Un grupo de 45 abogados, entre colombianos y venezolanos, radicaron este martes en el Palacio de Justicia de Cúcuta (Norte de Santander) una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien señalan de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad en la expulsión masiva colombianos residentes en el estado fronterizo de Táchira, que ocurrió en agosto de 2015 y que devino en una crisis humanitaria en la línea divisoria.
El recurso jurídico de 400 páginas, que fue recibido por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, atestigua un supuesto ataque generalizado o sistemático contra esta población, que padeció desplazamientos forzados y la vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Gobierno de Venezuela, que ordenó en ese entonces un despliegue militar en el que se deportaron 1.532 colombianos, se destruyeron sus viviendas y despojaron sus pertenencias.
Tras la deportación de estos ciudadanos, se instaló un ambiente de miedo por los señalamientos de asocio con actividades paramilitares que las autoridades del vecino país lanzaron en contra de la población colombiana residente en ese territorio, situación que generó el éxodo 18.377 connacionales, según la ONU.
Según los promotores de la iniciativa, el documento fue interpuesto en territorio nacional con el propósito de que las autoridades colombianas estudien este episodio en el marco del Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y juzguen al mandatario del vecino país como presunto responsable de crímenes de lesa humanidad contra colombianos víctimas de ese masivo proceso de deportación, que devino en un crisis fronteriza que aún sigue vigente.

Rafael Villamizar Ríos, uno de los abogados autores de la demanda.
Cortesía de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, capítulo de Norte de Santander
“Ese desplazamiento forzado, la deportación masiva, la destrucción de sus bienes y de sus familias nos obligó a trabajar los abogados de ambas naciones para confeccionar una denuncia de delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro, no como presidente de Estado, sino como alguien que pierde su investidura por incurrir en estas prácticas y que puede ser capturado en cualquier país del mundo”, explicó Rafael Villamizar Ríos, presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia en Norte de Santander.
No queremos que juzguen a Maduro como presidente, sino como alguien que perdió la investidura por cometer delitos de lesa humanidad y que puede ser capturado en cualquier parte del mundo
En el momento de entablar la demanda, los litigantes colombianos esperaban a sus colegas del vecino país para realizar la diligencia. Sin embargo, se conoció que la Guardia venezolana no permitió el ingreso de estos profesionales a Colombia, por el puente internacional Simón Bolívar, que une a la población de San Antonio con el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.
“Con ayuda de diputados de la oposición de Venezuela, queremos que la justicia colombiana acuse al autor de este desplazamiento masivo que sometió a miles de colombianos y que sea capturado, para remediar el sufrimiento de estas víctimas que no han podido rehacer sus vidas”, puntualizó el abogado.
CÚCUTA
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