Mientas en el país hay 3,2 millones de personas que están subalimentas, se desperdician cada año 1,5 millones de toneladas de comida. La paradoja llevó a Colombia a comenzar el debate de cómo controlar el desperdicio de alimentos.
Uno de los pasos se encuentra en el Congreso de la República, donde avanza un proyecto de ley que para el senador Honorio Henríquez, ponente del tema, es una política de “carácter urgente”.
El proyecto de ley hace énfasis en la donación de alimentos, proceso en el cual las personas naturales y empresas, sean nacionales o extranjeras, deberán donar todo alimento que haya dejado de tener posibilidad de comercialización y se pueda aprovechar para consumo humano sin costo alguno a los Bancos de Alimentos, un requerimiento que de no acogerse podría tener sanciones. Actualmente, no existe ninguna norma que obligue a las empresas a donar sus alimentos próximos a vencer y las que lo hacen es por iniciativa propia.
“La gestión adecuada de estos alimentos, a través de una política como la que se propone, reduciría esta cifra y contribuiría a disminuir los índices de desnutrición y malnutrición que se presentan en el territorio nacional”, explica Henríquez, del Centro Democrático.
La iniciativa tendría su segundo debate la próxima semana y Henríquez espera que sea apoyada de manera unánime por los congresistas.
El proyecto indica que anualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) deberá calcular las pérdidas o desperdicios de alimentos en Colombia. Y, además, habrá un organismo que se denominará la Mesa de reducción, el cual estará alineado al sistema de seguridad alimentaria vigente en el país.
Las cifras son preocupantes. El último estudio sobre el desperdicio de alimentos, publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2016, indica que en el país se pierden y se desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, el 34 por ciento de la oferta disponible para el consumo humano con lo que se podría alimentar a 8 millones de personas. Estas pérdidas se registran desde la producción hasta el consumo.
Pese a que gran parte del desperdicio se genera entre la poscosecha y el procesamiento, existe un porcentaje importante que es responsabilidad de los consumidores, pues, según el estudio del DNP, los colombianos botan a la basura 1,5 millones de toneladas de comida al año, que dejan en sus platos o se pierden en las alacenas de sus hogares. Esto podría ayudar a mejorar la condición de los 3,2 millones de personas del país que están subalimentadas, cifra revelada en septiembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con la comida que desperdician los colombianos en el consumo se podrían ofrecer soluciones de alimentos con más de 8 millones de bolsas de leche, cerca de 3 millones de latas de atún y el 90 por ciento del consumo anual de fríjol en todo el país, dicen las estimaciones del DNP.
Para Lucas Gómez, director de evaluación de políticas públicas del DNP, los desperdicios de alimentos están ligados a prácticas de consumo como lo son comprar más de lo que se necesita, no organizar de forma adecuada lo que debe estar en la nevera, cocinar en exceso, situaciones que derivan en que se termine botando la comida.
“Cuando hablamos del desperdicio debe haber un gran trabajo de educación al consumidor, por ejemplo, la crisis de Venezuela hace que la gente piense antes de botar comida y que haya personas de ese país que aguanten hambre en las calles”, señala Gómez.
Michela Espinosa, especialista senior del área de alimentación y lucha contra la malnutrición de la FAO en Colombia, explicó que estos proyectos de ley y normativas deben apuntar a definir un marco de actuación y responsabilidades para fortalecer la inversión pública y privada en ámbitos como el desarrollo de investigación y tecnologías para el aprovechamiento de alimentos; la facilitación de la recuperación y donación de alimentos; y la promoción de hábitos de consumo responsable.
La experta de la FAO manifiesta que es imperante que se promueva el consumo responsable y esas políticas públicas son fundamentales para mejorar la gobernanza de los países hacia la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.
Para Óscar Alfonso, director del Observatorio Hambre Cero, de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, el desperdicio de alimentos es una preocupación mundial, teniendo en cuenta que esto influye en el crecimiento de la malnutrición y la consecuente pérdida de vidas por inanición o caloría barata.
Alfonso indica que hay tres instancias donde el desperdicio de comida es palpable. Uno es en los restaurantes, establecimientos que insisten en porciones extremadamente grandes, en una práctica de “satisfacer al cliente por el ojo”. A esto se suman los hogares de ingresos medios y altos en los que es usual tener la despensa llena, lo que ocasiona que muchos alimentos pierdan propiedades y se terminen botando.
El experto también pone la lupa en el mal diseño de las dietas de los niños en los Programas de Alimentación Escolar (PAE). “Las Secretarías de Educación buscan satisfacer la demanda calórica de los niños, pero lo hacen con dietas estándar, una proteína a veces mal trabajada y cuando esta no es del gusto del niño, la termina desechando”, explica el docente.
Las cifras de la FAO añaden que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año.
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La reducción de la pérdida y desperdicio de alimento es una de las preocupaciones mundiales, por lo que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y muchos países han comenzado el camino para evitar que siga sucediendo.
La entidad de las Naciones Unidas señala que en los países en desarrollo, un 40 por ciento de las pérdidas ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento.
Argentina, Brasil y Chile, en América Latina, son los países que han desarrollado legislación importante frente al tema.
La FAO explica que en el caso de Argentina se cuenta con el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, así como el Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de Valor. Entre lo que se destaca en las leyes adoptadas por esta nación está obligatoriedad para las empresas, cadenas productoras y comercializadoras de alimentos, de donar aquellos productos cuya fecha de vencimiento sea inminente y se creó un régimen especial para la donación.
Por su parte, en Chile, señala la FAO, se han creado métodos de medición, facilitación y recuperación de alimentos a través de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y los Programas de Hambre Cero.
Las leyes adoptadas en Brasil se encaminan, por ejemplo, en permitir la reutilización de alimentos preparados, un elemento que se plantea en la Estrategia para la reducción de pérdidas y desperdicios, que también tiene entre sus avances la concesión del Sello Establecimiento Sostenible, el cual busca certificar los lugares que adopten medidas para evitar el desperdicio de comida.
Desde el 2017, el Parlamento europeo aprobó la ley de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, con lo que se pretende que los 28 Estados miembros adopten medidas necesarias para combatirlo.
De acuerdo con lo estipulado, la misión de los países que integran la Unión Europea (UE) deberán reducir el desperdicio de alimentos un 30 por ciento en 2025, y un 50 por ciento en 2030.
Son 88 millones de toneladas de alimentos en la UE los que terminan desechados, por lo que la ley plantea la eliminación de restricciones para las donaciones y acabar con la confusión entre las etiquetas de “consumo preferente” y “fecha de caducidad”.
Por esta determinación, las autoridades nacionales y los operadores del sector alimentario deben crear estrategias para que los consumidores entienden la diferencia entre las fechas de caducidad y de consumo preferente. El objetivo es que se puedan consumir alimentos una vez rebasada la fecha de consumo preferente.
CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ
Redactor de NACIÓN
