El lío por el desalojo de 250 familias de un predio en Villavicencio

El lío por el desalojo de 250 familias de un predio en Villavicencio

Las familias reclaman porque no las reubicaron y perderán sus cultivos. Murió una persona.

Desalojo en predio Sebastopol en Villavicencio

Aspecto del desalojo del predio Sebastopol, de 197 hectáreas, en Villavicencio

Foto:

Cortesía Héctor Torres

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
29 de abril 2019 , 04:55 p.m.

La devolución del predio Sebastopol de 197 hectáreas en Villavicencio, veintidós años después de que se iniciara el proceso de extinción de dominio en el que finalmente la justicia colombiana no comprobó que se hubiera adquirido con recursos del narcotráfico sigue generando líos.

La Sociedad de Activos Especiales (SAS), con una orden judicial, inició el fin de semana pasado el operativo de desalojo de las 250 familias que viven en el predio, propiedad de la Sociedad Agropecuaria Rodríguez Castaño Ltda., ubicado en la vereda Caños Negros.

En la mitad de la diligencia un grupo de personas estableció una especie de cordón humano para impedir que continuara el operativo y llamar la atención de las entidades del Estado y defensoras de derechos humanos.

Esa circunstancia derivó en el lanzamiento de unos gases lacrimógenos que afectaron a las familias, especialmente a dos niños y un proyectil de arma de fuego que habría sido disparado por un policía y que le ocasionó la muerte de Francisco Díaz Martínez, según la denuncia de Héctor Torres, defensor de derechos humanos.

El homicidio del ciudadano es investigado por la Fiscalía y el CTI que practicaron las diligencias de levantamiento del cadáver.

Antecedentes

Pocos meses después de que se inició el proceso de extinción de dominio del predio, en 1997, la Dirección Nacional de Estupefacientes lo entregó provisionalmente al Incoder que, a su vez, se lo arrendó a 18 familias en el año 2006 para que desarrollaran programas de desarrollo rural.

Así lo hicieron con un proyecto de doble propósito para producir leche y terneros, también tenían gallinas, marranos y cultivos de maracuyá, yuca, plátano, piña, árboles frutales y maderables.

Incluso recibieron ayudas de la Fundación Amanecer, Ecopetrol y Corpoica que les dieron cercas eléctricas, panales, alambres, postes y capacitación sobre huerta casera, buenas prácticas, ganadería y sistema silvopastoril.

Hasta que en el año 2015, sorpresivamente se enteraron que debían devolver el predio, cuando la Fiscalía 28 delegada ordenó la devolución del bien al propietario cuando la justicia colombiano no logró probar que el predio había sido adquirido con recursos ilegales.

Desde el 2016, la SAS inició acciones para la recuperación del bien, a través de sus funciones de policía administrativa, mediante la Resolución 183 del 2016, circunstancia a la que se empezaron a oponerse los ocupantes del mismo.

La SAS señala que los ocupantes del predio interpusieron 35 acciones de tutelas y nueve amparos policivos, lo que llevó a suspender diez diligencias de desalojo programadas durante los últimos años. No obstante, agrega, todas las tutelas fueron respondidas a favor de la SAS para la ejecución del operativo de recuperación del predio.

Finalmente, el 23 de abril pasado, la SAS inició el operativo de recuperación de ocupación irregular del predio en donde se encontraban 250 familias asentadas de manera irregular, según la SAS.

No obstante, el defensor de derechos humanos Héctor Torres sostiene que el operativo es ilegal y que a estas familias deberían darles un tratamiento especial por tratarse de víctimas del conflicto armado, indígenas, afro y población vulnerable, trasladándolas a otro lugar y sin que perdieran sus cultivos y los dejaran en el limbo.

Mientras que la SAS sostiene que se han cumplido todos los trámites legales y las familias sabían del operativo porque se les pidió que se retiraran voluntariamente cuando se hizo la vista técnica para hacer la caracterización los días 6, 7 y 8 de marzo pasado, luego se notificó a los ocupantes irregulares sobre el procedimiento, a través de una comunicación oficial, cinco días antes de la diligencia.

NELSON ARDILA ARIAS
Corresponsal de EL TIEMPO
Villavicencio
Twitter: @nelard1

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