Disidencias y presuntos hombres de Epl, tras control de droga en Cauca

Disidencias y presuntos hombres de Epl, tras control de droga en Cauca

El norte de ese departamento tiene las alarmas prendidas. Es corredor clave de la coca y marihuana.

Disidencias Farc, Eln en Cauca

Vía que conduce de Caloto a Toribío en Cauca.

Foto:

Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

31 de octubre 2017 , 09:52 p.m.

En la empinada carretera que conduce a Toribío desde Caloto, Cauca, las señales de tránsito no solo alertan sobre curvas, derrumbes o caídas de la banca; también alertan sobre la presencia del Eln y el Epl en la zona. Debajo del signo que invita a circular con precaución aparecen pintadas con aerosol las siglas de ambas organizaciones. 

Las del Ejército Popular de Liberación, grupo guerrillero cuyo grueso se desmovilizó en 1991 y del que no se tenía reportes recientes en esta zona del norte del Cauca, están en todas partes. Los letreros de uno y otro grupo contrastan con los ya borrosos avisos de las Farc en viviendas a lado y lado de la vía.

Esas marcas territoriales ponen en evidencia la actual situación que vive esa zona del departamento del Cauca: el espacio de las Farc está siendo ocupado por otros grupos, algo que se suma a la tensión entre indígenas, campesinos y autoridades.

Cuando sus pobladores apenas se estrenaban en la paz, los grupos armados, los cultivos ilícitos y las amenazas volvieron a ser una preocupación.

En Toribío, municipio de unos 33.000 habitantes, más del 90 por ciento indígenas y en cuyo territorio se asientan los resguardos de Tacueyó, San Francisco y Toribío propiamente dicho, estas leyendas y algunas acciones han puesto sobreaviso a las autoridades y a la comunidad.

Tienen miedo de que se repitan situaciones como la del 9 de julio del 2011, cuando en pleno día de mercado explotó una chiva bomba que dejó cinco muertos, un centenar de heridos y casi destruyó el pueblo, afectando 600 viviendas, negocios y entidades.
Sigifredo Pavi, gobernador del resguardo de Toribío, resalta el ambiente de paz que vivió el municipio durante la negociación del acuerdo de paz, pero advierte que ya hay señales de riesgo, un temor que se percibe en ese y otros municipios del norte del Cauca.

“Hubo milicianos de las Farc que se marginaron del proceso de paz y aparecen las disidencias y también el Eln y el Epl, incluso de nuevo se han presentado reclutamientos”, dice.

Los patrulleros de la Policía salen, otra vez, en grupo, con chalecos antibala y los fusiles listos. “Hace unos días nos dispararon desde el cementerio y otro día fue desde la montaña”, dice uno de los uniformados al mando, que ordena a uno de sus hombres no quedarse atrás.

El personero de Toribío, Edwin Orlando Bustos Gaona, destaca que en este municipio se le apostó a la paz, al sí, en señal de que la comunidad no quiere más hechos de guerra, pero la aparición de nuevos grupos hace compleja la situación.

“Antes se tenía la certeza de las Farc, ahora aparecen el Eln, Epl, otros grupos visibles con panfletos amenazantes contra líderes, grupos pequeños, sin fuerza, pero que igual ejercen presión. El Epl no existe por acá, pero un grupo toma ese nombre; es una forma de tomar una identidad, de darse legitimidad política”, dice.

El 11 de octubre su despacho estaba a media marcha, como todo el pueblo. La noche anterior fueron voladas dos torres de energía que dejaron el municipio a oscuras.
“Hay muchos intereses de por medio en esto. El Eln está en cese del fuego; este atentado afecta es a la población, no se sabe quién quiere generar de nuevo temor”, dice un líder indígena, quien expone que disidentes de las Farc han sido vistos entre quienes aparecen como Epl.

La situación llevó a que en asamblea general los indígenas decidieran retomar el “control territorial”. A modo de retén, se instaló uno de esos controles en el sitio El Tierrero, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Toribío, en el descenso hacia Caloto. Bajo el argumento del control territorial, en abril pasado fue expulsado del municipio un grupo de hombres acusados de ser del Epl.

De acuerdo con Ismael Julio Tenorio, uno de los siete indígenas nasas apostados en el retén, ese control es una actividad de paciencia, resistencia y apego al territorio. Toman el turno a las seis de la tarde y se quedan hasta las seis de la mañana.
La protección del territorio es también la premisa del municipio y resguardo de Jambaló, unos 28 kilómetros más arriba de Toribío.

Ernest Pilcur Dizu, uno de los responsables del Plan de vida de Jambaló, aunque destaca los avances del proceso de paz, dice que en el norte del Cauca se percibe la conformación de nuevos grupos.

“Salen unos, entran otros. Hay pandillas de delincuencia común articulándose con el Epl, otros con el Eln. Y Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas en la parte plana del norte del Cauca, en Caloto y Santander de Quilichao, además de pandillas juveniles”, dice.

También están aplicando la estrategia de control territorial con guardias de día y de noche, en puestos fijos y en recorridos. “La idea es regular espacios, evitar que se conformen corredores para actividades de narcotráfico y otros grupos al margen de la ley”, precisa.

