaciones comunitarias, con los fondos que recolectaba se pagaban los arreglos. El dinero servía también para darle la mano a cualquier persona en caso de una calamidad o una situación difícil.

Orlando Restrepo Escobar
Enviado especial EL TIEMPO
orlres@eltiempo.com