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Ejército traslada base militar por denuncias de abusos en el Catatumbo

Por supuestos casos de abusos, que van desde ocupación de bienes indígenas hasta graves hechos de tortura, atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional acordó este fin de semana trasladar una base militar, ubicada en zona rural del municipio de El Carmen (Norte de Santander).

Por supuestos casos de abusos, que van desde ocupación de bienes indígenas hasta graves hechos de tortura, atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional acordó este fin de semana trasladar una base militar, ubicada en zona rural del municipio de El Carmen (Norte de Santander).

Foto:Cortesía del Ejército Nacional

El plazo para desmontar esta guarnición en El Carmen (N. de Santander) es de siete días.

María Eugenia Lombrado
Por supuestos casos de abusos que van desde ocupación de bienes indígenas hasta graves hechos de tortura, atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional acordó este fin de semana trasladar una base militar, ubicada en zona rural del municipio de El Carmen (Norte de Santander).

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La decisión se produjo a raíz de una serie de movilizaciones, protagonizadas por las comunidades del Alto Bobalí, una región limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y el Cesar, que exigían a las unidades del Batallón de Operaciones Terrestre N. 10 su salida de la vereda El Edén por su aparente relación en hechos de extralimitación de funciones.
De acuerdo con un comunicado de la población civil, los soldados fueron señalados de empadronar ilegalmente a los habitantes, de orquestar amenazas e, incluso, de estar involucrados con intento de abusos sexuales.
“Exigimos que se comprometan a no volver ocupar los bienes comunes, ni nuestras fuentes hídricas, predios y viviendas, ni a restringir la movilidad de las comunidades; pues esta situación nos pone en riesgo inminente de ser objeto de ataques y se afecta gravemente nuestra supervivencia”, indicó el pronunciamiento.
Este domingo, la Fuerza de Tarea Vulcano (Fudra) emitió un comunicado detallando las gestiones adelantadas el pasado 21 de junio, cuando una comisión, integrada por la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) se desplazó al territorio para escuchar las quejas de la comunidad.
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“Respecto a la utilización del predio donde se encuentra, la Fudra propuso la reorganización del dispositivo en los alrededores del sector, para continuar cumpliendo con la misión constitucional que tiene el Ejército Nacional”, informó el pronunciamiento.
Frente a las denuncias esgrimidas por los líderes de la población, la institución aseguró que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades en estos hechos.
Durante el encuentro, el plazo fijado para realizar este traslado es de siete días, que vencería el próximo 30 de julio.
A principios de este año, la Fuerza de Tarea Vulcano ha enfrentado una avalancha de cuestionamientos similares por la presunta participación de un coronel y un cabo, adscritos al Batallón de Operaciones Terrestres N. 11, en el asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres Arévalo. El homicidio se produjo en zona rural del municipio de Convención y la comunidad denunció que miembros de un retén militar pretendían cavar una fosa para ocultar el cuerpo del desmovilizado.
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