La Superintendencia de Sociedades desestimó las pretensiones de la demanda interpuesta por Metroagua contra el Distrito y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, porque consideraba que estaban violando sus deberes como miembros de la Junta Directiva de la compañía al presentar en septiembre de 2015 una acción popular encaminada a la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, suscrito desde hace 27 años entre ambas partes.
Metroagua pretendía que se declarara solidariamente responsable al Distrito y al exalcalde Caicedo por los daños y perjuicios que podrían ser ocasionados a la compañía por cuenta de la acción popular y que los condenaran al pago de una indemnización integral por dichos daños.
El 30 de diciembre de 2015, la asamblea general de accionistas de Metroagua aprobó iniciar una acción social de responsabilidad en contra del Distrito por la presunta infracción de los deberes que le correspondían a la luz de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
No obstante, la Superintendencia de Sociedades consideró que el Distrito no incurrió en una infracción a sus deberes al demandar a Metroagua, de la cual hace parte como miembro de la junta directiva, ni se valió de su posición para acceder a información de carácter reservado para presentar la acción popular.
En la sentencia, la Supersociedades levantó la medida cautelar decretada en este proceso. Además, fijó el pago de dos salarios mínimos legales vigentes a favor de los demandados.
Esta es la segunda decisión en contra de Metroagua en las últimas dos semanas. En el marco de la acción popular instaurada por Caicedo, el pasado 16 de febrero, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta decretó medidas cautelares urgentes en contra de Metroagua y le ordenó la entrega de toda la infraestructura, bienes e inmuebles de los sistemas de acueducto y alcantarillado a la fecha de la terminación del contrato, que es el próximo 17 de abril.