La alcaldesa de esta localidad, Flor Hilva Trochez Ramos, destaca que en esos cuatro años desde que se inició el proceso de La Habana los niños han podido matricularse en los colegios sin temor a ser reclutados. No obstante, dice que los riesgos no desaparecen, en los primeros días de octubre hombres desconocidos dispararon contra la casa de Carmen Rosa Dagua, integrante de la autoridad indígena.

Hace dos semanas, las autoridades municipales e indígenas se congregaron en un ceremonia en la que quemaron hojas de coca como señal de armonía espiritual y en la que destacaron la necesidad de avanzar en el programa de sustitución de cultivos.

La alcaldesa habla de las apuestas que se están haciendo para acabar con los cultivos ilícitos. El plan ambiental a 15 años estableció ocho líneas productivas, entre ellas la producción de café, frutales como lulo y mora, ganadería, cereales, piscicultura y otros. Ya tienen apoyo de Usaid y firmaron convenios con supermercados de una caja de compensación.

Coca y marihuana

Las autoridades de Jambaló tienen claro que la coca y la marihuana son el ‘abono’ para la presencia de grupos ilegales, por lo que insisten en la importancia de dejar de lograr el desarrollo alternativo.

El 25 de agosto, 5.000 personas se reunieron en la vereda Lomarredondo para discutir su vinculación a los programas de sustitución voluntaria.

De acuerdo con Elí Campo Bueno, Jambaló es uno de los municipios que realizaron todos los pasos del plan de desarrollo con enfoque territorial (Pedet), se hizo la consulta con la comunidad, y esperamos en diciembre los primeros desembolsos de acuerdo con los tiempos establecidos. También se requiere mucha infraestructura en salud, educación, vías”.

Una de las situaciones más críticas en el tema de cultivos la tiene Toribío. De las 9.000 familias que viven en el territorio, el 60 por ciento están vinculadas con la producción de coca o marihuana.

En la orilla de un camino hay dos jóvenes que a las seis de la tarde corren a prender los bombillos de un cultivo de marihuana para que las matas crezcan más rápido.

Ese uso de la energía generó otro problema: las sobrecargas. Los cultivos de marihuana tienen un bombillo cada tres metros. En un solo predio de unos 500 metros cuadrados hay unos 166 bombillos
. Y son centenares de cultivos, tantos que las montañas que rodean a Toribío parecen pesebres de noche, por su iluminación. Pero los transformadores se disparan y a veces quedan a oscuras.

Y lo más grave, denuncian las autoridades, es que ya los jóvenes locales están consumiendo estas sustancias. Esto conlleva a otros delitos y alimenta a los grupos armados. Se estima que entre 25 y 50 menores y jóvenes han sido reclutados en tres resguardos en los últimos meses. Las familias se abstienen de denunciar por temor a represalias contra ellos o los propios muchachos que se llevaron.

Una de las situaciones más críticas en el tema de cultivos la tiene Toribío. De las 9.000 familias que viven en el territorio, el 60 por ciento están vinculadas con la producción de coca o marihuana

Los grupos siguen creciendo. Las autoridades indígenas dicen que en abril expulsaron a 12 personas y ya hay unas 40 que se hacen pasar por integrantes del Epl. El llamado control territorial ha logrado, en todo caso, que unas 120 motos y seis carros hurtados que estaban en la zona fueran entregados a las autoridades y devueltos a sus dueños. Sin embargo, los controles indígenas están convirtiendo a los gobernadores como objetivo militar de los grupos ilegales. El gobernador del resguardo de Toribió, Sigifredo Pavi, y los gobernadores de Tacueyó y San Francisco son unos de ellos.

Carlos Marino Tomé, gobernador del resguardo de Pueblo Nuevo, lleva en su mochila varios de los panfletos en los que amenazan a las autoridades locales. “Está disparado el hurto de motos y de ganado y llegaron las amenazas de las llamadas ‘Águilas Negras’, que no son otra cosa que paramilitares. Esto es una paz armada”, dice.

El 30 de septiembre, en una emboscada, fueron asesinados tres uniformados en Miranda.Ese municipio es otro de los más golpeados por los cultivos ilegales. A solo cinco minutos saliendo del municipio se ven los cultivos. Están alternados unos con coca, otros con marihuana. “Cuando abunda un cultivo baja un poco el precio y se pasa a otro y así se rotan”, dice un habitante de Miranda.

A la convulsionada situación se suma la disparada del precio de la tierra. Un hombre señala que hace unos tres o cuatro años una parcela se conseguía allí en 5 o 7 millones de pesos, “pero llegó gente de Nariño ofreciendo tres y cuatro veces más esa plata, y la gente vendía. Ellos manejan la mayoría de cultivos”.

En Caldono están instaladas dos zonas veredales que suman unos 450 excombatientes de las Farc. Ronaldo Romero, coordinador del campamento ‘Carlos Perdomo’, en Pueblo Nuevo, destaca que no se han vivido amenazas, pero dice que la ayuda económica del Gobierno no es suficiente para los gastos.

Aunque la mayoría de excombatientes está capacitándose con el Sena y otros están terminando la primaria y el bachillerato, la gente teme que las dificultades económicas los puedan llevar a rearmarse o a unirse a uno de esos nuevos grupos. El mismo Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’, expuso en un foro en Cali que grupos armados estarían ofreciendo dos y más millones de pesos para que se vinculen a esas organizaciones.

IVÁN NOGUERA
Enviado especial
CAUCA
ivanog@eltiempo.com.co

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