Cuando el Congreso colombiano modificó el decreto 613 del 2007, que reglamenta las actividades relacionadas con la producción, venta y manufactura de la marihuana con fines medicinales y científicos, lanzó un claro mensaje a los inversionistas del sector.
Atrás quedaba la prohibición del ingreso de flor de cannabis a las zonas francas del país, permitiendo que los empresarios accedan a los beneficios del régimen franco si deciden instalarse en esos puntos. Con este paso, los legisladores buscan apoyar la industria nacional en su intención de convertirse en un proveedor mundial de cannabis medicinal, aunque a la fecha no hay ninguna compañía nacional que haya iniciado producción comercial con ese destino.
Colombia debe moverse rápido si quiere convertirse en un jugador global en esa industria, donde la legalización mundial gana tracción. Hasta ahora, 46 países han legalizado el cannabis para uso medicinal, y Canadá se convierte en el segundo país, después de Uruguay, y la primera nación del G20 que permite su uso recreacional.
La atención de los gobiernos que han iniciado acciones para regular el cultivo y consumo de la planta no solo está basada en los beneficios terapéuticos, sino en su franco interés por el impacto económico, en especial el del los ingresos por impuestos, que la industria puede generar. Las cifras son impactantes: en 2018 los norteamericanos gastaron 11 billones de dólares en marihuana, convirtiendo a Estados Unidos en el mercado de cannabis más grande del mundo.
La publicación MJBizDaily establece que el impacto total de la venta de marihuana en los Estados Unidos subirá en un 220 por ciento, pasando de 20 billones de dólares en el 2017 a 77 billones en el 2022.
De acuerdo con la misma publicación, cada dólar gastado en un dispensario genera otros 2,50 dólares en beneficios económicos para la comunidad. La gran paradoja es que, debido a su carácter ilegal a nivel federal, y a pesar de que 34 estados ya han legalizado el uso medicinal, este gran potencial económico es inasequible para compañías de otros países. Por estar clasificada como una droga sin beneficios médicos y gran poder adictivo en la Agenda 1 de Sustancias Controladas del gobierno federal, el cannabis no puede ser ni importado ni exportado.
Mientras en Estados Unidos el mercado de cannabis crece exponencialmente, bajo lo que asemejaría a una sombrilla proteccionista, Canadá –donde la venta legal de marihuana generó en 2018 cerca de 1,1 billones de dólares– ha decidido explorar nuevas rutas de intercambio global. Su primer objetivo ha sido el mercado europeo, cuyo potencial de superar las tasas de crecimiento norteamericanas emerge lentamente. Prohibition Partners estima que para 2023 el mercado de cannabis europeo alcanzará los 55 billones de euros.
En el 2018, los mayores productores canadienses exportaron a Europa 1.465 kilos de flor de cannabis seca, de los cuales 1.345 fueron enviados a Alemania, que ya se perfila como el mayor mercado de ese continente. Ese mismo año, ese país importó 3.100 kilos, de los cuales el 60 por ciento provinieron de los Países Bajos.
Sin embargo, los frecuentes lapsos de escasez de este suministro se han vuelto un gran problema, originado en la falta de cannabis producido en cumplimiento con las Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing Practices, GMP), que los países de la Unión Europea exigen para los permisos de importación.
Con sus estrictas normas de comercio exterior, los países de la UE solo siguen los lineamientos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que fija el marco regulatorio del comercio internacional. Estas normas establecen que en la Unión Europea solo los mayoristas farmacéuticos certificados pueden acceder a las aplicaciones de cuotas de importación de cannabis. Por eso, los licenciatarios canadienses se han dedicado a firmar acuerdos de distribución exclusiva, o a establecer su propia subsidiaria local.
Más y más países cambian sus legislaciones para permitir la actividad comercial del cannabis. El año pasado, Malta licenció a varios productores, y en 2016 Dinamarca inició un programa de prueba de 4 años licenciando 25 compañías con la meta de exportar, por primera vez, en otoño de este año.
Se espera que las exportaciones de Israel hacia la Unión Europea comiencen también en esa época, y los Países Bajos anunciaron que van a licenciar un segundo productor en agosto. Alemania acaba de finalizar el proceso de licitación para asignar una cuota de producción de 10.400 kilos. Con el fin de mejorar su golpeada economía, Grecia acaba de licenciar seis compañías, las primeras de un total de 56 licencias.
No son solo los países del primer mundo los que se apresuran por ocupar un lugar competitivo en el prometedor comercio mundial de cannabis. Lesoto, un pequeño reino surafricano, legalizó el cannabis medicinal en 2017 y ya comenzó a abrir rutas de comercio. La siguen en su intención otras naciones africanas como Sudáfrica, Zimbabue o Uganda.
