Un informe emitido por la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) corroboró este viernes el desplazamiento forzado de 96 familias de Norte de Santander por la aparición de un grupo ‘posdesmovilizado’ a esta región del país.
En el documento, el organismo internacional reveló que una parte de estos grupos de personas, procedentes de los municipios de Tibú y Teorama (Norte de Santander), se trasladaron a la vereda Cooperativa, del municipio de Convención, y el resto cruzó la frontera con Venezuela para encontrar refugio en el vecino país.
Según la entidad, “el 15 de febrero se recibió información sobre un nuevo desplazamiento masivo de 50 familias del municipio de Tibú. A la fecha de elaboración de este informe, se evidencia que persiste temor generalizado en la población, y se estima riesgo de que se presenten nuevos desplazamientos masivos en la zona”.
El documento también citó denuncias de las autoridades tradicionales del Pueblo Indígena Barí sobre la llegada de estructuras armadas a las comunidades Sahpada y Brubuncania, en la que se reportó movimiento forzado de comunidades y que habría llegado a las comunidades Ocababuda y Suerera.
Asimismo, la OCHA anunció un censo poblacional que el Ministerio Público, junto con las alcaldías de Tibú, Teorama y Convención, adelantará en estas comunidades desplazadas para activar la ruta de atención a víctimas.
De acuerdo con este estudio, 43 familias que huyeron en busca de refugio residían en las veredas Bella Vista y Caño Tomas, del municipio de Teorama; las otras 53 procedían de La Gabarra municipio de Tibú.
Si bien el alcalde de Teorama, Jesús Leid Montagut, confirmó la situación de desplazamiento que vivieron las comunidades de su municipio, el funcionario mantuvo su posición de que ‘un mar de dudas’ rodea las causas de la huida de este grupo de campesinos.
“Para confirmar la veracidad de la información tiene que tener algunas evidencias y algunos hechos veraces de la situación que se ha venido presentando. Para la Alcaldía es una situación de incertidumbre, un mar de dudas que tenemos. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Aquí se busca es minimizar los riesgos y que la población civil tenga las garantías necesarias. Las alertas no se van a bajar y se mantendrá encendidas”, señaló.
Las versiones ofrecidas por las comunidades campesinas y organizaciones sociales sobre el detonante de esta huida apuntan a que un presunto grupo de hombres armados atemorizaron a un grupo de familias del corregimiento La Gabarra, horas después de que una facción del frente 33 de las Farc recogiera su campamento en el área de preconcentración para dirigirse hacia el punto de desarme, en Caño Indio, municipio de Tibú.
“En búsqueda de la verdad fuimos a comprobar los comentarios que habían surgido por la aparición de ‘paras’ y encontramos que nadie sostiene dicha versión de los hechos. De hecho, cuando llamaron a testificar, de las cuatro personas que habían visto a estas personas, sólo uno se presentó”, aseguró Oner Galván, presidente de Asojuntas de La Gabarra.
Esta información, que ha sido desvirtuada en reiteradas ocasiones por integrantes del Ministerio Público y el Ejército, se propagó entre esa población nortesantandereana, reviviendo la sombra del paramilitarismo que, a finales del siglo pasado, asesinó y desplazó a centenares de personas.
La situación se tornó tan tensionando debido a un paro liderado por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) impidiendo el avance de la caravana del grupo guerrillero, que la ONU desplazó una delegación especial a la zona, cuyas denuncias responden, según dice, a una petición generalizada entre comunidades de otras regiones duramente golpeadas por la violencia, que piden más seguridad y presencia del Estado.
CÚCUTA
