A ocho días del asesinato de Dimar Torres Arévalo, un excombatiente de las Farc que fue ultimado por un cabo del Ejército, en zona rural de Convención (Norte de Santander), su familia no se recupera de esta pérdida, que dejó a la deriva a su esposa, una mujer con dos meses de gestación; y a sus padres, de 74 y 68 años.
Este exmiliaciano duró cinco años en prisión por el delito de rebelión y consiguió su libertad condicional gracias a la amnistía otorgada en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc.
Tras el regreso a su tierra natal, la vereda Campoalegre, de esta localidad del Catatumbo, Dimar se dedicó de lleno al campo; cultivaba yuca, plátano y cacao, y terminó convirtiéndose en el motor económico de su hogar.
Mi hermano fue un buen hijo, un buen tío y un buen amigo. La muerte de él nos tiene con mucha tristeza, porque él nunca recibió amenazas, ni tampoco tenía conflictos con nadie.
Él era reconocido como un dirigente comunal de este caserío, principalmente, por ser un ejemplo de reincorporación y por incentivar a otros compañeros a encarrilarse en la senda de cambiar las armas por palas y azadones.
“Mi hermano fue un buen hijo, un buen tío y un buen amigo. La muerte de él nos tiene con mucha tristeza, porque él nunca recibió amenazas, ni tampoco tenía conflictos con nadie. Era una persona tranquila, quien se dedicó a prosperar en su tierra; que se preocupaba por el bienestar de mis padres y su mujer”, relató Yaneth Torres, hermana de este exguerrillero.
Desde un principio, esta mujer no creyó las versiones que se tejieron en torno a este crimen sobre un presunto forcejeo con un militar, porque este desmovilizado presentaba una condición de discapacidad en sus pies, que limitaba sus movimientos.
Además de esta condición, ella considera imposible que Dimar se haya enfrentado con un efectivo, quien conformaba un retén militar, conformado por no menos de 10 uniformados, adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban requisas y requerían documentos sobre el camino destapado hacia la vereda Campo Alegre.
“Lo que se intentó hacer en un primer momento fue ocultar la muerte de mi hermano, pero la comunidad lo impidió (…) Nosotros estamos prestos a acudir a todas las instancias posibles para que este asesinato no quede en la impunidad”, relató.
El jueves de la semana pasada se realizó el entierro de los restos de Dimar, en el cementerio Las Pitas, muy cerca de la vereda Miraflores, donde él fue acribillado por el cabo Daniel Eduardo Gómez. Yaneth aseguró que en este camposanto no solo quedó sepultado el cuerpo de su hermano, sino también los sueños de progreso de toda su familia.
Los padres de Dimar Torres, dos adultos mayores, dependían económicamente del ingreso que recaudaba el exmiliciano en sus cultivos de yuca, plátano y cacao.
Cortesía de Yaneth Torres
Diego Martínez, asesor jurídico del equipo negociador de las Farc en los diálogos de La Habana, Cuba, asumió la defensa jurídica de la víctima y aseguró que hasta el momento no ha sido convocado a participar de la audiencia de imputación de cargos contra el militar, responsable de esta acción violenta.
El jurista aseguró que la unidad especial de la Fiscalía, creada en los Acuerdos de Paz, solicitó esta diligencia judicial contra el uniformado, por el delito de homicidio.
“Esperamos en un primer momento es que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pida perdón por sus afirmaciones (…) Sin embargo, hay que resaltar la actitud del general Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, que de manera pública y desarmada, fue y asumió responsabilidad ante más de dos mil campesinos. Eso no lo hace nadie”, indicó el apoderado.
Así fue como el general del Ejército Luis Villegas pidió perdón a la comunidad de Convención por la muerte de Dímar Torres, excombatiente de las Farc.
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 28 de abril de 2019
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Entretanto, Martínez precisó que se busca la identificación de otros militares, quienes habrían participado del crimen, como si se tratara de “una empresa criminal”.
CÚCUTA