En Suramérica, Uruguay lidera el movimiento de legalización y ya prepara su primera exportación a Alemania. Desde noviembre del 2017, el Gobierno chileno ha emitido varias licencias de producción. Argentina licenció el “cultivo de cannabis más grande del mundo”, en febrero del 2019, y en el mismo mes, Jamaica y Paraguay comenzaron a legalizar actividades comerciales.
En el 2017, la administración de Juan Manuel Santos estableció un marco regulatorio para las actividades comerciales de la industria del cannabis, y desde entonces, más de 300 compañías han obtenido licencias y millones de dólares se han invertido en instalaciones de producción. Considerando la velocidad de la legalización y comercialización mundial de cannabis, las compañías nacionales podrían perder las ventajas que otorga Colombia con su clima perfecto, generaciones de cultivadores expertos y bajos costos de producción.
Pareciera que los productores colombianos aún luchan por definir estrategias de acceso a mercados para sus productos. Domésticamente sigue existiendo estigma contra la marihuana y no hay una campaña de comunicación efectiva en torno a sus beneficios terapéuticos. Adicionalmente, la industria aguarda impaciente que el Gobierno decida el contenido de las fórmulas magistrales, o fórmulas de aceites con porcentajes precisos de THC y CBD para tratar condiciones específicas.
La actual regulación no permite la comercialización abierta de productos con cannabis psicoactivo y, en consecuencia, la industria de comercio local medicinal no existe, excepto en lo que concierne a la venta abierta del no psicoactivo CBD.
Para ingresar a los mercados externos, como Canadá o la UE, los productores carecen de las certificaciones necesarias. Hasta ahora, no hay una instalación colombiana certificada en Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) de la UE o en las Buenas Prácticas de Producción (GPP) canadienses.
Para poder exportar productos psicoactivos de cannabis, la estrategia canadiense de establecer distribuidores subsidiarios dentro de sus mercados objetivos podría servir de ejemplo. Siguiendo ese camino, los productores colombianos tendrían que integrar verticalmente canales de distribución exclusivos en sus organizaciones y ganar control de una etapa posterior de la cadena de suministro.
La certificación de productores en Buenas Prácticas de Manufactura de la UE y el proceso de certificación de Buenas Prácticas de Distribución son similares en duración. Ambos toman entre 9 y 14 meses y pueden ser realizados simultáneamente.
Hasta el momento, solo Clever Leaves ha podido enviar sus productos al exterior. Bajo la orientación de Northern Swan, propietaria del 72 por ciento de Clever Leaves, la compañía firmó un acuerdo de adquisición de productos con Cannmart, un distribuidor canadiense licenciado.
Adicionalmente, Northern Swan invirtió 8 millones de dólares en Cansativa, un mayorista farmacéutico alemán, asegurando un canal de distribución exclusivo para los productos de Clever Leaves en la UE. Si la empresa cumple con el anuncio de que a finales del 2019 sus instalaciones de extracción estarán certificadas internacionalmente, sería la primera compañía local en exportar.
300 compañías con licencias desde 2017, la industria local realiza inversiones para producir cannabis
En contraste, la compañía Khiron busca cimentar su estrategia de fusión y compra en múltiples países latinoamericanos, adquiriendo productores locales licenciados como Dayacann en Chile o NettaGrowth International en Uruguay. Su marca de cosméticos imbuidos con CBD, Kuida, ilustra el interés en ingresar en este sector del mercado cosmetológico, donde las regulaciones son menos estrictas que las farmacéuticas.
Blueberries también se ha enfocado en los productos cosméticos de CBD. La compañía ya anunció la aprobación por el Invima de cinco tópicos de CBD, así como el cierre de negociaciones con Canurius, que vendería y distribuiría sus productos en Alemania.
Pero la estrategia más espectacular de entrada a los mercados foráneos la ha ejecutado Pharmacielo. Esta empresa acaba de nombrar asesor especial al excongresista norteamericano Dana Rohrabacher, el padrino de la famosa enmienda Rohrabacher-Farr, que permitió la no persecución federal de la industria de cannabis.
Hace pocas semanas, Pharmacielo adquirió por 112 millones de dólares a Cresco Pharma, una compañía australiana activa en 13 países. Esta compra le abriría canales de distribución a Pharmacielo y, a la vez, aumentaría el margen de ganancias de Cresco Pharma, al reemplazar sus compras mayoristas de CBD con la producción de Pharmacielo.
En este momento, el mercado global de cannabis parece ofrecer infinitas posibilidades con la increíble tasa de crecimiento del volumen de ventas. Pero la carrera por asegurar cuotas del mercado y entre compañías ya ha comenzado. Hoy en día sopla una fría brisa de urgencia por toda la industria colombiana, la cual busca estabilizar sus regulaciones y certificaciones, para así estar a la talla de la competencia mundial.
PILAR ANGEL y JEROME CHUNG
PARA EL TIEMPO
