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Investigan robo de más de $2.000 millones que eran de comunidad wayúu
Indígenas wayú

El dinero estaba destinado para combatir la desnutrición.

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Yomaira Grandett / Archivo EL TIEMPO

Investigan robo de más de $2.000 millones que eran de comunidad wayúu

Los dineros eran para combatir la desnutrición en las comunidades indígenas de Manaure, Guajira.

El excandidato al senado y gerente financiero de la IPS Sol Wayuu Julio Cesar Castillo, se encuentra siendo judicializado por la Fiscalía, al parecer por la apropiación de más de 2 mil millones de pesos, destinados a combatir la desnutrición en las comunidades indígenas wayuu del municipio de Manaure.

Castillo, oriundo de Bogotá, lleva más de 25 años trabajando en la Región Caribe, como empresario y gestor social. En 2014, aspiró al senado de la República por el partido Cambio Radical. Desde hace varios años gerencia la IPS Sol Wayuu.

Por estos mismos hechos, también, fue capturado Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de dicha entidad prestadora de salud.

La investigación está relacionada con un contrato suscrito en junio de 2015 con la alcaldía de Manaure, cuyo valor ascendió́ a 8.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de cinco meses. Parte de los recursos provenían de regalías.

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El objeto del contrato era la recuperación nutricional de 2.000 familias wayús, representadas en unas 8.182 personas en estado de vulnerabilidad, en nueve corregimientos. De los beneficiados 1.790 eran menores de edad.

En esa oportunidad, el municipio de Manaure, ocupaba el vergonzoso primer lugar a nivel departamental, por el alto índice de muertes en menores de cinco años y de mortalidad materna. A la fecha, se siguen registrando muertes por estas causas en esta localidad.

La Fiscalía, solo tiene registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto. Los cuales debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.

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“Los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos”, indicó el director de la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía Eduar Alirio Calderón.

En su momento, para la realización de estas intervenciones se tuvieron en cuenta tres criterios: las comunidades donde han ocurrido las muertes por desnutrición y muertes maternas; las distancia para llegar a los centros de salud y la poca accesibilidad a los servicios de salud; y el cruce de las comunidades beneficiadas por el ministerio de salud y los programas del ICBF.

Adicionalmente, se conoció́ que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato. Por lo que subcontrató con tres empresas la ejecución del 40 por ciento del proyecto.

Una de las evidencias da muestra que Castillo, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo 30 cheques por valor de 3.304.122.084 pesos.

Unos 900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.

Aunque no aceptaron los cargos, los capturados deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer.

Profesionales de la salud desconocen pruebas

Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentra, que los profesionales de la salud nunca recibieron la suma de $57 millones de pesos, como se refleja en los contratos y en las facturaciones.

“Les pagaron a lo sumo seis millones 500 mil pesos, no conocían los contratos con Sol Wayuu, desconocen las firmas y los valores. Lo que claramente indica, que nunca hicieron seguimiento nutricional a las personas. Solo fueron a dos brigadas”, señaló la representante de la Fiscalía ante el Juez de control de garantías en las audiencias realizadas. En total se contrataron 127 personas para la ejecución de dicho contrato.

RIOHACHA

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